Sindicatos y estudiantes se manifestaron en contra de la ley de seguridad ciudadana. Desde la oposición se anunciaron denuncias nacionales e internacionales.
Un apartado del proyecto habla sobre el porte de armas blancas y de fuego. Establece que cuando no sea para un fin lícito, deberá ser castigado con penas entre los cuatro y seis años de prisión.