Las juezas y los jueces penales municipales con función de conocimiento de Bogotá expresaron su respaldo a las jornadas nacionales de protesta convocadas por las organizaciones sindicales de la Rama Judicial y manifestaron su preocupación por las condiciones estructurales que, a su juicio, afectan la adecuada prestación del servicio de administración de justicia.
A través de un comunicado, los funcionarios señalaron que existe una contradicción entre el aumento de las responsabilidades asignadas a los despachos judiciales y la disponibilidad de recursos para cumplirlas. De acuerdo con su planteamiento, mientras crecen las obligaciones de los funcionarios judiciales, disminuyen las posibilidades de contar con personal, presupuesto e infraestructura suficientes.
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Uno de los principales puntos señalados es el incremento de la carga laboral sin un fortalecimiento proporcional de los despachos. Los jueces explicaron que el crecimiento sostenido de las acciones de tutela ha generado una sobrecarga de trabajo, debido a que estos procesos requieren atención prioritaria y demandan cada vez más tiempo y recursos humanos, mientras que los procesos penales a cargo de los juzgados continúan con sus propias exigencias.
A esta situación, agregaron, se suman las actuaciones administrativas derivadas del trámite de las tutelas, muchas de las cuales son asumidas por los empleados de los despachos ante la falta de un esquema de apoyo suficiente. Para los jueces, esto termina trasladando las deficiencias estructurales del sistema a los funcionarios y empleados judiciales, quienes deben asumir mayores cargas con recursos que, según advierten, permanecen prácticamente inalterados.
“En consecuencia, el peso de las insuficiencias estructurales del sistema termina recayendo sobre los funcionarios y empleados judiciales, quienes debemos asumir cargas de trabajo cada vez mayores con recursos prácticamente inalterados. Esta situación no puede seguir normalizándose, pues el compromiso y la dedicación de los servidores judiciales no pueden convertirse en el sustituto permanente de las obligaciones institucionales del Estado”, señalaron.
Los jueces también cuestionaron la suficiencia del presupuesto destinado a la Rama Judicial frente al aumento de la demanda del servicio. En el comunicado mencionaron las advertencias que, según ellos, han realizado autoridades judiciales, entre ellas, la presidenta del Tribunal Superior de Bogotá, sobre la necesidad de contar con mayores recursos para atender las necesidades de funcionamiento, ampliación de personal e infraestructura.
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Para los firmantes, la falta de financiación suficiente limita las posibilidades de ampliar la cobertura judicial, fortalecer la infraestructura y adoptar medidas de descongestión. Advirtieron, además, que las consecuencias de esta situación no se limitan a las condiciones laborales de los servidores judiciales, sino que pueden repercutir en los ciudadanos que acuden a la justicia para obtener protección de sus derechos.
“La financiación suficiente de la Rama Judicial no constituye, por tanto, una simple necesidad administrativa, sino una condición indispensable para garantizar una justicia oportuna, eficiente y efectiva”, señalaron las juezas y los jueces penales municipales de Bogotá.
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El tercer punto planteado está relacionado con las condiciones laborales y la remuneración de los servidores judiciales. Los funcionarios cuestionaron que, mientras aumentan las cargas y responsabilidades de la función judicial, se discuta una propuesta legislativa orientada a eliminar el tratamiento de renta exenta previsto para los gastos de representación de jueces y magistrados.
Según el comunicado, una eventual aprobación de esa iniciativa podría afectar los ingresos disponibles de quienes ejercen funciones judiciales. Los firmantes aclararon que no desconocen las necesidades fiscales del Estado ni las competencias del Congreso, pero pidieron que la propuesta sea analizada teniendo en cuenta su impacto económico y las condiciones laborales y salariales de los funcionarios.
“Sin desconocer las necesidades fiscales del Estado ni las competencias del legislador, consideramos indispensable que esta propuesta sea objeto de un debate serio sobre su impacto económico efectivo, atendiendo a las condiciones laborales y de remuneración de quienes ejercen la función judicial, cuya dignificación constituye un componente relevante para el ejercicio autónomo e independiente de sus funciones”, afirmaron.