En medio de operaciones militares en el departamento del Meta, tropas del Ejército lograron el sometimiento a la justicia de cinco integrantes de las disidencias de las Farc y la recuperación de seis menores de edad que hacían parte de estructuras armadas ilegales que operan en esta región del país.El procedimiento se llevó a cabo en Puerto Alvira, zona rural del municipio de Mapiripán, durante el desarrollo de operaciones militares y labores de inteligencia adelantadas por unidades del Batallón de Infantería Aerotransportado No. 21 y personal especializado de inteligencia militar.Los cinco hombres que decidieron someterse a la justicia pertenecían a estructuras vinculadas al Bloque Amazonas “Manuel Marulanda Vélez”, asociado a la facción de alias ‘Iván Mordisco’, y al Bloque Jorge Suárez Briceño, identificado con la facción de alias ‘Calarcá’.Según el reporte entregado por las autoridades, tres de los sometidos integraban las estructuras Martín Villa y E-44 del Bloque Amazonas, mientras que otros dos pertenecían a la estructura Isaías Carvajal del Bloque Jorge Suárez Briceño.En la misma operación, las tropas lograron recuperar a seis menores de edad que eran utilizados por estos grupos armados ilegales. Cuatro de los menores habrían estado en poder del Bloque Amazonas y otros dos en la estructura Isaías Carvajal, perteneciente a la facción rival.Las autoridades señalaron que, tras la recuperación de los niños y adolescentes, se activaron de inmediato las rutas de restablecimiento de derechos y los protocolos de atención para garantizar su protección integral y verificar sus condiciones de salud física y psicológica.
Durante una audiencia en la JEP, en el caso que investiga el reclutamiento de menores, alias ‘Martín Sombra’, conocido como el "carcelero de las Farc", aseguró que la masacre de Mapiripán, en el Meta, supuestamente era responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc. En esta masacre fueron asesinadas 49 personas, ocurrió en 1997 y por estos hechos la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano, precisamente por colaboraciones entre agentes del Estado y el paramilitarismo.Pero además, en la justicia ordinaria, otros militares y paramilitares han sido investigados y otros condenados por estos hechos.Sin embargo, 'Martín Sombra' aseguró que el hecho es responsabilidad de la guerrilla y que el general en retiro Rito Alejandro Del Río, señalado por su presunta participación, no tenía responsabilidad.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF“Lo están acusando de que él fue el de la masacre en Mapiripán y Rito del Rio no fue; fue una tropa mía que se llamó ‘Marco Aurelio Buendía’, entonces nosotros nos acostumbramos a hacer las embarradas y achacárselas a los otros”, señaló 'Sombra'.Desde el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y otras organizaciones que representan víctimas ante la JEP y en otras instancias, se pronunciaron al respecto y le pidieron a la JEP evaluar la posibilidad de sancionar a ‘Martín Sombra’ por estas declaraciones."Hacemos un llamado a la JEP para que active el incidente de verificación de incumplimiento del régimen de condicionalidad al compareciente Elí Mendoza, dado que la falsedad de sus declaraciones configura un grave incumplimiento de las condiciones de sometimiento a la jurisdicción transicional. Asimismo, este acto constituye una revictimización y pone en riesgo a víctimas y familiares que durante más 26 años han luchado por el reconocimiento de sus derechos a la verdad, la justicia, reparación integral y garantías de no repetición", se lee en el documento.En el mismo sentido señalan que a lo largo de los años han sido condenados 24 integrantes de grupos paramilitares y seis agentes estatales por estos hechos. Por su parte, el magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, señaló en Mañanas Blu que si ‘Martín Sombra’ está mintiendo perderá los beneficios que otorga la justicia transicional.Puede ver:
En diálogo con Mañanas Blu, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Roberto Carlos Vidal, habló sobre las investigaciones a las Farc y las últimas declaraciones de alias ‘Martín Sombra’, en las que confesó que la masacre de Mapiripán fue a manos de su tropa.La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, llamó al excomandante de la extinta guerrilla de las Farc 'Pablo Catatumbo' y otros 14 exjefes guerrilleros a reconocer su responsabilidad por crímenes cometidos en los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, Nariño, durante el conflicto armado.Según datos recopilados por la Sala de Reconocimiento, estos delitos afectaron especialmente a los pueblos indígenas, el pueblo negro afrocolombiano y las comunidades campesinas.Sobre las declaraciones de ‘Martín Sombra’, aseguró que “nosotros investigamos a las dos partes que vienen a ser juzgadas aquí. Hay una diferencia muy grande entre la verdad que se consigue en la investigación periodística y la judicial. El nivel de contraste es altísimo”.Y agregó que el siguiente paso en la JEP frente a esta afirmación, dijo, “lo que sigue en el proceso es que el tiene que terminar sus contribuciones a la verdad, se hace el contraste y terminará en una acusación”.En ese sentido, explicó que en caso de que, el exguerrillero esté mintiendo, “habría medidas posibles dentro del propio caso y es que pierda beneficios. Lo cual de por sí ya es un delito”.Hay que recordar que los 15 exguerrilleros fueron hallados culpables de "crímenes que ocasionaron daños graves, diferenciados y desproporcionados a los pueblos indígenas, al pueblo afrocolombiano, a las comunidades campesinas, a las poblaciones urbanas rurales, mujeres y niñas, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, al territorio y a la naturaleza".La Sala de Reconocimiento de la JEP concluyó que se ejecutaron seis patrones macrocriminales, entre ellos masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, confinamientos y desplazamientos forzados, reclutamiento y utilización de niños, violaciones, esclavitud sexual y destrucción del territorio y la naturaleza.La sentencia contra los 15 exintegrantes incluye a Catatumbo, quien fue miembro del último secretariado de las Farc, y Édgar López Gómez, alias "Pacho Chino", el primero en su calidad de comandante del Comando Conjunto de Occidente y el segundo en su calidad de coordinador del Comando Conjunto de Occidente y comandante del Frente 29.
La masacre de Mapiripán fue un grave suceso ocurrido en Colombia en julio de 1997. Durante varios días, paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tomaron el control del municipio de Mapiripán, ubicado en el departamento de Meta.Durante su ocupación, los paramilitares llevaron a cabo una serie de atrocidades en las que se estima que murieron al menos 49 personas. Los hechos incluyeron secuestros, torturas y ejecuciones sumarias. Además, se reportaron casos de desapariciones forzadas, violaciones y saqueo de propiedades.La masacre de Mapiripán fue un episodio emblemático de la violencia y la presencia de grupos armados ilegales en Colombia. El caso recibió una amplia atención nacional e internacional, lo que llevó a que se realizaran investigaciones y se llevara a los responsables ante la justicia.Posteriormente, se identificó a los líderes paramilitares responsables de la masacre, entre ellos Carlos Castaño, jefe de las AUC. En 2005, algunos de los perpetradores fueron condenados por su participación en los hechos. Sin embargo, la justicia colombiana considera que aún hay pendientes investigaciones y procesos judiciales relacionados con este caso.La masacre de Mapiripán es recordada como uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Colombia y como un ejemplo de los graves abusos cometidos por grupos armados ilegales durante el conflicto interno en el país.La masacre de Mapiripán la hizo una tropa mía: 'Martín Sombra''Martín Sombra' era conocido como “el carcelero” de la Farc , ante la JEP estuvo en su tercera sesión en el caso que investiga el reclutamiento de menores.En la diligencia, 'Sombra' se refirió a la masacre de Mapiripán en el Meta. Sobre este hecho, también en la JEP habían hablado exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso e incluso Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, ellos manifestaron que esta masacre la habían cometido las Autodefensas presuntamente con el apoyo de algunos altos mandos del Ejército .Sin embargo, 'Martín Sombra' aseguró que el hecho es responsabilidad de la guerrilla y que el general en retiro Rito Alejandro Del Río, señalado por su presunta participación no tenía responsabilidad.“Lo están acusando de que él fue el de la masacre en Mapiripán y Rito del Rio no fue; fue una tropa mía que se llamó Marco Aurelio Buendía, entonces nosotros nos acostumbramos a hacer las embarradas y achacárselas a los otros”, señaló 'Sombra'.Refiriéndose al caso de reclutamiento de menores, explicó que en las Farc se habrían hecho "consejos de guerra" a los niños. Allí se definían sanciones a quienes se consideraba incumplían un reglamento y en algunos casos la sanción podía ser “el fusilamiento”, como ha explicado 'Sombra'.“¿Usted alguna vez tuvo conocimiento de niños y niñas indígenas que hubieran sido sometidos a consejos de guerra?”, preguntó la magistrada Lily Rueda.Le puede interesar:
'Martín Sombra' era conocido como “el carcelero” de la Farc, ante la JEP estuvo en su tercera sesión en el caso que investiga el reclutamiento de menores.En la diligencia, 'Sombra' se refirió a la masacre de Mapiripán en el Meta. Sobre este hecho, también en la JEP habían hablado exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso e incluso Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, ellos manifestaron que esta masacre la habían cometido las Autodefensas presuntamente con el apoyo de algunos altos mandos del Ejército.En esta masacre fueron asesinadas 49 personas, ocurrió en 1997 y por estos hechos la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano, precisamente por colaboraciones entre agentes del Estado y el paramilitarismo.Pero además, en la justicia ordinaria, otros militares y paramilitares han sido investigados y otros condenados por estos hechos.Sin embargo, 'Martín Sombra' aseguró que el hecho es responsabilidad de la guerrilla y que el general en retiro Rito Alejandro Del Río, señalado por su presunta participación no tenía responsabilidad.“Lo están acusando de que él fue el de la masacre en Mapiripán y Rito del Rio no fue; fue una tropa mía que se llamó Marco Aurelio Buendía, entonces nosotros nos acostumbramos a hacer las embarradas y achacárselas a los otros”, señaló 'Sombra'.Refiriéndose al caso de reclutamiento de menores, explicó que en las Farc se habrían hecho "consejos de guerra" a los niños. Allí se definían sanciones a quienes se consideraba incumplían un reglamento y en algunos casos la sanción podía ser “el fusilamiento”, como ha explicado 'Sombra'.“¿Usted alguna vez tuvo conocimiento de niños y niñas indígenas que hubieran sido sometidos a consejos de guerra?”, preguntó la magistrada Lily Rueda.“Claro, si ingresaron muchachos allá eso es para todos, si se hace una embarrada pues se les hace su consejo de guerra y los sancionan”, respondió 'Sombra'.En el mismo sentido explicó que hubo casos de fusilamiento a personas únicamente por su orientación sexual.“Sí, allá sacaron esa conclusión de que el que fuera gay había que fusilarlo. Porque como teníamos unos peleadores resultaron también de gays, entonces se fusiló una pareja y la otras pues ya corrigieron”, explicó el exjefe guerrillero.La representante de una de las víctimas le pidió a 'Sombra' que aclarara a qué se refería al decir que corrigieron.“Pues o no dejarse pillar o no hacerlo”, precisó 'Sombra'.Por último hizo un fuerte cuestionamiento a los exjefes de la guerrilla como Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko', y 'Pastor Alape', entre otros, pues considera que no han aportado verdad plena ante la JEP.“Llamen a Mauricio Jaramillo a que responda, ustedes a mí me tienen aquí entre la espada y la pared y estoy dispuesto a esclarecer todo, pero ellos que ayudaron y fueron compinches, eso quiere decir amigos de fechorías, ahí está Mauricio Jaramillo, está Londoño, está 'Pastor Alape' y una cantidad de crímenes y fusilamientos y ellos están tranquilos, hay que llamarlos y que respondan, que respondan ante la JEP”, afirmó 'Sombra'.Vea y escuche lo que dijo 'Martín Sombra' ante la JEP:
Recientemente, la JEP aceptó revisar la condena del general en retiro Jaime Humberto Uscátegui condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán, Meta, ocurrida en 1997. Según la Corte Suprema de Justicia, Uscátegui incurrió en omisión, pues no cumplió con su deber de defender la vida de los pobladores del municipio. La masacre fue cometida por paramilitares de Urabá y Córdoba que llegaron a hasta Mapiripán y asesinaron a más de 40 personas.La JEP, en su momento, accedió a revisar la condena teniendo en cuenta que el relato del general (r) Uscátegui y las pruebas que vaya a aportar van a permitir confrontar los diferentes testimonios de lo sucedido, considerando que esto aporta a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Aunque esto no significa una absolución, sí serán analizados sus argumentos y las razones que llevaron a la condena.Sin embargo, el general presentó recusaciones contra tres magistrados de la sección de revisión, la sala encargada de llevar el proceso. Lo que argumentó Uscátegui es que los jueces habían participado en la decisión que, en 2020, negó en principio la revisión de la condena, por lo que consideraba que su criterio estaba comprometido y esto no le daba las garantías necesarias."Los magistrados que suscribieron tal providencia se pronunciaron de fondo respecto de la petición interpuesta, pues realizaron un análisis sustancial sobre la procedencia de la responsabilidad de mando como título de imputación en el caso concreto, lo cual comprometió su imparcialidad frente a las decisiones futuras que deben adoptarse en este asunto en el que la discusión se centra en determinar si bajo tal figura, su representado tiene responsabilidad penal en los hechos por los que fue condenado o debe ser absuelto", argumentó la defensa del general.Sin embargo, la recusación fue negada bajo el argumento de que la participación de los magistrados que tomaron la decisión en el 2020 fue un proceso que hace parte de sus labores como jueces y que no comprometen las garantías al debido proceso ni afectan los derechos del general Uscategui en esta etapa de revisión de la condena."Es dable concluir que lo expuesto en la decisión de inadmisión de la solicitud revisora no vinculará ni atará a los funcionarios que la emitieron, pues el examen que ahora se le exige realizar a partir de los lineamientos expuestos por la sección de apelación, en la decisión que revocó esa providencia, obliga justamente partir de unos supuestos que antes no se habían abordado, lo que hace que aun cuando ello pueda derivar en una conclusión que se aparte de lo dicho en precedencia, no se incurra en contradicción", explicó la JEP.Le puede interesar:
En medio del debate de moción de censura en Cámara contra el ministro de Defensa, Diego Molano, se presentó una dura pelea entre varios congresistas.Todo empezó porque el representante del Centro Democrático José Jaime Uscátegui citó al expresidente de Venezuela Hugo Chávez, para atacar a su colega Inti Asprilla.“Yo jamás me imaginé citar a Hugo Chávez Frías, pero en algo tenía razón, a veces hay lugares que huelen a azufre y parece que alguien por acá dejo la estela”, dijo UscáteguiA su turno, Asprilla y otros congresistas de izquierda le contestaron furiosos, incluso el congresista de la Alianza Verde recordó la masacre de Mapiripán por la que fue condenado el padre de Uscategui.“Estoy feliz porque la declaración de Uscátegui demuestra que ‘los uribistas son chavistas enclosetados’ y que “uribismo y chavismo, son harina del mismo costal”, contestó Inti Asprilla.Siga y escuche el podcast de ‘La Intérprete’:
La sección de apelación de la JEP admitió revisar la condena del general (r) Jaime Uscátegui, quien fue condenado en la justicia ordinaria a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán, en el Meta, ocurrida en 1997.Lo que se consideró es que el general (r) Uscátegui habría cometido omisiones durante estos hechos, pues no protegió a la población. Sin embargo, él aportó 12 pruebas con las cuales pretende demostrar su inocencia y la JEP consideró que estas podrían ayudar en el proceso de verdad, justicia y reparación de las víctimas, por lo que se procederá a revisar la condena.“Es importante precisar que la decisión adoptada por el alto tribunal no significa la absolución del general (r) Uscátegui. Se deberá resolver la petición con base en un análisis del material probatorio”, afirmó la JEP.En el año 2017, Uscátegui se convirtió en el primer oficial de mayor rango en recibir el beneficio de la libertad condicional, momento en el que manifestó que aportará verdad y demostrará su inocencia.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Cinco zonas de los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá fueron identificadas como las de mayor deforestación en el país, por lo que fueron priorizadas por el Gobierno Nacional para su intervención a través de la campaña artemisa de la fuerza pública durante el primer trimestre del año.Se trata de la Marginal Selva Yaguará en Caquetá; Mapiripán, en el Meta; la Serranía del Chiribiquete y Calamar, en Guaviare; así como Yarí Sur y Ciudad Yarí en Caquetá. La priorización se realizó durante la instalación del primer puesto de mando unificado ambiental, en el cual participan el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Fiscalía General de la Nación, el Ideam, Parques Nacionales Naturales, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.Durante el PMU también se identificaron las 13 zonas del país más afectadas por la deforestación, debido a la ganadería ilegal o la siembra de cultivos ilícitos por parte de grupos armados ilegales.El PMU, según explicó la viceministra de Defensa, Sandra Álzate, permitirá que estas entidades monitoreen de manera permanente la afectación a los Parques Nacionales Naturales y las zonas protegidas en el país. Asimismo, permitirá que las autoridades que hacen parte del PMU coordinen de manera eficaz las operaciones e intervenciones que se requieren para prevenir y frenar la deforestación.Igualmente, el Ministerio de Defensa informó que en la última semana se han entregado a las autoridades 5 de las 17 personas que aparecen en el cartel de los más buscados por deforestación.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
BLU Radio pudo confirmar el secuestro de 15 personas de una misión médica que se encontraba en el sector del Rincón del Indio en Mapiripán, Meta. Según la información preliminar, la misión fue liberada y ya es atendida por las autoridades en el departamento del Guaviare, a donde fueron llevadas las personas para su respectiva revisión.La misión médica estaba conformada por seis enfermeras, un odontólogo, dos vacunadores, un pediatra, un nutricionista y tres conductores de la empresa Travel, quienes harían parte de una ONG que se encontraba trabajando en la zona donde ocurrieron los hechos.Posteriormente, las 15 personas serían trasladadas a la ciudad de Villavicencio, según conoció BLU Radio.Hasta el momento las autoridades no han entregado una versión oficial sobre la situación y, por tanto, se desconocen los responsables y los posibles móviles.Escuche la noticia completa en:Siga y escuche el podcast de La Intérprete:El legado de Angela Merkel: la líder del siglo XXI
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
