¿Néstor Humberto se arrodilla ante Cortes para que lo elijan fiscal?: A. Lozano

de la reforma de equilibrios de poderes, entregar el manejo de todos los recursos de la Rama Judicial a los presidentes de las altas cortes. A propósito, la representante Angélica Lozano, manifestó que el ministro se está “arrodillando ante las altas cortes para que lo nombren fiscal”. (Lea también: Reforma de equilibrio de poderes es “venganza” contra Uribe: Centro Democrático) “Le entrega toda la administración a los tres presidentes de las altas cortes. Los deja como en la monarquía, administrando y ejecutando todo el presupuesto de la Rama, poniendo y quitando a funcionarios en los despachos judiciales”, dijo. “Néstor Humberto se arrodilla y se le entrega a los presidentes de las altas cortes, ¿para que lo elijan fiscal general en la Corte Suprema?”, manifestó. (Lea también: Con el fiscal como ausente, Gobierno evalúa reforma de equilibrio de poderes) La representante manifestó que el documento publicado este miércoles en su cuenta de Twitter, demuestra que la proposición de Martínez “coincide plenamente con lo que ha expresado el presidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, y con una carta que circula desde abril en el Consejo de Estado”. De los 25 artículos que componen la ponencia de la reforma al equilibrio de poderes ya fueron aprobados 21 durante su séptimo debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. (Lea también: Durante audiencia pública, Gobierno reitera defensa al equilibrio de poderes) Pasó el Artículo 8 que da luz verde a la creación de la Comisión de Aforados que elimina, además, la comisión de Acusación de la Cámara. Los funcionarios aforados son: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Fiscal General de la Nación. Dichos servidores públicos no pueden ser juzgados por votos u opiniones proferidas en sentencias judiciales. De llegar a haber una acusación disciplinaria contra ellos, la Comisión de Aforados adelantará la investigación y presentará la acusación ante el Congreso Pleno. Si es una acusación por delitos se envía a la Corte Suprema para juzgamiento. La comisión tendrá 3 miembros elegidos por Congreso en pleno, durarán 8 años y no serán reelegidos.