Colombia ajustará reglas de inteligencia financiera tras divulgación hecha por Petro
La lectura de una carta de la inteligencia israelí le costó a Colombia la expulsión del Grupo Egmont. Hoy el gobierno habla abiertamente de vacíos normativos.
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El gobierno colombiano ajustará las reglas a la hora de compartir y recibir información de inteligencia financiera, luego de que una divulgación de información confidencial por parte del presidente Gustavo Petro terminara causando la expulsión del país del Grupo Egmont y lo marginara de la cooperación con las agencias de inteligencia de más de 180 países. El objetivo de la medida es restablecer el acceso pleno de la UIAF Colombia al Canal Seguro Egmont.
En septiembre de 2024, el presidente Gustavo Petro apareció en una alocución transmitida en televisión nacional leyendo una carta de la inteligencia israelí a la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera (UIAF), en la cual se confirmaba el pago de 11 millones de dólares en efectivo por parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol) para la adquisición del software espía Pegasus.
"El contenido de este informe es altamente sensible y no puede ser difundido fuera de la UIAF sin el consentimiento previo por escrito de la Autoridad de Prohibición de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Israel, Impa. Como soy el Presidente de la República y como no obedezco en este momento relaciones diplomáticas con Israel por el caso Gaza, me salgo de esta prohibición y le comento a ustedes qué dice esta carta", dijo en su discurso el presidente Petro.
Como consecuencia de ese discurso y de la revelación de información, Colombia fue suspendida del Grupo Egmont y del acceso a la plataforma de intercambio de información. Según el propio gobierno, hoy su acceso a información de inteligencia financiera es "restringida y limitada". A la fecha, no hay un modo en que el país pueda recibir inteligencia financiera de otros países y tampoco tiene cómo compartir sus propios hallazgos.
En los documentos oficiales, el gobierno reconoce que hasta ahora existían 'vacíos normativos' que llevaron a una "interpretación amplia" de lo que se podía hacer, y es hora de corregir la normativa para que eso no vuelva a ocurrir, estableciendo por decreto la prohibición explícita de compartir información fuera de la UIAF sin consentimiento previo del país de origen de esa información.
Según el gobierno, este cambio "constituye una respuesta inmediata, idónea y necesaria para atender las observaciones formuladas por el Grupo Egmont, restaurar la confianza y credibilidad internacional en el sistema colombiano de inteligencia financiera, y evitar un deterioro mayor de la cooperación internacional, lo cual impactaría negativamente en la capacidad del Estado para prevenir y detectar flujos financieros ilícitos de carácter transnacional".
La norma obliga a los servidores públicos que, por razón de sus funciones, tengan acceso a la información, a garantizar la confidencialidad, reserva, uso limitado y trazabilidad de la información, conforme a la normativa nacional vigente y a los principios del Grupo Egmont.