La Corte Constitucional llevó a cabo este viernes una audiencia pública para analizar la continuidad de las garantías y los derechos de los recicladores de oficio en Bogotá, frente a los cambios que tendrá el modelo de prestación del servicio público de aseo y su nuevo marco tarifario.
La discusión tiene un antecedente en 2003, cuando la Corte, mediante la sentencia T-724, ordenó al Distrito adoptar medidas especiales para garantizar la participación de los recicladores en el servicio de aseo. Desde 2010, el alto tribunal hace seguimiento al cumplimiento de esas órdenes.
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La audiencia fue convocada mediante el Auto 1461 de 2026 y buscaba establecer cómo se incorporarán esas garantías en el nuevo esquema de contratación y qué medidas evitarán que esta población pierda los derechos que ha conseguido.
Pero el principal punto de preocupación de los recicladores gira en torno a la resolución 1040 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, que entraría en vigencia el primero de enero de 2027, y particularmente a la inclusión de las denominadas toneladas reguladas.
Ingrid Marín, representante legal de Fecosu, organización de segundo nivel de la localidad de Suba, advirtió que el nuevo marco tarifario impone obligaciones administrativas y financieras a las organizaciones, pero la incorporación de las toneladas reguladas podría afectar los recursos que necesitan para cumplirlas.
Según explicó, este componente no habría sido incluido durante la consulta ciudadana y apareció en el documento definitivo. Por eso, consideran que debe revisarse, pues podría comprometer la sostenibilidad económica de las organizaciones.
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¿De dónde sale la preocupación? De esos recursos dependen obligaciones como la protección social, los aportes a riesgos laborales, los beneficios económicos periódicos (BEPS) y la transición de los vehículos utilizados por los recicladores.
Aunque la resolución contempla una remuneración mínima de 130 mil pesos por tonelada, Marín advirtió que las toneladas reguladas podrían impedir que los recicladores reciban efectivamente ese valor. En Bogotá, la preocupación alcanza a unas 338 organizaciones y cerca de 20 mil recicladores de oficio.
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Las organizaciones aclararon que no se oponen a las medidas de protección contempladas en la nueva regulación, como una mejor remuneración, acceso a seguridad social y sustitución de vehículos. Sin embargo, insisten en que necesitan recursos suficientes para hacer realidad esos beneficios y evitar que las cargas económicas terminen debilitándolas.
Además, solicitaron revisar las condiciones en las que se incorporaron las toneladas reguladas. Marín señaló que la Procuraduría advirtió posibles irregularidades en el procedimiento de aprobación del marco tarifario, por lo que pidió que se examine antes de su entrada en funcionamiento.
Durante la audiencia también se abordaron los mecanismos para garantizar el acceso seguro al material aprovechable, una remuneración justa y oportuna y la vigilancia institucional para evitar retrocesos en los derechos de esta población.
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Finalmente, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez solicitó a la CRA y a las entidades competentes realizar mesas de trabajo con los recicladores, para escuchar sus preocupaciones, revisar los aspectos técnicos y económicos de la regulación y construir soluciones conjuntamente. Estos encuentros se plantearon para las próximas una o dos semanas, con el propósito de atender los puntos críticos antes de que entre en vigencia el nuevo marco tarifario.