La alerta se genera por parte de la concejal Gloria Díaz, quien de acuerdo con cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el último año y lo corrido de 2018, 22 denuncias se han registrado en contra de hogares sustitutos que estarían cometiendo faltas que están entre negligencia en el cuidado de los menores de edad, presunto abuso sexual y maltrato.
“Lamentamos que, durante el año pasado y este, se hayan cerrado 28 hogares sustitutos de los más de 170 que operan en la ciudad de Bogotá, por situaciones que dejan entrever la negligencia, falta de supervisión y seguimiento por parte del ICBF. Negligencia en el cuidado por parte de las madres sustitutas y peor aún presunto abuso sexual. Evidentemente estos lugares se convierten en un espacio para garantizar la restitución de los derechos de los niños que han sido violentados”, manifestó la cabildante del Partido Conservador.
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En Bogotá operan 176 hogares sustitutos, y de acuerdo con el llamado de atención hecho en el cabildo distrital, en el último año solamente se habrían realizado 20 visitas técnicas por parte de las autoridades a estos centros temporales donde en la actualidad permanecen 38 niñas y niños.
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Sin embargo, el mayor cuestionamiento que se hace es por el funcionamiento tercerizado que se presenta en la prestación del servicio sin intervención directa de la autoridad del estado.
“Nos preocupa que esa supervisión y seguimiento esté tercerizado a través de una serie de contratistas, según la información que nos dan, organizaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro, que entre otras cosas son privadas y que ejercen, al parecer, un seguimiento bastante inocuo, poco representativo para el número de hogares sustitutos que están en las distintas localidades", dijo.
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La respuesta que nos da la regional, es que ellos ejercen una supervisión sobre los contratistas, no es in situ, no es el día a día de lo que está sucediendo en cada hogar. Lamentamos esa tercerización y es un llamado para que eso deje de existir, y para que sea el mismo ICBF el que se apersone a través de servidores públicos que tienen una responsabilidad mayor, para garantizar que los derechos de los niños no se vean vulnerados”, agregó Díaz.
Agregó que casos como los presentados en Soacha hace algunas semanas, donde el compañero permanente de una madre sustituta se habría aprovechado de dos menores de edad, no se repitan en Bogotá ni en ningún municipio de Colombia.
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