Tras un mes de revisión entre la Contraloría General de la República y el Gobierno electo, el proceso de empalme dejó al descubierto un panorama que enciende las alertas sobre el manejo de los recursos públicos.
Los graves hallazgos fueron determinados en medio de las 62 mesas técnicas realizadas entre el 8 y el 31 de julio, en las que se consolidaron diagnósticos, auditorías, estudios, alertas y seguimientos a distintos sectores del Estado. Luego de este empalme, que contó con la participación del vicecontralor Carlos Enrique Silgado, los contralores delegados sectoriales, el vicepresidente electo y los ministros designados, la entidad dio por concluida las mesas técnicas con la nueva administración.
Como primer resultado, el vicepresidente José Manuel Restrepo advirtió un complejo panorama en materia de infraestructura. Según explicó, la información entregada por la Contraloría identifica obras inconclusas, conocidas como "elefantes blancos", que requerirían inversiones cercanas a los 54 billones de pesos para ser rescatadas.
A esto se suman proyectos de infraestructura considerados irrecuperables por aproximadamente 214 mil millones de pesos, recursos que, según indicó, representan una de las mayores preocupaciones para el próximo Gobierno.
Y es que, de acuerdo con las conclusiones expuestas durante las mesas técnicas, el presupuesto nacional de 2027 presentaría un faltante cercano a los 30 billones de pesos. El informe también advierte un incremento en el gasto destinado al pago de la deuda, una inversión pública que continúa rezagada y proyecciones de ingresos que, a juicio de la Contraloría, no corresponderían con la realidad fiscal, por lo que considera indispensable un ajuste en el gasto público.
El análisis también puso la lupa sobre los subsidios para energía y gas. La información entregada señala que existen obligaciones pendientes por cerca de un billón de pesos con las distribuidoras de energía y otros 0,7 billones de pesos con las empresas de gas.
Además, se indicó que únicamente se ha cubierto el 25 % de los subsidios programados para este año, dejando sin financiación el restante 75 %, una situación que obligará al Gobierno entrante a buscar recursos para cumplir esos compromisos.
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De igual forma, la Contraloría alertó sobre un riesgo de liquidez en el sector de minas y energía debido al retraso en el giro de subsidios. Las deudas acumuladas alcanzan los 5,6 billones de pesos, de los cuales 2,9 billones corresponden a Air-e. Según el balance presentado, este escenario genera un riesgo para la estabilidad del sistema energético en un momento especialmente sensible por los efectos del fenómeno de El Niño.
En materia agropecuaria, las conclusiones evidencian un bajo nivel de cumplimiento de la reforma agraria. Aunque la meta era entregar 1,5 millones de hectáreas, el avance reportado llega apenas al 18 %. A esto se suma que 45.500 familias recibieron predios sin contar con títulos formales, lo que impide garantizar plenamente la seguridad jurídica sobre esas tierras.
Las alertas también alcanzan al sector social. Durante las mesas técnicas se informó que harían falta cerca de 3,2 billones de pesos para asegurar la financiación del programa Adulto Mayor. Asimismo, se advirtió sobre el uso de contratistas que, de acuerdo con el análisis de la Contraloría, no cumplirían con las condiciones necesarias para prestar atención a la primera infancia, una situación que fue incluida entre las principales preocupaciones identificadas durante el proceso de empalme.
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Finalmente, el informe abordó la situación del sector transporte, donde se reportó una ejecución real de apenas el 13 % durante 2025, atribuida a problemas de planeación y ejecución. A esto se agregan cambios en las reglas de algunos proyectos que podrían dar lugar a reclamaciones contra la Nación por cerca de 14 billones de pesos. Con la culminación de las 62 mesas técnicas, la Contraloría entregó al Gobierno electo un panorama de los principales riesgos fiscales, financieros y administrativos que deberá enfrentar desde el inicio de su gestión.
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