Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, explicó que no es claro el estatus jurídico y el alcance de las consultas populares que se han hecho en varios municipios, entre ellos Pijao y Arbeláez.
"Puede que se tenga la decisión en las urnas pero no entra a tener una aplicación automática hasta tanto el POT no sea reformado", explicó.
Según Vélez, la explotación de hidrocarburos y la minería es la mayor fuente de ingresos de la nación y sin estos recursos habría que hacer recortes importantes en salud, educación, infraestructura, seguridad y otros sectores.
"Se deben respetar las decisiones de las personas que viven en cada una de las regiones pero el interés nacional también debe ser considerado y debería, entre otras cosas, primar sobre los intereses puramente locales", dijo.
También explicó que deberían hacerse procesos de concertación donde se analice el impacto de dichas decisiones en los municipios y en la nación.
"La plata no crece en los árboles, debe salir de algún lado", concluyó.
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