Leonardo Cortés Novoa, juez exiliado por denunciar la masacre de Mapiripán, habló con el diarioEl Espectador sobre lo que ha sido su vida después de los hechos ocurridos entre el 15 y el 21 de julio de 1997.
A través de un fax enviado el 16 de julio de 1997 al presidente del Tribunal Superior de Villavicencio, Fausto Rubén Díaz, a la Procuraduría y a la Cruz Roja, Cortés demandaba la incursión de 150 paramilitares al municipio de Mapiripán, Meta, quienes en lista en mano, agredieron, asesinaron y masacraron a cientos de personas, entre las que se encontraban mujeres y niños. A partir de ese instante, dice, “empezaron estas dos décadas de pesadilla”.
A su despacho comenzaron a llegar amenazas de toda índole. Un mes después con ayuda de la ONU, y el fondo de solidaridad de con jueces colombianos (fasol) se exilió.
En la entrevista, Cortés reprochó que el general (r) Jaime Uscátegui y el coronel Hernán Orozco, ahora deseen acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“No puede ser que viva aquí de lo que el gobierno de este país me ayuda, mientras que Orozco se encuentre muy campante en Miami y Uscátegui recuperó la libertad con el cuento de que va a decir la verdad en la Jurisdicción Especial para la Paz. Veinte años en el exilio no se los deseo a nadie. Adaptarse a un nuevo idioma y costumbres a la fuerza es difícil. Quisieron tratarme de loco, pero se ha demostrado que todo lo que denuncié hace dos décadas era verdad”, apuntó.
Cortés, quien antes de sucedida la masacre se estaba preparando para ser juez en la ciudad de Bogotá, recordó cómo, en ese entonces, el presidente del Tribunal Superior de Villavicencio, Fausto Rubén Díaz, lo cuestionó por haber hecho las denuncias. “Me dijo: Doctor, ¿usted no sabe en qué país vivimos?, ¿cómo se va a poner a denunciar a esa gente?”.
abe destacar que hace unas semanas el magistrado Díaz junto a otros dos del meta fueron señalados de haberse beneficiado con más de 3.000 millones de pesos, mujeres y lictor por ayudar a los paramilitares.
Le puede intresar: General Del Río tendrá que decir quién ordenó la masacre: víctima de Mapiripán.
El juez, atraviesa por un proceso judicial en que está tratando de recuperar un predio del que, según él “lo despojaron”, después de que tuvo que salir del país. Ahora, el lugar en cuestión, estaría a nombre de un sargento primero (r) de la policía, quien argumenta haber adquirido el predio por parte de dos personas en el año 2009.
A dos décadas de la cruenta masacre, el deseo de Cortés es volver a Colombia, pero argumenta que el Gobierno no le ofrece suficientes garantías y que, todavía, siente que sigue siendo incómodo para algunos miembros de la Fuerza pública.
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