Juez entrega a particulares emblemática cancha de fútbol de Barranquilla

La comunidad del barrio Nueva Granada, al suroccidente de Barranquilla, fue sorprendida este martes cuando decenas de Policías llegaron para hacer efectivo un proceso de desalojo de la cancha del barrio, en la que practican balompié más de 1800 jóvenes, pertenecientes a unas 40 escuelas. De acuerdo con Joel Mendoza, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), el operativo se dio porque un juez concedió un fallo a favor de particulares que reclaman la propiedad del lugar en medio de un litigio jurídico que cumple más de 17 años. "Llegaron y desalojaron a los jóvenes mientras entrenaban. Como si fueran ladrones. Ahora no vamos a tener dónde practicar. Esta cancha es nuestra desde 1972", manifestó Mendoza. Al respecto, el inspector general de Policía de Barranquilla, Ricardo Cantillo, indicó que el juzgado cuarto civil del circuito de la ciudad ordenó que procediera a hacer entrega de una gran parte de la cancha Nueva Granada. Entre tanto, para 'Toto' Rubio, un recordado exfutbolista de la ciudad y quien tiene una escuela de fútbol que entrena en dicho espacio, señaló que tal entrega a particulares era una mutilación para el deporte, pues en el sector no hay otro espacio como este. "Cerrar esto significaría prácticamente sepultar la historia. Así que estamos deseosos para que el Alcalde sabiamente intervenga y tome las mejores decisiones", expresó Rubio. Por su parte, Mery Benitez, abogada defensora de Sofía Cristina Amaya, la reclamante del predio, indicó que el proceso no tiene reversa pues ya son hay seis sentencias a favor del reclamo de la mujer, quien por años tuvo el dominio de la propiedad, mientras la comunidad tuvo la posesión. "La justificia definió que no le asiste derecho (a la JAC), que no se configuran los elementos para reconocer dicha posesión, de tal suerte que qeuda sin piso jurídico y sin argumento lo planteado por el apoderado de la Junta Comunal acerca de la posesión del barrio sobre el inmueble", indicó Benitez. Sin embargo, Luis Escorcia, abogado de la comunidad, señaló que los argumentos eran anticonstitucionales porque están violando el derecho al deporte y la recreación.