Antiguos accionistas de Granahorrar demandan al Estado ante tribunales internacionales

Astrid Benito Carrizosa, exaccionista mayoritaria y representante de varios más del extinto Banco Granahorrar, entabló dos demandas internacionales ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) de Washington y La Haya en contra del Estado colombiano argumentando una intervención irregular e indebida a esa entidad financiera en 1998 por parte del Estado a través de la Superintendencia Bancaria en ese entonces.“Efectivamente, no existe una sino dos demandas iniciadas por antiguos accionistas de Granahorrar, que fue intervenida por la Superintendencia Bancaria.Ellos han cuestionado a nivel local la intervención que hizo la Superintendencia”, explicó el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez.Aunque no se conoce el monto total de las pretensiones de estos accionistas, Vélez advirtió que son “varios cientos de millones de dólares”. En el 2014, los Carrizosa habían interpuesto una acción similar ante la Corte Constitucional del país por cerca de 600 mil millones de pesos, solicitud que fue negada por ese alto tribunal.“Ese tema se ha litigado extensamente en Colombia ante tribunales contenciosos, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional y ahora se llevó a nivel internacional convocando dos arbitramentos; uno ante el FIADI en Washington y el otro en La Haya”, añadió.Granahorrar tuvo que ser intervenida por problemas financieros y una cesación de pagos ante varias entidades, que, según el Gobierno de ese entonces ponían en riesgo los recursos y ahorros de los usuarios.“Granahorrar era una entidad financiera especializada en créditos hipotecarios y en 1998 entró en proceso de iliquidez, de cesación de pagos y puso en peligro el ahorro del público y la estabilidad del sistema financiero y en estos casos las autoridades deben tomar medidas correspondientes”, recordó.Vélez catalogó como abuso la instancia que el grupo de accionistas entabló contra la Nación.“Hemos visto el uso y abuso de estos mecanismos internacionales para llevar al extranjero casos que ya han sido litigados ampliamente a nivel local.Esto lo hacen alegando estar cobijados por tratados de protección de inversiones que Colombia ha suscrito con diferentes países”, dijo.“Por ejemplo, este caso se alega que se aplica el TLC con Estados Unidos, entonces intentan revivir este tipo de litigios”, explicó Vélez.Según el representante de la defensa del Estado colombiano, este proceso tardaría entre un año y medio y tres años para resolverse ante estas instancias internacionales.“Son procesos relativamente rápidos, pueden tardar entre 18 y 36 meses, son complicados sin duda alguna y Colombia se ha ido preparando para tratar estos procesos derivados de tratados de inversión, ya hay varios como el caso de Electricaribe y se tramitará, Colombia ha sido respetuosa en tratados internacionales”, afirmó.