Momentos de pánico se vivieron en el centro comercial Buenavista de Santa Marta tras un intercambio de disparos en medio de un intento de robo a un vehículo de valores.Según información preliminar, una persona resultó herida, quien sería el conductor del carro de seguridad perteneciente a la empresa Transbank Ltda. Testigos relataron que el ataque ocurrió cuando empleados de la compañía retiraban dinero de un local dentro del centro comercial. Al dirigirse al vehículo, ubicado en la segunda entrada del establecimiento, fueron interceptados por sujetos fuertemente armados que intentaron despojarlos del dinero.Videos difundidos en redes sociales muestran a varios hombres vestidos de blanco huyendo con armas largas en mano por una de las salidas del centro comercial. En el intercambio de disparos, varios vidrios resultaron impactados, generando pánico entre los visitantes.Las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y han implementado un plan candado para dar con el paradero de los responsables de este hecho.
Pese a las diferentes campañas de sensibilización que realiza la entidad, en el municipio de La Ceja semanalmente, al romper las bolsas en la Planta de Orgánicos, se han encontrado un promedio de 10 elementos cortopunzantes aproximadamente, entre lancetas, agujas, jeringas y vidrios.Situación que ya ha ocasionado accidentes, como los ocurridos el año pasado, donde 10 operarios sufrieron contratiempos con estos elementos, aspecto que en el peor de los casos puede infectar a la persona con enfermedades o bacterias peligrosas, pues son objetos cuya procedencia o uso es desconocido.Mónica Cardona Vallejo, coordinadora del área de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Empresas Públicas de La Ceja, explicó que también se presentan otro tipo de accidentes por elementos cortantes como lo son las latas y vidrios, también por la inadecuada separación."Sabemos que las latas y los vidrios van en la parte de reciclaje, pero los depositamos con el material orgánico, donde en el momento de la manipulación se pueden presentar cortes que pueden ser profundos, donde pueden generar puntos a nivel de brazos, piernas y eso también nos puede llevar a infecciones porque ya vienen contaminados", explicó la coordinadora.Esta situación genera no solo días de incapacidad, sino también retrasos en la operatividad de la empresa, por ejemplo, en el mismo periodo del año pasado, se presentaron otros 20 accidentes de trabajo, resultando en un total de 394 días de incapacidad. La lesión más recurrente sigue siendo la punción en manos, producto del contacto con materiales peligrosos mal dispuestos.La entidad invitó a la ciudadanía a separar los residuos y a depositar adecuadamente los materiales cortopunzantes en envases rígidos y marcados. Por ejemplo, las cuchillas pueden envolverse en papel higiénico y disponerse en los residuos inservibles, además las agujas, lancetas y jeringas deben empacarse en un guardián o recipiente rígido como botellas plásticas gruesas y entregarlas a la IPS generadora (ESE Hospital de La Ceja y SURA).
Momentos de pánico vivieron los niños de una institución educativa ubicada en la vereda Sinaí, zona rural de Santa María, Huila, cuando un hombre armado ingresó al colegio con la intención de atacar a un profesor en medio de la jornada escolar.En el video se observa cuando algunas personas tratan de impedir que este hombre armado atacara al docente que se encontraba en el aula de clase con sus estudiantes.“Gracias a la rápida reacción de nuestros uniformados y de la comunidad en el municipio de Santa María, el día anterior se logró desarmar a un hombre que portaba una escopeta y, al parecer, intentaba atentar contra la vida de un docente en la institución educativa de la vereda Sinaí”, indicó el coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante de la Policía Huila.Aunque este hecho no dejó víctimas, sí generó temor entre los docentes, quienes trataron de proteger a los estudiantes.De acuerdo con la información preliminar, todo se desencadenó porque, al parecer, este sujeto pensaba que su esposa, aseadora del plantel educativo, sostenía una relación sentimental con el docente.“Según las primeras indagaciones, esta persona, presuntamente bajo los efectos de sustancias psicoactivas, ingresó al plantel con el arma de fuego con la aparente intención de agredir al docente en circunstancias que aún son materia de investigación”, añadió el oficial.Este hombre, quien al llegar la Policía soltó el arma y huyó hacia la zona boscosa, es buscado por las autoridades y deberá responder por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, daño en bien ajeno, amenaza y pánico colectivo.Además, se conoció que el pasado fin de semana había sido capturado por tráfico de estupefacientes, pero fue dejado en libertad.
Según el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, en este momento en Colombia aumenta la violencia y por ende el homicidio en la mayoría de las ciudades y no hay una estrategia general desde el Gobierno Petro de lucha contra el tráfico de armas ni contra la proliferación de estas.Son las armas ilícitas, indica Restrepo, las que están movilizando en gran medida el hurto y el homicidio en las ciudades e incluso el ingreso de armas traumáticas sin control al país, que los delincuentes están modificando para hacer armas de fuego, incrementa los delitos.Por esto, el Distrito le hizo un llamado al Ministerio de Defensa para que no solo ofrezca información clara sobre el inventario de armas lícitas, sino sobre cuál es la dinámica de ingreso de armamentos ilegales y de municiones, además de la entrada de armas traumáticas, que son el principal instrumento del hurto y homicidio.“Y con esa información, brindarnos a las autoridades locales y a las policías locales la información suficiente para ir contra los repositorios de estas armas, para bloquear las rutas y quitarle los principales instrumentos para el ejercicio de la violencia a los delincuentes. Si no es con esa información, si no nos la proveen a disposición de todo el país, va a ser muy difícil una derrota sostenida de los criminales en el tiempo”, dijo el secretario Restrepo en diálogo con Blu Radio.Destaca Restrepo que, mientras el Ministerio de Defensa y la Oficina de Control Comercio de Armas no le ofrezcan al país un inventario detallado sobre el universo de armas lícitas que hay en el país y, adicionalmente, sobre las dinámicas de tráfico y acceso de armas y municiones a la nación, va a ser muy difícil tener un éxito sostenido contra el crimen y la violencia.“Todos los alcaldes del país hacen esfuerzos por debilitar el crimen y la violencia, pero con un flujo permanente de armas y municiones, las organizaciones criminales que adicionalmente tienen fuentes de financiación de las economías criminales sostenidas van a ser cada vez más resilientes”, sostuvo Restrepo.
Tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 24, adscritas a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, ubicaron y destruyeron de forma controlada una mina antipersonal instalada por integrantes del Clan del Golfo en la vereda Las Blanquitas, municipio de Cáceres, Antioquia.El hallazgo se produjo mientras las tropas llevaban a cabo labores de registro, reconocimiento y verificación de área. El dispositivo habría sido instalado por miembros de la subestructura Yeison Leudo Chaverra, la cual tiene su accionar en esta zona del Bajo Cauca antioqueño. Tras la localización del artefacto explosivo se instauró la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por la violación a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.Este artefacto explosivo representaría una amenaza latente para las comunidades cercanas, teniendo en cuenta que fue ubicado en inmediaciones a un camino veredal que es altamente transitado por campesinos, niños y pobladores en general.Según las autoridades, estos actos son el resultado de la lucha por el control territorial entre los grupos armados que delinquen en el Bajo Cauca antioqueño y que buscan, además, mantener asustados y bajo presión a los habitantes de esta subregión.
En un esfuerzo por mejorar la seguridad y optimizar la capacidad de respuesta ante emergencias, la Gobernación de Santander anunció la integración de los Centros de Control y Monitoreo (CCM) en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón y Lebrija. La iniciativa busca fortalecer la articulación entre las autoridades mediante el uso de tecnología de última generación.El nuevo sistema unificará el monitoreo de 1.421 cámaras de seguridad, permitiendo una mayor eficacia en la vigilancia y reacción ante situaciones de riesgo. Además, se entregaron 83 radios a diferentes comandos de la Policía en Santander, lo que contribuirá a mejorar la comunicación operativa entre las unidades.“Con una inversión superior a los 6.000 millones de pesos, hemos destinado recursos para dotar a la Policía con herramientas tecnológicas de última generación que permitirán un monitoreo en tiempo real de los cinco municipios, optimizando la prevención y la reacción ante cualquier situación que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana”, expresó el mandatario.El proyecto también contempla el fortalecimiento de la red de seguridad con el respaldo de 28 frentes urbanos y cuatro frentes rurales, coordinados con la Policía Nacional. Asimismo, incluye la implementación de servidores de administración, software de visualización y control, sistemas de almacenamiento y la interconexión mediante fibra óptica redundante, garantizando mayor estabilidad y eficiencia en la transmisión de datos.Adicionalmente, el gobernador anunció avances en la construcción del Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CEGES) para el área metropolitana, una iniciativa que ampliará la cobertura y mejorará la capacidad de observación en el departamento.“Queremos integrar a todo Santander. Este proyecto (CEGES) nos permitirá contar con más cámaras, más motocicletas, más personal monitoreando las imágenes, así como instalaciones más amplias que faciliten una mayor cobertura y capacidad de observación. Su costo es de aproximadamente 53.000 millones de pesos y tendrá un impacto significativo en la seguridad del departamento de Santander”, afirmó el mandatario.
Los eventos multitudinarios de Carnaval, como casetas o conciertos, no se podrán extender hasta el amanecer como ha venido ocurriendo en algunos municipios del Atlántico, donde la programación está excediendo el horario permitido y las parrandas, que empiezan un sábado por la noche en las plazas centrales, a veces se cruzan con la misa o el culto del domingo.La Policía advierte que trabajará junto a las alcaldías municipales para reforzar los controles de seguridad y hacer cumplir los horarios de los eventos, de modo que estos no deriven en alteraciones de orden público.El coronel Jhon Peña, comandante de la Policía del Atlántico, deja claro que ni siquiera el retraso de un artista será excusa para extender el horario permitido."Un evento tiene un horario de inicio y de finalización, pero a veces salen con que 'aún no llega el artista' o 'se retrasó' y uno no puede permitir eso. Nosotros vamos a tomar una determinación con los alcaldes para decirles que el evento finaliza a la hora que se dio en el permiso", dijo el oficial."Porque ha habido casos en donde nos dicen que el artista no ha llegado, que llega más tarde y entonces se dan unas prórrogas que no son legales, cuando realmente la responsabilidad nuestra es la seguridad", añadió.En el caso concreto de Barranquilla, la Alcaldía decretó que los eventos autorizados, como conciertos, presentaciones artísticas y bailes, tendrán hasta las 5:00 a.m. como hora límite para finalizar la actividad.El Distrito también ha dispuesto, de acuerdo con el Decreto 0028 de 2025, que los establecimientos de comercialización de bebidas alcohólicas tendrán permiso de funcionar hasta las 4:00 a.m.
En la guerra sin tregua por el control de las rentas criminales y la minería ilegal de los grupos armados en el sur de Bolívar, las comunidades más apartadas siguen sufriendo las peores consecuencias.La Secretaría de Víctimas de la Gobernación de Bolívar dio a conocer que más de 500 personas de las veredas Mina Gorila y Mina Plaza, en zona rural de Montecristo, tuvieron que abandonar sus hogares este fin de semana en medio de las balas, mientras otras 104 permanecen confinadas en el corregimiento de Mina Piojó.“Las confrontaciones de grupos ilegales han aumentado, poniendo en riesgo la vida y la tranquilidad de esos pobladores de estos corregimientos, especialmente de las zonas rurales. Nosotros, desde la Gobernación de Bolívar, estamos brindando ayudas de reacción inmediata, pero se requiere que, así como el Catatumbo tiene una merecida atención, también el sur de Bolívar la reciba”, explicó Iván Sanes, secretario de Víctimas.Según datos revelados por el funcionario, en lo corrido del año ya son más de mil personas desplazadas por cuenta de las recurrentes confrontaciones de estos grupos armados.“Solamente en el 2023 se duplicaron los hechos de desplazamiento y confinamiento; en el 2024, casi se triplicaron, y en lo que va de este año la tendencia va en aumento. Este año ya llevamos unas mil personas entre desplazamientos y confinamientos. Tenemos constantes enfrentamientos en Montecristo, Santa Rosa del Sur, Arenal del Sur, Norosí y Río Viejo”, detalló.La Defensoría del Pueblo, por su parte, alertó que en lo corrido del 2025 se han producido cuatro desplazamientos masivos y más de cinco poblaciones han sido confinadas.“La situación, en lo que va de 2025, ha producido cuatro desplazamientos forzados masivos, más de cinco poblaciones confinadas, homicidios selectivos, amenazas a líderes y lideresas sociales, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y el aumento del uso de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados”, indicaron, al tiempo que señalaron que en esta zona hacen presencia el ELN, las disidencias al mando de alias Calarcá Córdoba, autodenominadas ‘Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF)’, y el llamado ‘Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)’.Entretanto, la comunidad insiste en que la ausencia del Estado en estas zonas apartadas sigue siendo un detonante de la guerra.“Que volteen la mirada hacia estos sectores que están en total abandono, y por eso los grupos armados aprovechan para apoderarse de las economías ilícitas. Nosotros hemos venido pidiendo desde hace varios años la formalización de la minería y no ha sido posible (…) Es responsabilidad del Gobierno lo que está ocurriendo por falta de atención. Aquí, si se construye un colegio, lo hacemos nosotros; si se construye una vía, la hacemos y la mantenemos nosotros mismos”, dijo en diálogo con Blu Radio un líder del sur de Bolívar que prefirió mantener su nombre bajo reserva.
La Alcaldía de Bucaramanga ha iniciado el proceso de retiro definitivo de las estaciones del sistema de bicicletas públicas Clobi, poniendo fin a un programa que, en sus inicios, prometió fomentar la movilidad sostenible en la ciudad. La decisión, anunciada a través de un comunicado oficial, responde a problemáticas sociales y ambientales generadas en los alrededores de estas estructuras, las cuales se habían convertido en focos de acumulación de residuos, habitación de calle y actividades ilícitas.Le puede interesar: De acuerdo con la administración municipal, la intervención se realizó tras atender reiteradas denuncias de la comunidad sobre el deterioro de estas estaciones. Los ciudadanos advertían que muchas de ellas se habían convertido en puntos de venta y consumo de sustancias psicoactivas, igual que en refugios para habitantes de calle y focos de delincuencia.El operativo de desmonte se llevó a cabo en horas de la noche del pasado miércoles 5 de febrero, liderado por el gerente de Metrolínea, Emiro Castro Meza, y el gerente de Ciudad, Deimer Mauricio Mosquera. Entre las estaciones que fueron desmontadas y trasladadas a la estación de Metrolínea del Norte se encuentran: Mutis, Cristo Rey (Carrera 18 con Calle 9), Universidad Industrial de Santander (UIS), Parque de los Niños, Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) y Chicamocha."Esta acción permitió eliminar puntos críticos de residuos y mitigar situaciones que generaban riesgos para la comunidad", señala el comunicado.El retiro de Clobi marca el fin de un capítulo en la movilidad urbana de Bucaramanga, dejando en el aire interrogantes sobre el futuro de estrategias sostenibles para el transporte en la ciudad. Algunos ciudadanos, en redes sociales, mostraron su descontento y señalaron que las autoridades debieron fortalecer el programa y "no acabarlo"."Un alcalde que no ha hecho nada por fomentar un ciclismo seguro, por cuidar y defender los bienes que recibió, sino por el contrario los ha dilapidado, como el sistema de bicicleta pública Clobi, y la red de ciclorrutas", escribió el colectivo Ciclaramanga en su cuenta de la red social X."Al tiempo que bloquean la ciudad para celebrar una carrera ciclística, retiran las estaciones del sistema público de bicicletas de Bucaramanga Clobi. Hipócritas", escribió otro usuario, identificado como Juan Zapata en la red social X.
Lo que parecía iba a ser el robo perfecto para tres hombres terminó en una turba furiosa que arrasó con todo. Los hechos ocurrieron en el barrio Niquía, ubicado en el municipio de Bello, donde estas personas no solamente fueron agredidas, sino que, además, les incendiaron las motos en las cuales se movilizaban.Le puede interesar: Según el reporte de las autoridades, mediante una llamada a la línea de emergencia 123 algunos testigos informaron sobre el incendio de dos motocicletas en vía pública. Sin embargo, cuando los uniformados llegaron, hallaron no solamente los automotores incinerados, sino también a tres ciudadanos de nacionalidad venezolana, lesionados producto de los golpes propinados por la ciudadanía.La comunidad les manifestó a las autoridades que los hombres se encontraban a las afueras del centro comercial Puerta del Norte en dos motocicletas marca NKD AKT y Auteco Bóxer CT, al parecer, esperando a que una persona saliera del centro comercial para hurtarle, sin embargo, esto fue detenido por un grupo de personas del sector quienes por mano propia frustraron el robo.Las autoridades se encuentran investigando lo sucedido, en cuanto a los hombres, fueron trasladados a un centro asistencial para su recuperación.