En cinco procedimientos, las autoridades aprehendieron mercancía avaluada en más de 11.302 millones de pesos de esta red señalada de almacenarla en bodegas en Medellín y su área metropolitana.
El caso ocurrió en el conocido sector de Calle Larga de ese municipio del Valle de Aburrá, entre una pareja de habitantes de calle. Por los hechos ya fue capturado el agresor.
En la entrada al municipio se han registrado alteraciones al orden público durante la protesta de los mineros no formales por la presunta desaparición de dos de ellos, lugar en el que fue incinerado un bus y le prendieron fuego a un camión que transportaba gas doméstico. La Alcaldía de ese municipio del Occidente de Antioquia decretó toque de queda y ley seca, en las noches.
Luego de más de 24 horas de bloqueo, se habilitó el paso en el sector Pinguro donde mineros de Buriticá protestan para que se adelante la búsqueda de dos personas en los socavones. En el sitio siguen haciendo presencia las autoridades.
El juicio fue fijado por la Personería de Medellín debido a la inobservancia a la ley en términos de los requisitos para suscribir un contrato de trabajo.
Los comerciantes de la zona celebraron la decisión, pues el impedimento del paso vehicular trajo el 40 % de la disminución en sus ventas en especial en los que se ubican en la parte trasera del lugar.
David Escobar, director de la caja de compensación familiar, le pidió al Gobierno nacional que haya una reforma al sistema concertada y más presupuesto para la salud.
Tres establecimientos están bajo estudio para esta polémica entrega. La solicitud se encuentra en un comité y debe pasar por trámites habituales de debida diligencia como cualquier otra para su estudio, según aclaró la entidad.
La SAE señaló que varias de las necesidades, como la caracterización y la denuncia de presuntos nexos, no hacen parte de su labor y requieren de la coordinación del Gobierno nacional.
El instituto forense en Antioquia tiene custodia de 1.120 cuerpos y 200 más están en proceso de estudio, de los cuales al menos 30 requieren de ser trasladados para su análisis.
La medida le pide a los cerca de 7.000 ocupantes del predio en Caucasia que envíen evidencias de cómo se han vulnerado sus derechos, mientras tanto la SAE le pidió al Ministerio del Interior que coordine con entidades del Estado para resolver esta problemática.