Río Tunjuelo estaría recibiendo lixiviados sin tratamiento del relleno Doña Juana

El Relleno Sanitario Doña Juana sigue siendo motivo de debate luego del anuncio de la Alcaldía de Bogotá de querer ampliar su operación más allá del 2022, fecha hasta la que tiene licencia el proyecto. Vea también: Procuraduría pide medidas por presuntas irregularidades en relleno Doña Juana Esta vez, la Contraloría General publicó las conclusiones de una auditoría en la que se encontraron irregularidades con el mecanismo para la tarifa de aseo y un cobro por el servicio de tratamiento de lixiviados que no se estaría realizando, con consecuencias para el río Tunjuelo. El argumento de la Contraloría sobre el método para cobrar la tarifa de aseo tiene que ver con que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamento Básico, que está adscrita al Ministerio de Vivienda, calculó ese precio con base en una proyección de habilitación del relleno hasta el 2040, pero la licencia ambiental de la Anla únicamente tiene vigencia hasta 2022. De quererse ampliar el periodo, según el ente de control fiscal, se tiene que tramitar una solicitud para una nueva licencia. Según la Contraloría, la Comisión no tuvo en cuenta la finalización de la autorización para la operación por lo que la tarifa sería incorrecta, además de haberse establecido con fallas jurídicas.Del otro lado, sobre el tratamiento de lixiviados, los hallazgos de la Contraloría aseguran que se estarían vertiendo desechos al río Tunjuelo sin el tratamiento requerido y, además, el servicio por ese tratamiento inexistente se estaría cobrando. “El operador del relleno sanitario Doña Juana estaría cobrando por un servicio que no está prestando (el tratamiento de lixiviados), con las implicaciones que ello representa para los suscriptores. Es claro en la legislación que ningún operador de ningún servicio público en nuestro país puede cobrar por un servicio que no está prestando, so pena de tener que devolver a los suscritores los servicios cobrados y no prestados”, dice el documento del ente de control. El operador del relleno desde el año pasado es el Centro de Gerenciamiento de Residuos. La Comisión del Ministerio de Vivienda contestó que decidieron cobrar la tarifa, aún a pesar de no tener un permiso para el vertimiento, porque así lo hizo en el pasado el relleno sanitario Bioagrícola del Llano. Finalmente, la Contraloría señaló que tres miembros de la Comisión decidieron votar en contra de la decisión del cobro de tarifa, pero los otros cinco miembros no los escucharon y aprobaron el cobro. El afectado al final es el río Tunjuelo que está recibiendo residuos líquidos contaminantes.