Los sindicatos y movimientos estudiantiles ven con preocupación el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que fue aprobado en el Congreso de la República.
Y es que son varios los polémicos artículos que fueron aprobados en la Cámara de Representantes, como la tipificación del uso de armas blancas, aumento a las penas de agresión contra la fuerza pública, fortalecimiento de la seguridad en las cárceles por parte de actores privados, el uso de armas en legítima defensa ante situaciones que lo ameriten, entre otros.
Desde la oposición se oyeron duras críticas en contra de la iniciativa.
El senador Gustavo Petro opinó que si la ley entra en vigor el derecho de la vida quedará subordinado a los derechos patrimoniales y calificó como una "inmundicia".
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"Detrás del crecimiento de la inseguridad ciudadana está el hambre. Esa hambre no se debe al COVID. La mayoría de los países que han sufrido (la pandemia) no tienen hambre, porque una política de sus gobiernos privilegió cuidar la estabilidad emocional y física de su población. Este Gobierno condenó al hambre a la sociedad colombiana, quebró 600.000 empresas en 2019 solo porque eran pequeñas, para salvar a las mismas grandes empresas. Le iba a poner IVA a la comida", declaró Petro.
"Quieren fusilar a los ladrones, encerrarlos en la cárcel. Vean, denles comida. Denle comida al pueblo de Colombia y veran como se reduce la inseguridad. Quieren avalar el fusilamiento de los que protestan. Ahí se juntan a la vertiente clásica del paramilitrismo en Colombia", añadió el congresista.
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Sumado a las críticas, los partidos de oposición anunciaron denuncias ante las altas cortes e, incluso, a nivel internacional.
“Así que la demanda de inconstitucionalidad, que por supuesto ya estamos preparando, la vamos a remitir en cuanto sea aprobado el texto de esta norma, todo su contenido, y sus anexos a la Comisión Interamericana para que constate el flagrante incumplimiento de sus recomendaciones internacionales”, anunció el senador Iván Cepeda.
Las centrales obreras consideran que esta ley va en contravía de los derechos a la protesta y no ayudan a resolver los problemas de seguridad, “sino profundizar la represión, profundizar las garantías democráticas”, expresó el secretario de la CUT, Diógenes Orjuela.
Por su parte, desde uno de los sindicatos del Inpec señalaron que esta ley es un nuevo ‘mico’ a la justicia colombiana y están evaluando ir a paro. “Privatizar el cuerpo de custodia y vigilancia va en contra de los tratados internacionales del tratamiento al recluso, debido a que estos tratados informan o sugieren a los Estados de que la custodia y vigilancia debe ser por parte del Estado mas no por privados”, manifestó Óscar Robayo, de la UTP sindicato del INPEC.
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Los jóvenes estudiantes que salieron a las calles del país en el mes de abril también expresaron su rechazo a la norma.
“Uno de los aspectos más graves de este proyecto de ley es que no le da garantías a la movilización, así el Gobierno de Iván Duque se haya encargado de decir que en su mayoría no fueron movilizaciones. Pero, además, legitima el abuso de la fuerza pública, que ya fue demostrado no solo por organismos nacionales, sino internacionales. No solo legitima eso, si no el abuso de la fuerza pública”, indicó Laura Álzate, dirigente de ACREES y del Consejo Nacional del Paro.
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La norma únicamente le falta la conciliación en Senado y Cámara de Representantes para que pase a sanción presidencial.
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