Mantener al día las revisiones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes no solo es una obligación para los conductores, sino también una medida para proteger la calidad del aire. Estos controles permiten identificar vehículos que generan altos niveles de contaminación y ayudan a reducir el impacto ambiental que produce el parque automotor en las ciudades y municipios del país.Con el objetivo de fortalecer esta vigilancia y garantizar que las pruebas se hagan de manera adecuada, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) puso en marcha una nueva herramienta tecnológica que permitirá monitorear en tiempo real las mediciones de emisiones que se lleven a cabo a los vehículos.Así funcionará el nuevo sistema de monitoreo de emisiones a vehículosLa entidad implementó el Sistema de Información, Monitoreo y Auditoría Ambiental Vehicular (SIMAAV), siendo el primero de su tipo en Colombia. Esta plataforma permitirá supervisar en línea las pruebas hechas en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), con el fin de verificar que se cumplan los procedimientos y requisitos establecidos por la normativa ambiental.El sistema tuvo una fase piloto en 2021 y, tras varios ajustes técnicos, comenzó su implementación formal en 2026. Actualmente opera en dos CDA ubicados en los municipios de Gachancipá y Mosquera, aunque la CAR indicó que espera extenderlo progresivamente a todos los centros de diagnóstico que se encuentran bajo su jurisdicción.Con esta tecnología, la autoridad ambiental podrá recibir y procesar automáticamente los resultados de las pruebas de emisiones, además de generar alertas cuando detecte posibles inconsistencias. La plataforma también permite garantizar la trazabilidad y confiabilidad de la información obtenida durante las inspecciones.Carlos Emilio Gutiérrez, subdirector de Planificación y Ordenamiento de la CAR, explicó que “el sistema facilita la consolidación y análisis de grandes volúmenes de datos, lo que contribuye a tomar decisiones más precisas para proteger la calidad del aire y promover la sostenibilidad ambiental en la región”.Otro de los objetivos del SIMAAV es vigilar el correcto funcionamiento de los CDA. La herramienta permite auditar la ejecución de las pruebas, verificar la emisión de resultados y revisar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y normativas por parte de estos establecimientos.En caso de encontrar irregularidades o incumplimientos, el sistema genera reportes que son enviados a las autoridades competentes para que se adelanten las acciones correspondientes. Dependiendo de la gravedad de las fallas detectadas, incluso podrían aplicarse medidas como el cierre de los centros involucrados.La CAR señaló que actualmente la plataforma opera en establecimientos ubicados en las regionales de Sabana Centro y Sabana Occidente, mientras avanza su expansión para lograr una cobertura total en toda la jurisdicción.¿Qué pasa si un conductor no cumple con estas revisiones?Las autoridades recuerdan que circular sin tener vigente la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes puede acarrear sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.Además, manipular los sistemas de control de emisiones o intentar aprobar las pruebas mediante prácticas irregulares puede derivar en investigaciones y sanciones adicionales.
Tras las advertencias del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) sobre la probabilidad de que el fenómeno de El Niño sea más intenso de lo normal sigue creciendo, pues según la entidad para septiembre alcanzaría un 90 % de probabilidad.De acuerdo a los más recientes boletines técnicos de monitoreo internacional, entre mayo y julio de este año ya existe un 61 % de probabilidad de que se establezcan condiciones asociadas a este fenómeno, con un incremento progresivo en los meses siguientes.Las proyecciones son aún más preocupantes “hacia finales de año. Se prevé un evento fuerte, con un calentamiento del océano Pacífico de hasta 1.5°C por encima de lo normal”, lo que podría intensificar sus efectos a escala global.Las autoridades ambientales también advirtieron sobre los riesgos que pueden ocurrir como el aumento de incendios forestales, olas de calor más intensas, estrés hídrico y afectaciones directas en la producción de alimentos.En este contexto, la preparación ante la llegada del fenómeno climático es una necesidad urgente, especialmente en las zonas rurales, donde el acceso al agua depende en algunos casos de las condiciones climáticas. La estrategia silenciosa que preparan en CundinamarcaFrente a este escenario, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha puesto en marcha una estrategia preventiva que busca mitigar los efectos del fenómeno antes de que se intensifiquen.De acuerdo con la CAR, se trata de la implementación de 1.000 reservorios de agua en zonas rurales, diseñados para almacenar el recurso durante temporadas de lluvia y garantizar su disponibilidad en épocas de sequía.El proyecto hace parte del programa de Unidades Productivas Sostenibles (UPS) y ya beneficia a 20 municipios del departamento. “Cada reservorio tiene la capacidad de almacenar alrededor de 120.000 litros de agua, una cantidad significativa que puede cubrir necesidades domésticas, de riego y de producción agropecuaria durante varios meses”.Según indican el impacto es tangible, pues con el agua recolectada, una finca puede abastecer durante aproximadamente seis meses a sus animales, además de mantener cultivos y asegurar el consumo básico de las familias campesinas.En términos prácticos, “cada reservorio equivale al consumo diario de cerca de 800 personas o al llenado de varias piscinas pequeñas”.De igual forma, la corporación explica que la estrategia va más allá del almacenamiento de agua, pues incluye acciones complementarias como:La restauración ambiental.La siembra de árboles nativos y frutales.La implementación de sistemas silvopastoriles.La creación de biofábricas para insumos orgánicos. En conjunto, “estas medidas buscan fortalecer la sostenibilidad del campo y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático”.Hasta el momento, los resultados indican un gran avance, más de 1.000 unidades productivas intervenidas, 58.000 metros cúbicos de agua lluvia recolectados, cientos de miles de árboles plantados y miles de hectáreas restauradas, con una inversión cercana a los $39.000 mil millones.
El director de la CAR Cundinamarca, Alfred Ballesteros, advirtió sobre el riesgo que representa el fortalecimiento del fenómeno de El Niño para Bogotá y la región andina, en medio de las alertas emitidas por el Ideam sobre el aumento de probabilidades de sequía en el país. Durante entrevista en Recap Blu, el funcionario aseguró que las autoridades y la ciudadanía deben adoptar medidas permanentes frente al cambio climático y el estrés hídrico.Ballesteros explicó que desde hace semanas la entidad viene solicitando a alcaldías, empresas de servicios y sectores productivos implementar planes de contingencia y programas de ahorro de agua. “La naturaleza nos está demostrando hoy en día que esta es nuestra nueva realidad y que cada vez serán más frecuentes estos fenómenos de sequías extremas”, afirmó.El director detalló que la CAR adelanta acciones como recuperación de microcuencas, construcción de reservorios y entrega de kits para recolección de agua lluvia. “Hemos entregado ya más de 80.000 kits” y “más de 3.000 reservorios construidos”, señaló.Embalses continúan en niveles críticosUno de los principales puntos de preocupación expuestos por Ballesteros es el estado de los embalses que abastecen a Bogotá y municipios cercanos. Según indicó, sistemas como Sisga y Tominé están “escasamente sobre el 50 %”, mientras Chuza se encuentra “sobre el 34 %”.“Lo que preocupa es que si el periodo de sequía o el fenómeno de El Niño se prolongan en el tiempo (…) claramente nuestros embalses no tienen capacidad para suministrarnos agua por cerca de siete meses sin que tengamos lluvias importantes”, sostuvo.El funcionario insistió en que las soluciones no pueden limitarse a infraestructura tradicional. “El problema de la oferta hídrica no se soluciona con cemento ni construyendo más redes. Se soluciona con inversiones basadas en naturaleza”, expresó.Riesgo de crisis hídrica y energéticaBallesteros también citó estudios de vulnerabilidad climática realizados por la Universidad Nacional, según los cuales la cuenca del río Bogotá podría enfrentar una reducción del 23 % en la oferta hídrica hacia 2040.“En 15 años vamos a estar con crisis energética, vamos a estar con racionamientos permanentes de agua”, advirtió, al tiempo que cuestionó la falta de acciones estructurales en algunos territorios.Finalmente, hizo un llamado a mantener hábitos permanentes de ahorro de agua y energía. “Cada gota cuenta”, afirmó, al recomendar reutilización de aguas, aprovechamiento de aguas lluvias y uso de electrodomésticos de bajo consumo energético.Escuche la entrevsita completa acá:
Las autoridades ambientales en Cundinamarca han encendido las alarmas por el descontrolado crecimiento urbanístico en Bogotá y en los municipios, lo que ha generado un incremento en la presión sobre recursos naturales, uno de ellos el agua, que, en este 2026, ha estado en vilo por la llegada del fenómeno del superniño. De acuerdo con la CAR Cundinamarca, son lineamientos para proteger, más no para restringir el crecimiento habitacional ni detener las construcciones en las ciudades y municipios.Es por esto que los municipios, en los que los habitantes desean construir, deben tener en cuenta nuevos lineamientos para permitir esos desarrollos urbanísticos. Entre la lista está la estandarización del suelo rural suburbano. También entran los topes de vivienda en suelo campestre, que ahora solo permitirán dos viviendas por hectárea, ya que antes eran ocho por esta misma medida y “estaba sobrepasando la capacidad de los ecosistemas”.“El propósito del acuerdo no es frenar el desarrollo, sino garantizar que este ocurra de manera ordenada, responsable y compatible con la capacidad ambiental del territorio y la sostenibilidad de largo plazo”, precisó el director general de la CAR, Alfred Ballesteros.Entre tanto, las decisiones que se toman con la CAR, según el director, obedecen a una cifra preocupante, ya que se evidencia que el 25,5 % del territorio tiene índices de vulnerabilidad hídrica altos o muy altos; asimismo, 15 municipios del departamento registran un riesgo asociado al cambio climático y 28 municipios ya tienen sobrecapacidad, lo que afecta la sostenibilidad.
La Corporación Autónoma Regional suspendió las actividades de una compostera ubicada en la vereda Fute, del municipio de Bojacá, Cundinamarca, luego de recibir una denuncia de la comunidad.Según la queja, al lugar estaban llegando muchas volquetas a descargar materiales desconocidos. Por eso, un equipo de la CAR visitó la zona y comprobó que efectivamente los vehículos ingresaban y dejaban lodo, del cual se tomaron muestras para analizarlos.La directora regional Sabana Occidente de la CAR, Camila Cortés Acosta, explicó que estas decisiones son temporales y buscan evitar daños al medio ambiente mientras se revisa la situación.“Se descubrió un vertimiento en flagrancia que, como resultado de una actividad de compostaje, se disponía directamente a una fuente hídrica de origen natural identificada por la Corporación. Esto fue con ocasión de un proceso de compostaje que, en el mismo sentido, también se puso una medida preventiva de esta actividad de recepción de lodo de una empresa del Distrito de Bogotá”, indicó Cortés.Durante la inspección, los encargados del sitio no pudieron mostrar permisos ni documentos que demostraran que estaban cumpliendo las normas ambientales. Por esta razón, la CAR ordenó detener de inmediato la recepción de esos residuos.Además, los funcionarios encontraron que de la planta estaban saliendo líquidos contaminantes que podrían estar llegando a una fuente de agua cercana. Esto llevó a una segunda medida: suspender también la disposición de residuos en el lugar.La CAR continuará vigilando el caso para verificar que se tomen las medidas necesarias y se cumpla la ley.
Las playas siempre han tenido algo casi mágico. Ese instante en el que los pies tocan la arena tibia, el sonido constante, el agua y la brisa que parece borrar cualquier preocupación. Son espacios que evocan descanso, libertad y una conexión profunda con la naturaleza.No es extraño que, incluso lejos del mar, surja el deseo de recrear esa experiencia,entonces algunos optan por construir pequeños paraísos artificiales que imiten esa sensación de escape. Sin embargo, cuando esa idea se lleva a la realidad sin considerar el entorno, el resultado puede ser muy distinto al esperado.En Colombia, un proyecto vivienda que buscaba justamente replicar ese ambiente paradisíaco terminó generando preocupación ambiental y la intervención de las autoridades.Construyen playa de arena en zona protegidaLa playa artificial fue construida en un conjunto residencial en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca, específicamente dentro de la zona de protección de una laguna natural sin nombre.Durante una inspección técnica, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) evidenció que la intervención ocupaba más de 1.300 metros cuadrados dentro de la ronda hídrica, un área que está destinada a la protección ambiental.Allí no solo se había instalado arena para simular la playa, sino también palmeras, diez kioscos, un parque infantil y un cerramiento metálico, todo a pocos metros del borde del agua.Según la CAR, el problema principal radica en que estas zonas cumplen funciones ecológicas esenciales como proteger la biodiversidad, regular el agua y prevenir riesgos como erosión o inundaciones. La construcción invadía directamente este espacio protegido, con estructuras ubicadas incluso a tan solo 2,5 metros del espejo de agua.Debido a esto, la entidad ambiental ordenó la suspensión de las obras e inició un proceso sancionatorio para determinar responsabilidades y definir medidas que mitiguen el impacto ambiental causado.Por último, la Corporación hizo un llamado a constructoras, administraciones y ciudadanía en general a respetar las áreas de protección ambiental y a gestionar oportunamente los permisos requeridos antes de llevar a cabo cualquier intervención en cercanías a fuentes hídricas.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) decidió reducir significativamente el acceso al agua a una embotelladora de Coca-Cola en el municipio de La Calera. Según explicó el director de la entidad, Alfred Ballesteros, en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la medida responde exclusivamente a criterios técnicos relacionados con la disponibilidad del recurso hídrico y los efectos del cambio climático.El recorte alcanza el 58% del caudal previamente autorizado y limita tanto el tiempo de concesión como el número de manantiales que pueden ser explotados. Aunque algunos sectores han interpretado la decisión como un golpe directo a la multinacional, la CAR insiste en que se trata de una acción preventiva para garantizar el abastecimiento humano.Prioridad al consumo humano en medio de la crisis Ballesteros fue enfático al señalar que la normativa colombiana obliga a las autoridades ambientales a priorizar el acceso al agua para consumo humano. “Es nuestro deber que la mayor parte de este recurso hídrico sea para el consumo humano de los habitantes”, afirmó, subrayando que solo los excedentes pueden destinarse a actividades productivas.La decisión se basa en un análisis integral del balance hídrico de la microcuenca donde opera la embotelladora. Este estudio evalúa tanto la oferta de agua disponible como la demanda existente, en un contexto marcado por la variabilidad climática. El director explicó que, aunque no se determinó que la empresa estuviera afectando directamente el suministro de agua a las comunidades, sí existe un riesgo futuro. “Nuestro deber como autoridad ambiental es prever los escenarios futuros asociados a los efectos del cambio climático”, sostuvo.Uno de los puntos más debatidos durante la entrevista fue la aparente contradicción entre estudios técnicos. Mientras algunos análisis indicarían que no hay afectación actual significativa, la CAR tomó la decisión basándose en una evaluación más amplia que incluye proyecciones climáticas.De acuerdo con Ballesteros, investigaciones como las realizadas por la Universidad Nacional advierten que la cuenca del río Bogotá podría enfrentar una reducción de hasta el 23% en su oferta hídrica en el mediano plazo. Este escenario obligó a la entidad a actuar con precaución.“Si otorgamos concesiones sin considerar la variabilidad climática, los conflictos socioambientales pueden agravarse e incluso derivar en problemas de orden público”, explicó el funcionario.Obligaciones ambientales para la embotelladoraLa reducción del acceso al agua no fue la única medida adoptada. La CAR impuso una serie de obligaciones ambientales a la empresa, entre ellas la adquisición y restauración de 53 hectáreas en ecosistemas de páramo y bosque altoandino.Asimismo, se exigió la instalación de sistemas de monitoreo hidrometeorológico y la implementación de un sistema alternativo de abastecimiento para las comunidades locales. Estas acciones buscan mitigar el impacto ambiental y fortalecer la sostenibilidad del recurso.Ballesteros destacó que estas medidas no fueron negociadas, sino impuestas con base en criterios técnicos: “Las obligaciones no son consensuadas con los usuarios, son impuestas por la autoridad ambiental”.Debate sobre tarifas y uso del agua en ColombiaDurante la entrevista, el director de la CAR también aprovechó para cuestionar el esquema actual de cobro por uso del agua en el país. Señaló que las tarifas son demasiado bajas y no reflejan el verdadero valor del recurso ni los costos de gestión ambiental. “No es justo que los sectores productivos sigan pagando sumas irrisorias por el uso del agua”, afirmó tras indicar que en algunos casos el costo de recaudar las tasas supera lo que efectivamente se cobra.Este punto abre un debate más amplio sobre la necesidad de reformar los instrumentos económicos relacionados con los recursos naturales, especialmente en un contexto de creciente escasez hídrica.Autonomía de la CAR y controversia políticaOtro aspecto clave abordado fue la posible influencia del Gobierno Nacional en la decisión. Ballesteros negó cualquier injerencia directa del presidente Gustavo Petro o de otras autoridades nacionales. “Ni el presidente ni el gobierno nacional hicieron alguna solicitud para negar esta prórroga”, aseguró, defendiendo la autonomía de la CAR en este tipo de decisiones administrativas. No obstante, reconoció que el caso ha generado amplio debate político y social, reflejando la creciente tensión en torno al uso de los recursos naturales en Colombia.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca finalmente tomó una decisión de fondo frente a la operación de la embotelladora Industria Nacional de Gaseosas S.A.S - INDEGA S.A.S, de CocaCola FEMSA, en el municipio de La Calera, al negar la continuidad del uso de tres de los siete manantiales de los que venía extrayendo agua y reducir de manera significativa los volúmenes de captación en los restantes.La medida quedó consignada en la Resolución 347 de 2026, sustentada en un análisis técnico y jurídico que incluyó modelaciones hidrológicas y evaluaciones de variabilidad climática. A partir de estos estudios, la CAR determinó que la empresa no podrá seguir utilizando las aguas subterráneas de los pozos 5, 6 y 7, ubicados en el predio Los Cerritos, en la vereda Santa Helena.En contraste, la autoridad ambiental autorizó la continuidad del aprovechamiento en los pozos 1, 2, 3 y 4, situados en el predio San José, en la misma vereda, pero con una reducción del 42 % en el caudal permitido, que pasa de 3,23 a 1,9 litros por segundo.Además, la CAR recortó la vigencia de los permisos de 10 a 5 años. Al término de ese periodo, se evaluará nuevamente la posibilidad de prórroga, condicionada al comportamiento de la oferta hídrica en la zona.La decisión de la CAR incorpora criterios de prevención y corresponsabilidad frente a escenarios de variabilidad climática y su impacto sobre la disponibilidad de agua en La Calera.En ese sentido, se estableció que, ante eventos como sequías, contaminación, desastres naturales o afectaciones causadas por actividades humanas que reduzcan los caudales disponibles, la empresa deberá suspender de inmediato la captación en los manantiales autorizados, en cumplimiento del Decreto 1076 de 2015.El director general de la entidad, Alfred Ignacio Ballesteros, explicó que la decisión es resultado de más de un año de análisis que incluyó solicitudes de la comunidad, autoridades locales, organizaciones civiles y organismos de control.Como condición para mantener el uso de los cuatro manantiales autorizados, INDEGA S.A.S deberá cumplir una serie de medidas de inmediato cumplimiento, que serán vigiladas por la CAR.Entre las principales exigencias está la instalación de un sistema de medición en tiempo real del caudal captado, así como una estación hidrometeorológica con equipos calibrados y conectados a la red de monitoreo de la autoridad ambiental mediante telemetría.La empresa también deberá presentar un nuevo plan de compensaciones ambientales bajo el régimen establecido en la Resolución 284 de 2025, que impone estándares más estrictos. Este plan incluye la adquisición de 53,4 hectáreas de páramos y ecosistemas altoandinos para su conservación y restauración con especies nativas.Adicionalmente, deberá diseñar e implementar obras hidráulicas que permitan abastecer de manera alternativa el acueducto municipal, tanto urbano como rural, utilizando los caudales de los manantiales que ya no podrá explotar.
¿Qué pasaría si Colombia pudiera observar su territorio en tiempo real, anticiparse a cambios en el clima y detectar riesgos antes de que se conviertan en emergencias? La posibilidad de monitorear el país con tecnología avanzada desde el espacio, que durante años parecía lejana, hoy comienza a tomar forma.En ese sentido, fenómenos como El Niño y La Niña han evidenciado la importancia de contar con información oportuna sobre el clima y el país está dando un paso importante hacia esa capacidad.Colombia tendrá su primer satélite ambientalSe trata del desarrollo del primer satélite ambiental de Colombia, una herramienta que promete transformar la manera en que se gestionan los recursos naturales y se monitorean los riesgos.La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) firmó un acuerdo con la Agencia Espacial de Noruega para iniciar la transferencia de conocimiento que permitirá hacer realidad este proyecto.El convenio contempla la formación técnica del equipo colombiano en áreas como el diseño y la fabricación de satélites, así como el procesamiento de información espacial. Además, cuenta con una inversión de 2 millones de coronas noruegas, equivalentes a cerca de 1.000 millones de pesos.Según explicó Alfred Ballesteros, director de la CAR, el apoyo del país nordico será fundamental para llevar a cabo la iniciativa que busca modernizar la gestión ambiental en el territorio nacional.¿Qué es un satélite ambiental y por qué es clave?Un satélite ambiental es un dispositivo que orbita la Tierra para observar y analizar variables relacionadas con el clima, la atmósfera, los océanos y los ecosistemas. Gracias a sensores y cámaras de alta precisión, estos sistemas capturan información detallada que luego es usada por científicos y autoridades para tomar decisiones. Entre sus principales funciones se destacan:Medir la calidad del aire y la concentración de gases de efecto invernadero.Analizar temperatura, humedad, nubes y vientos.Monitorear la cobertura vegetal, la deforestación y el estado de los bosques.Vigilar recursos hídricos y evaluar eventos como incendios, erupciones o inundaciones.Hacer un seguimiento continuo del territorio, las 24 horas del día.Esta tecnología de observación constante convierte a los satélites en herramientas para anticipar riesgos, proteger el medio ambiente y planificar el uso del territorio.¿Cuándo entrará en operación el satélite ambiental colombiano?El satélite que desarrollará Colombia permitirá hacer seguimiento a variables estratégicas como la gestión del riesgo, el estado de los ecosistemas y el comportamiento de los recursos naturales.Además, "facilitará modelamientos geográficos y análisis avanzados de datos, lo que permitirá entender mejor lo que ocurre en el territorio y actuar con mayor precisión frente a distintos escenarios ambientales", según indicó la CAR.El diseño del satélite comenzará en 2026 y se estima que entre en operación en aproximadamente dos años. Una vez esté en funcionamiento, se convertirá en una herramienta clave para lograr una cobertura ambiental más amplia y eficiente.“Los desafíos actuales no admiten más diagnósticos; requieren acciones concretas, y este satélite es una de ellas”, afirmó Ballesteros.
Sin duda los vehículos eléctricos son el futuro, pues cuentan con ventajas como menos ruido, menos contaminación y una apuesta por el planeta. Sin embargo; en la práctica, para muchos conductores existen algunas barreras como encontrar dónde recargar.No es raro escuchar historias de personas con carros eléctricos que planean cuidadosamente sus rutas, revisan mapas de electrolineras o incluso evitan ciertos trayectos por miedo a quedarse sin batería.A diferencia de las estaciones de gasolina, los puntos de carga son escasos, más aún en un país como Colombia y, en muchos casos, poco visibles. Esta realidad hace que la transición energética, aunque necesaria, todavía se sienta lejana o complicada para algunos.No obstante, existen iniciativas recientes que comienzan a cambiar esa realidad mostrando que sí es posible facilitar el uso de vehículos eléctricos en el país.Puntos de recarga gratuita en la Sabana de BogotáLa Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) puso en funcionamiento tres electrolineras gratuitas, las cuales funcionan con paneles de energía solar, lo que las hace en un gran porcentaje autosustentables.Los puntos habilitados por la entidad ambiental están ubicados en:Sede regional de la CAR en Zipaquirá (barrio Algarra I).Aula Ambiental Abierta Embalse del Neusa.Aula Ambiental Abierta Puente Sopó.Estos puntos de recarga forman parte de la primera fase del proyecto que contempla la instalación de estaciones en distintos puntos de la jurisdicción, indicó la entidad.De acuerdo a la información dispuesta por la CAR, estas estaciones permiten la recarga de vehículos eléctricos, motocicletas y patinetas, e incluso dispositivos electrónicos como celulares y computadores.¿Cómo funciona el servicio?Al momento de llegar a alguno de los puntos mencionados anteriormente, los conductores deben tener en cuenta lo siguiente:El servicio es completamente gratuito.Cada usuario puede acceder a la carga por un tiempo máximo de 2 horas.En ese lapso, se puede obtener una autonomía aproximada de entre 30 y 40 kilómetros.Una carga completa puede tardar hasta 6 horas, similar a una electrolinera convencional.La puesta en marcha del proyecto requirió una inversión cercana a los $1.700 millones para beneficiar a más de 200.000 habitantes de la región. Asimismo, impacta a más de 150.000 visitantes anuales de los espacios ambientales de la CAR.“Sabemos que hay un déficit de más del 50 % de estaciones de carga para vehículos, por lo cual también debemos invertir para ofrecer soluciones reales y concretas a los ciudadanos, apoyando el proceso de transición hacia los vehículos eléctricos y con ello dejar de emitir contaminantes a la atmósfera”, afirmó el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros.
Para hacerle frente al fenómeno de El Niño, el municipio de La Ceja le apuesta a la energía limpia. Con una inversión de 800 millones de pesos, el municipio instaló 218 paneles solares en su acueducto, una medida que busca reducir los costos operativos y el consumo energéticoComo parte de las medidas de preparación ante la llegada del fenómeno de El Niño, el municipio de La Ceja inauguró 218 paneles solares en la planta de bombeo Pantanillo ubicada en El Retiro, una infraestructura clave para la captación del agua del acueducto municipal.El nuevo sistema solar fotovoltaico garantizará al menos el 20 % de la energía que consume la planta en sus picos más altos, reduciendo en un 19 % el consumo eléctrico total destinado al bombeo de agua para la comunidad."En gastos operacionales de las Empresas Públicas de La Ceja, nos va a permitir redistribuir ese ingreso para seguir mejorando la calidad de los servicios públicos que prestamos. Nosotros prestamos acueducto, alcantarillado, aseo, y tenemos que seguir fortaleciendo también la transformación de residuos sólidos. Entonces, ese recurso nos va a servir mucho para ese propósito", así lo dijo María Ilbed Santa, alcaldesa del municipio de La Ceja.El gerente de Empresas Públicas de La Ceja, Andrés Felipe Álvarez, destacó que esta iniciativa materializada con una inversión cercana a los 800 millones de pesos y el apoyo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) le permitirá al municipio un ahorro estimado en más de 2.300 millones de pesos durante los próximos 20 años.
Puerto Antioquia ubicado en el Urabá antioqueño, recibió al CMA CGM DIGNITY, un buque tipo Neo-Panamax de 366 metros de largo y una capacidad de 14.800 TEU, convirtiéndose en la embarcación más grande que ha operado hasta ahora en esta terminal marítima de la región de Urabá.Durante la estadía de la embarcación, se llevaron a cabo 211 movimientos de contenedores utilizando dos grúas STS, con las que se alcanzó una productividad promedio de 26 movimientos por hora por grúa. La maniobra logística comprendió tanto la descarga de mercancía proveniente de Asia como el embarque de productos destinados a la exportación colombiana."Esta motonave proviene de Asia y es muy importante para nosotros, porque conectamos a Asia directamente con la costa norte de Colombia. Tenemos programado realizar el descargue de 450 contenedores secos, y su principal commodity es tecnología", confirmó Gilberto peña, el vicepresidente de operaciones de Puerto Antioquia.Desde el punto de vista técnico, el CMA CGM DIGNITY pertenece a la categoría Neo-Panamax, diseñada para surcar las esclusas ampliadas del Canal de Panamá. El buque cuenta con 1.000 conexiones para contenedores refrigerados, capacidad para carga seca y tecnología de propulsión mediante Gas Natural Licuado (LNG), un sistema que apunta hacia una operación marítima más eficiente y sostenible.
Las autoridades y organizaciones sociales encendieron las alarmas ante una nueva incursión armada de presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Lejanías, zona rural del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño, donde se reportó la instalación de un retén ilegal.De acuerdo con la Fundación Sumapaz, hombres armados intimidaron a los habitantes de la zona y revisaron las pertenencias de quienes transitaban por los caminos de este sector.La organización defensora de derechos humanos señaló que estos hechos configuran la consumación de escenarios de riesgo previamente advertidos mediante alertas tempranas, las cuales según denuncian no habrían recibido una atención oportuna por parte de las instituciones estatales."Es muy probable que se presenten, con el pasar del tiempo, situaciones mucho más graves, y, por lo tanto, hacemos responsable a las autoridades porque, evidentemente, toda esta situación ya ha sido alertada", detalló Oscar Yesid Zapata de la Fundación Sumapaz.En esta región del departamento sirve como corredor estratégico de movilidad hacia el sur de Bolívar y constituye un territorio en constante disputa por el control de las economías ilícitas y la extracción minera.Ante este panorama, los líderes sociales hicieron un llamado urgente a las autoridades para garantizar la seguridad de los pobladores y advirtieron sobre la necesidad de adoptar medidas efectivas que eviten el escalamiento de la violencia en la subregión.
El alcalde de Unión Panamericana, Chocó, Geyson Copete, entregó un balance de la emergencia provocada por el terremoto registrado este lunes y confirmó que el municipio enfrenta una situación crítica por los daños ocasionados.Según el mandatario, hasta el último reporte se contabilizaban tres personas fallecidas y una herida. Las víctimas mortales fueron reportadas en el corregimiento de La Y, mientras que el lesionado se encontraba en Salero.“Las Lastimosamente tuvimos pérdidas humanas en el corregimiento de La Y. Allí perdimos tres personas, dos mujeres y un hombre”, explicó Copete al referirse al impacto del movimiento telúrico.El alcalde detalló que los tres fallecimientos ocurrieron en dos lugares diferentes. Una de las víctimas estaba en un negocio dedicado al expendio de pollo, mientras que las otras dos se encontraban en una vivienda familiar.En el corregimiento de Salero, una persona resultó herida y tuvo que ser trasladada hasta Quibdó, capital del Chocó, para recibir atención médica en un centro asistencial.Además de las víctimas, Copete reportó numerosas viviendas destruidas y señaló que los organismos de emergencia continúan recorriendo las zonas afectadas para establecer la totalidad de los daños.“La capacidad nuestra en el tema de socorro es muy pequeña, pero hemos logrado ya verificar muchas viviendas”, afirmó el mandatario, quien explicó que también se adelantan labores de remoción de escombros.El alcalde advirtió que todavía no se puede descartar que haya más personas afectadas, debido a que continúan las labores de búsqueda y verificación en estructuras que resultaron destruidas o seriamente comprometidas.Finalmente, Geyson Copete calificó el terremoto como un hecho sin precedentes para Unión Panamericana y manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el municipio tras el fuerte movimiento telúrico registrado este lunes.
La Fiscalía General de la Nación imputó al exviceministro del Interior Diego Cancino por el delito de acto sexual violento agravado, dentro de la investigación por la denuncia presentada por la contratista Viviana Vargas, por hechos que, según el ente acusador, ocurrieron el 9 de octubre de 2024.De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía durante la audiencia, cuando Cancino ya no ocupaba el cargo de viceministro, Vargas le presentó su hoja de vida. Según el ente acusador, él la invitó a un almuerzo en su vivienda para hablar sobre oportunidades laborales y fue durante ese encuentro cuando se habrían presentado los hechos denunciados. “Usted, señor Diego Andrés Cancino, realizó en contra de la señora Yuli Viviana Vargas actos de contenido sexual distintos al acceso carnal, consistentes en abrazarla por la espalda, con connotación sexual; tocarle sus senos por debajo de la blusa; intentar besarla en varias oportunidades y sujetarla de los brazos y las manos usando la fuerza”, afirmó el fiscal durante la audiencia.El ente acusador sostuvo que Cancino habría realizado estos actos de carácter sexual pese a que Vargas habría manifestado su incomodidad y su intención de retirarse del lugar. La Fiscalía también argumentó que el exviceministro se habría valido de su posición de autoridad y del vínculo laboral que había tenido con la denunciante en el Ministerio del Interior.Según la Fiscalía, Vargas se desempeñaba como asesora de Derechos Humanos y de la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio. En ese contexto, de acuerdo con el ente acusador, se habría generado un vínculo de confianza entre la denunciante y Cancino.Por estos hechos, la Fiscalía imputó el delito con la circunstancia de agravación correspondiente. La conducta tiene una pena base de entre 8 y 16 años de prisión y, con el agravante planteado por el ente acusador, la pena podría estar entre 10 y 24 años, en caso de una eventual condena.Durante la audiencia de imputación, Diego Cancino no aceptó los cargos. El proceso penal continuará y será la justicia la encargada de determinar, con base en las pruebas, si existe responsabilidad penal por los hechos investigados.