La posible imposición de un arancel del 83 % a las llantas para buses y camiones importadas de China encendió las alertas del sector transportador en Colombia. La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) advirtió que la medida podría elevar hasta en un 88,64 % el costo de importación de estos productos y terminar trasladándose al precio de los pasajes y los fletes.
La preocupación está relacionada con la dependencia del mercado colombiano de las llantas extranjeras. Según las cifras entregadas por el gremio, el 80,73 % de las llantas comercializadas en el país son importadas y ocho de cada diez de ellas provienen de China. Entretanto, la producción nacional apenas alcanza a cubrir cerca del 5 % de la demanda.
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Para los transportadores, un incremento de esta magnitud elevaría los costos de mantenimiento y operación de los vehículos, tanto de pasajeros como de carga. Esto podría traducirse en mayores tarifas para los usuarios y las empresas que movilizan mercancías, además de dificultades para mantener algunos buses y camiones en circulación.
¿De dónde surge la propuesta del arancel?
La iniciativa hace parte de un proceso promovido por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), en representación del fabricante nacional Goodyear, que denunció presuntas prácticas de dumping en las importaciones de llantas chinas. Inicialmente, el gremio empresarial solicitó la aplicación de un derecho antidumping del 167,1 % durante cinco años.
Posteriormente, el Ministerio de Comercio del Gobierno anterior planteó un arancel del 83 %, una propuesta cuyo impacto sobre el transporte intermunicipal generó cuestionamientos por la falta de información sobre sus posibles consecuencias económicas y operativas.
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Por ahora, la decisión está en manos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La ADITT pidió que se revisen los efectos de la medida antes de su eventual aplicación y que la nueva administración de la ANDI evalúe sus alcances. Aunque el gremio transportador reconoce la importancia de proteger la industria nacional, advierte que el costo de esa protección podría terminar trasladándose a los transportadores y a millones de colombianos.