La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) decidió reducir significativamente el acceso al agua a una embotelladora de Coca-Cola en el municipio de La Calera. Según explicó el director de la entidad, Alfred Ballesteros, en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la medida responde exclusivamente a criterios técnicos relacionados con la disponibilidad del recurso hídrico y los efectos del cambio climático.
El recorte alcanza el 58% del caudal previamente autorizado y limita tanto el tiempo de concesión como el número de manantiales que pueden ser explotados. Aunque algunos sectores han interpretado la decisión como un golpe directo a la multinacional, la CAR insiste en que se trata de una acción preventiva para garantizar el abastecimiento humano.
Prioridad al consumo humano en medio de la crisis
Ballesteros fue enfático al señalar que la normativa colombiana obliga a las autoridades ambientales a priorizar el acceso al agua para consumo humano. “Es nuestro deber que la mayor parte de este recurso hídrico sea para el consumo humano de los habitantes”, afirmó, subrayando que solo los excedentes pueden destinarse a actividades productivas.
La decisión se basa en un análisis integral del balance hídrico de la microcuenca donde opera la embotelladora. Este estudio evalúa tanto la oferta de agua disponible como la demanda existente, en un contexto marcado por la variabilidad climática. El director explicó que, aunque no se determinó que la empresa estuviera afectando directamente el suministro de agua a las comunidades, sí existe un riesgo futuro. “Nuestro deber como autoridad ambiental es prever los escenarios futuros asociados a los efectos del cambio climático”, sostuvo.
Uno de los puntos más debatidos durante la entrevista fue la aparente contradicción entre estudios técnicos. Mientras algunos análisis indicarían que no hay afectación actual significativa, la CAR tomó la decisión basándose en una evaluación más amplia que incluye proyecciones climáticas.
De acuerdo con Ballesteros, investigaciones como las realizadas por la Universidad Nacional advierten que la cuenca del río Bogotá podría enfrentar una reducción de hasta el 23% en su oferta hídrica en el mediano plazo. Este escenario obligó a la entidad a actuar con precaución.
“Si otorgamos concesiones sin considerar la variabilidad climática, los conflictos socioambientales pueden agravarse e incluso derivar en problemas de orden público”, explicó el funcionario.
Obligaciones ambientales para la embotelladora
La reducción del acceso al agua no fue la única medida adoptada. La CAR impuso una serie de obligaciones ambientales a la empresa, entre ellas la adquisición y restauración de 53 hectáreas en ecosistemas de páramo y bosque altoandino.
Publicidad
Asimismo, se exigió la instalación de sistemas de monitoreo hidrometeorológico y la implementación de un sistema alternativo de abastecimiento para las comunidades locales. Estas acciones buscan mitigar el impacto ambiental y fortalecer la sostenibilidad del recurso.
Ballesteros destacó que estas medidas no fueron negociadas, sino impuestas con base en criterios técnicos: “Las obligaciones no son consensuadas con los usuarios, son impuestas por la autoridad ambiental”.
Debate sobre tarifas y uso del agua en Colombia
Durante la entrevista, el director de la CAR también aprovechó para cuestionar el esquema actual de cobro por uso del agua en el país. Señaló que las tarifas son demasiado bajas y no reflejan el verdadero valor del recurso ni los costos de gestión ambiental. “No es justo que los sectores productivos sigan pagando sumas irrisorias por el uso del agua”, afirmó tras indicar que en algunos casos el costo de recaudar las tasas supera lo que efectivamente se cobra.
Publicidad
Este punto abre un debate más amplio sobre la necesidad de reformar los instrumentos económicos relacionados con los recursos naturales, especialmente en un contexto de creciente escasez hídrica.
Autonomía de la CAR y controversia política
Otro aspecto clave abordado fue la posible influencia del Gobierno Nacional en la decisión. Ballesteros negó cualquier injerencia directa del presidente Gustavo Petro o de otras autoridades nacionales. “Ni el presidente ni el gobierno nacional hicieron alguna solicitud para negar esta prórroga”, aseguró, defendiendo la autonomía de la CAR en este tipo de decisiones administrativas. No obstante, reconoció que el caso ha generado amplio debate político y social, reflejando la creciente tensión en torno al uso de los recursos naturales en Colombia.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.