Mantener al día las revisiones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes no solo es una obligación para los conductores, sino también una medida para proteger la calidad del aire. Estos controles permiten identificar vehículos que generan altos niveles de contaminación y ayudan a reducir el impacto ambiental que produce el parque automotor en las ciudades y municipios del país.Con el objetivo de fortalecer esta vigilancia y garantizar que las pruebas se hagan de manera adecuada, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) puso en marcha una nueva herramienta tecnológica que permitirá monitorear en tiempo real las mediciones de emisiones que se lleven a cabo a los vehículos.Así funcionará el nuevo sistema de monitoreo de emisiones a vehículosLa entidad implementó el Sistema de Información, Monitoreo y Auditoría Ambiental Vehicular (SIMAAV), siendo el primero de su tipo en Colombia. Esta plataforma permitirá supervisar en línea las pruebas hechas en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), con el fin de verificar que se cumplan los procedimientos y requisitos establecidos por la normativa ambiental.El sistema tuvo una fase piloto en 2021 y, tras varios ajustes técnicos, comenzó su implementación formal en 2026. Actualmente opera en dos CDA ubicados en los municipios de Gachancipá y Mosquera, aunque la CAR indicó que espera extenderlo progresivamente a todos los centros de diagnóstico que se encuentran bajo su jurisdicción.Con esta tecnología, la autoridad ambiental podrá recibir y procesar automáticamente los resultados de las pruebas de emisiones, además de generar alertas cuando detecte posibles inconsistencias. La plataforma también permite garantizar la trazabilidad y confiabilidad de la información obtenida durante las inspecciones.Carlos Emilio Gutiérrez, subdirector de Planificación y Ordenamiento de la CAR, explicó que “el sistema facilita la consolidación y análisis de grandes volúmenes de datos, lo que contribuye a tomar decisiones más precisas para proteger la calidad del aire y promover la sostenibilidad ambiental en la región”.Otro de los objetivos del SIMAAV es vigilar el correcto funcionamiento de los CDA. La herramienta permite auditar la ejecución de las pruebas, verificar la emisión de resultados y revisar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y normativas por parte de estos establecimientos.En caso de encontrar irregularidades o incumplimientos, el sistema genera reportes que son enviados a las autoridades competentes para que se adelanten las acciones correspondientes. Dependiendo de la gravedad de las fallas detectadas, incluso podrían aplicarse medidas como el cierre de los centros involucrados.La CAR señaló que actualmente la plataforma opera en establecimientos ubicados en las regionales de Sabana Centro y Sabana Occidente, mientras avanza su expansión para lograr una cobertura total en toda la jurisdicción.¿Qué pasa si un conductor no cumple con estas revisiones?Las autoridades recuerdan que circular sin tener vigente la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes puede acarrear sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.Además, manipular los sistemas de control de emisiones o intentar aprobar las pruebas mediante prácticas irregulares puede derivar en investigaciones y sanciones adicionales.
Tras las advertencias del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) sobre la probabilidad de que el fenómeno de El Niño sea más intenso de lo normal sigue creciendo, pues según la entidad para septiembre alcanzaría un 90 % de probabilidad.De acuerdo a los más recientes boletines técnicos de monitoreo internacional, entre mayo y julio de este año ya existe un 61 % de probabilidad de que se establezcan condiciones asociadas a este fenómeno, con un incremento progresivo en los meses siguientes.Las proyecciones son aún más preocupantes “hacia finales de año. Se prevé un evento fuerte, con un calentamiento del océano Pacífico de hasta 1.5°C por encima de lo normal”, lo que podría intensificar sus efectos a escala global.Las autoridades ambientales también advirtieron sobre los riesgos que pueden ocurrir como el aumento de incendios forestales, olas de calor más intensas, estrés hídrico y afectaciones directas en la producción de alimentos.En este contexto, la preparación ante la llegada del fenómeno climático es una necesidad urgente, especialmente en las zonas rurales, donde el acceso al agua depende en algunos casos de las condiciones climáticas. La estrategia silenciosa que preparan en CundinamarcaFrente a este escenario, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha puesto en marcha una estrategia preventiva que busca mitigar los efectos del fenómeno antes de que se intensifiquen.De acuerdo con la CAR, se trata de la implementación de 1.000 reservorios de agua en zonas rurales, diseñados para almacenar el recurso durante temporadas de lluvia y garantizar su disponibilidad en épocas de sequía.El proyecto hace parte del programa de Unidades Productivas Sostenibles (UPS) y ya beneficia a 20 municipios del departamento. “Cada reservorio tiene la capacidad de almacenar alrededor de 120.000 litros de agua, una cantidad significativa que puede cubrir necesidades domésticas, de riego y de producción agropecuaria durante varios meses”.Según indican el impacto es tangible, pues con el agua recolectada, una finca puede abastecer durante aproximadamente seis meses a sus animales, además de mantener cultivos y asegurar el consumo básico de las familias campesinas.En términos prácticos, “cada reservorio equivale al consumo diario de cerca de 800 personas o al llenado de varias piscinas pequeñas”.De igual forma, la corporación explica que la estrategia va más allá del almacenamiento de agua, pues incluye acciones complementarias como:La restauración ambiental.La siembra de árboles nativos y frutales.La implementación de sistemas silvopastoriles.La creación de biofábricas para insumos orgánicos. En conjunto, “estas medidas buscan fortalecer la sostenibilidad del campo y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático”.Hasta el momento, los resultados indican un gran avance, más de 1.000 unidades productivas intervenidas, 58.000 metros cúbicos de agua lluvia recolectados, cientos de miles de árboles plantados y miles de hectáreas restauradas, con una inversión cercana a los $39.000 mil millones.
El director de la CAR Cundinamarca, Alfred Ballesteros, advirtió sobre el riesgo que representa el fortalecimiento del fenómeno de El Niño para Bogotá y la región andina, en medio de las alertas emitidas por el Ideam sobre el aumento de probabilidades de sequía en el país. Durante entrevista en Recap Blu, el funcionario aseguró que las autoridades y la ciudadanía deben adoptar medidas permanentes frente al cambio climático y el estrés hídrico.Ballesteros explicó que desde hace semanas la entidad viene solicitando a alcaldías, empresas de servicios y sectores productivos implementar planes de contingencia y programas de ahorro de agua. “La naturaleza nos está demostrando hoy en día que esta es nuestra nueva realidad y que cada vez serán más frecuentes estos fenómenos de sequías extremas”, afirmó.El director detalló que la CAR adelanta acciones como recuperación de microcuencas, construcción de reservorios y entrega de kits para recolección de agua lluvia. “Hemos entregado ya más de 80.000 kits” y “más de 3.000 reservorios construidos”, señaló.Embalses continúan en niveles críticosUno de los principales puntos de preocupación expuestos por Ballesteros es el estado de los embalses que abastecen a Bogotá y municipios cercanos. Según indicó, sistemas como Sisga y Tominé están “escasamente sobre el 50 %”, mientras Chuza se encuentra “sobre el 34 %”.“Lo que preocupa es que si el periodo de sequía o el fenómeno de El Niño se prolongan en el tiempo (…) claramente nuestros embalses no tienen capacidad para suministrarnos agua por cerca de siete meses sin que tengamos lluvias importantes”, sostuvo.El funcionario insistió en que las soluciones no pueden limitarse a infraestructura tradicional. “El problema de la oferta hídrica no se soluciona con cemento ni construyendo más redes. Se soluciona con inversiones basadas en naturaleza”, expresó.Riesgo de crisis hídrica y energéticaBallesteros también citó estudios de vulnerabilidad climática realizados por la Universidad Nacional, según los cuales la cuenca del río Bogotá podría enfrentar una reducción del 23 % en la oferta hídrica hacia 2040.“En 15 años vamos a estar con crisis energética, vamos a estar con racionamientos permanentes de agua”, advirtió, al tiempo que cuestionó la falta de acciones estructurales en algunos territorios.Finalmente, hizo un llamado a mantener hábitos permanentes de ahorro de agua y energía. “Cada gota cuenta”, afirmó, al recomendar reutilización de aguas, aprovechamiento de aguas lluvias y uso de electrodomésticos de bajo consumo energético.Escuche la entrevsita completa acá:
Las autoridades ambientales en Cundinamarca han encendido las alarmas por el descontrolado crecimiento urbanístico en Bogotá y en los municipios, lo que ha generado un incremento en la presión sobre recursos naturales, uno de ellos el agua, que, en este 2026, ha estado en vilo por la llegada del fenómeno del superniño. De acuerdo con la CAR Cundinamarca, son lineamientos para proteger, más no para restringir el crecimiento habitacional ni detener las construcciones en las ciudades y municipios.Es por esto que los municipios, en los que los habitantes desean construir, deben tener en cuenta nuevos lineamientos para permitir esos desarrollos urbanísticos. Entre la lista está la estandarización del suelo rural suburbano. También entran los topes de vivienda en suelo campestre, que ahora solo permitirán dos viviendas por hectárea, ya que antes eran ocho por esta misma medida y “estaba sobrepasando la capacidad de los ecosistemas”.“El propósito del acuerdo no es frenar el desarrollo, sino garantizar que este ocurra de manera ordenada, responsable y compatible con la capacidad ambiental del territorio y la sostenibilidad de largo plazo”, precisó el director general de la CAR, Alfred Ballesteros.Entre tanto, las decisiones que se toman con la CAR, según el director, obedecen a una cifra preocupante, ya que se evidencia que el 25,5 % del territorio tiene índices de vulnerabilidad hídrica altos o muy altos; asimismo, 15 municipios del departamento registran un riesgo asociado al cambio climático y 28 municipios ya tienen sobrecapacidad, lo que afecta la sostenibilidad.
La Corporación Autónoma Regional suspendió las actividades de una compostera ubicada en la vereda Fute, del municipio de Bojacá, Cundinamarca, luego de recibir una denuncia de la comunidad.Según la queja, al lugar estaban llegando muchas volquetas a descargar materiales desconocidos. Por eso, un equipo de la CAR visitó la zona y comprobó que efectivamente los vehículos ingresaban y dejaban lodo, del cual se tomaron muestras para analizarlos.La directora regional Sabana Occidente de la CAR, Camila Cortés Acosta, explicó que estas decisiones son temporales y buscan evitar daños al medio ambiente mientras se revisa la situación.“Se descubrió un vertimiento en flagrancia que, como resultado de una actividad de compostaje, se disponía directamente a una fuente hídrica de origen natural identificada por la Corporación. Esto fue con ocasión de un proceso de compostaje que, en el mismo sentido, también se puso una medida preventiva de esta actividad de recepción de lodo de una empresa del Distrito de Bogotá”, indicó Cortés.Durante la inspección, los encargados del sitio no pudieron mostrar permisos ni documentos que demostraran que estaban cumpliendo las normas ambientales. Por esta razón, la CAR ordenó detener de inmediato la recepción de esos residuos.Además, los funcionarios encontraron que de la planta estaban saliendo líquidos contaminantes que podrían estar llegando a una fuente de agua cercana. Esto llevó a una segunda medida: suspender también la disposición de residuos en el lugar.La CAR continuará vigilando el caso para verificar que se tomen las medidas necesarias y se cumpla la ley.
Las playas siempre han tenido algo casi mágico. Ese instante en el que los pies tocan la arena tibia, el sonido constante, el agua y la brisa que parece borrar cualquier preocupación. Son espacios que evocan descanso, libertad y una conexión profunda con la naturaleza.No es extraño que, incluso lejos del mar, surja el deseo de recrear esa experiencia,entonces algunos optan por construir pequeños paraísos artificiales que imiten esa sensación de escape. Sin embargo, cuando esa idea se lleva a la realidad sin considerar el entorno, el resultado puede ser muy distinto al esperado.En Colombia, un proyecto vivienda que buscaba justamente replicar ese ambiente paradisíaco terminó generando preocupación ambiental y la intervención de las autoridades.Construyen playa de arena en zona protegidaLa playa artificial fue construida en un conjunto residencial en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca, específicamente dentro de la zona de protección de una laguna natural sin nombre.Durante una inspección técnica, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) evidenció que la intervención ocupaba más de 1.300 metros cuadrados dentro de la ronda hídrica, un área que está destinada a la protección ambiental.Allí no solo se había instalado arena para simular la playa, sino también palmeras, diez kioscos, un parque infantil y un cerramiento metálico, todo a pocos metros del borde del agua.Según la CAR, el problema principal radica en que estas zonas cumplen funciones ecológicas esenciales como proteger la biodiversidad, regular el agua y prevenir riesgos como erosión o inundaciones. La construcción invadía directamente este espacio protegido, con estructuras ubicadas incluso a tan solo 2,5 metros del espejo de agua.Debido a esto, la entidad ambiental ordenó la suspensión de las obras e inició un proceso sancionatorio para determinar responsabilidades y definir medidas que mitiguen el impacto ambiental causado.Por último, la Corporación hizo un llamado a constructoras, administraciones y ciudadanía en general a respetar las áreas de protección ambiental y a gestionar oportunamente los permisos requeridos antes de llevar a cabo cualquier intervención en cercanías a fuentes hídricas.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) decidió reducir significativamente el acceso al agua a una embotelladora de Coca-Cola en el municipio de La Calera. Según explicó el director de la entidad, Alfred Ballesteros, en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la medida responde exclusivamente a criterios técnicos relacionados con la disponibilidad del recurso hídrico y los efectos del cambio climático.El recorte alcanza el 58% del caudal previamente autorizado y limita tanto el tiempo de concesión como el número de manantiales que pueden ser explotados. Aunque algunos sectores han interpretado la decisión como un golpe directo a la multinacional, la CAR insiste en que se trata de una acción preventiva para garantizar el abastecimiento humano.Prioridad al consumo humano en medio de la crisis Ballesteros fue enfático al señalar que la normativa colombiana obliga a las autoridades ambientales a priorizar el acceso al agua para consumo humano. “Es nuestro deber que la mayor parte de este recurso hídrico sea para el consumo humano de los habitantes”, afirmó, subrayando que solo los excedentes pueden destinarse a actividades productivas.La decisión se basa en un análisis integral del balance hídrico de la microcuenca donde opera la embotelladora. Este estudio evalúa tanto la oferta de agua disponible como la demanda existente, en un contexto marcado por la variabilidad climática. El director explicó que, aunque no se determinó que la empresa estuviera afectando directamente el suministro de agua a las comunidades, sí existe un riesgo futuro. “Nuestro deber como autoridad ambiental es prever los escenarios futuros asociados a los efectos del cambio climático”, sostuvo.Uno de los puntos más debatidos durante la entrevista fue la aparente contradicción entre estudios técnicos. Mientras algunos análisis indicarían que no hay afectación actual significativa, la CAR tomó la decisión basándose en una evaluación más amplia que incluye proyecciones climáticas.De acuerdo con Ballesteros, investigaciones como las realizadas por la Universidad Nacional advierten que la cuenca del río Bogotá podría enfrentar una reducción de hasta el 23% en su oferta hídrica en el mediano plazo. Este escenario obligó a la entidad a actuar con precaución.“Si otorgamos concesiones sin considerar la variabilidad climática, los conflictos socioambientales pueden agravarse e incluso derivar en problemas de orden público”, explicó el funcionario.Obligaciones ambientales para la embotelladoraLa reducción del acceso al agua no fue la única medida adoptada. La CAR impuso una serie de obligaciones ambientales a la empresa, entre ellas la adquisición y restauración de 53 hectáreas en ecosistemas de páramo y bosque altoandino.Asimismo, se exigió la instalación de sistemas de monitoreo hidrometeorológico y la implementación de un sistema alternativo de abastecimiento para las comunidades locales. Estas acciones buscan mitigar el impacto ambiental y fortalecer la sostenibilidad del recurso.Ballesteros destacó que estas medidas no fueron negociadas, sino impuestas con base en criterios técnicos: “Las obligaciones no son consensuadas con los usuarios, son impuestas por la autoridad ambiental”.Debate sobre tarifas y uso del agua en ColombiaDurante la entrevista, el director de la CAR también aprovechó para cuestionar el esquema actual de cobro por uso del agua en el país. Señaló que las tarifas son demasiado bajas y no reflejan el verdadero valor del recurso ni los costos de gestión ambiental. “No es justo que los sectores productivos sigan pagando sumas irrisorias por el uso del agua”, afirmó tras indicar que en algunos casos el costo de recaudar las tasas supera lo que efectivamente se cobra.Este punto abre un debate más amplio sobre la necesidad de reformar los instrumentos económicos relacionados con los recursos naturales, especialmente en un contexto de creciente escasez hídrica.Autonomía de la CAR y controversia políticaOtro aspecto clave abordado fue la posible influencia del Gobierno Nacional en la decisión. Ballesteros negó cualquier injerencia directa del presidente Gustavo Petro o de otras autoridades nacionales. “Ni el presidente ni el gobierno nacional hicieron alguna solicitud para negar esta prórroga”, aseguró, defendiendo la autonomía de la CAR en este tipo de decisiones administrativas. No obstante, reconoció que el caso ha generado amplio debate político y social, reflejando la creciente tensión en torno al uso de los recursos naturales en Colombia.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca finalmente tomó una decisión de fondo frente a la operación de la embotelladora Industria Nacional de Gaseosas S.A.S - INDEGA S.A.S, de CocaCola FEMSA, en el municipio de La Calera, al negar la continuidad del uso de tres de los siete manantiales de los que venía extrayendo agua y reducir de manera significativa los volúmenes de captación en los restantes.La medida quedó consignada en la Resolución 347 de 2026, sustentada en un análisis técnico y jurídico que incluyó modelaciones hidrológicas y evaluaciones de variabilidad climática. A partir de estos estudios, la CAR determinó que la empresa no podrá seguir utilizando las aguas subterráneas de los pozos 5, 6 y 7, ubicados en el predio Los Cerritos, en la vereda Santa Helena.En contraste, la autoridad ambiental autorizó la continuidad del aprovechamiento en los pozos 1, 2, 3 y 4, situados en el predio San José, en la misma vereda, pero con una reducción del 42 % en el caudal permitido, que pasa de 3,23 a 1,9 litros por segundo.Además, la CAR recortó la vigencia de los permisos de 10 a 5 años. Al término de ese periodo, se evaluará nuevamente la posibilidad de prórroga, condicionada al comportamiento de la oferta hídrica en la zona.La decisión de la CAR incorpora criterios de prevención y corresponsabilidad frente a escenarios de variabilidad climática y su impacto sobre la disponibilidad de agua en La Calera.En ese sentido, se estableció que, ante eventos como sequías, contaminación, desastres naturales o afectaciones causadas por actividades humanas que reduzcan los caudales disponibles, la empresa deberá suspender de inmediato la captación en los manantiales autorizados, en cumplimiento del Decreto 1076 de 2015.El director general de la entidad, Alfred Ignacio Ballesteros, explicó que la decisión es resultado de más de un año de análisis que incluyó solicitudes de la comunidad, autoridades locales, organizaciones civiles y organismos de control.Como condición para mantener el uso de los cuatro manantiales autorizados, INDEGA S.A.S deberá cumplir una serie de medidas de inmediato cumplimiento, que serán vigiladas por la CAR.Entre las principales exigencias está la instalación de un sistema de medición en tiempo real del caudal captado, así como una estación hidrometeorológica con equipos calibrados y conectados a la red de monitoreo de la autoridad ambiental mediante telemetría.La empresa también deberá presentar un nuevo plan de compensaciones ambientales bajo el régimen establecido en la Resolución 284 de 2025, que impone estándares más estrictos. Este plan incluye la adquisición de 53,4 hectáreas de páramos y ecosistemas altoandinos para su conservación y restauración con especies nativas.Adicionalmente, deberá diseñar e implementar obras hidráulicas que permitan abastecer de manera alternativa el acueducto municipal, tanto urbano como rural, utilizando los caudales de los manantiales que ya no podrá explotar.
¿Qué pasaría si Colombia pudiera observar su territorio en tiempo real, anticiparse a cambios en el clima y detectar riesgos antes de que se conviertan en emergencias? La posibilidad de monitorear el país con tecnología avanzada desde el espacio, que durante años parecía lejana, hoy comienza a tomar forma.En ese sentido, fenómenos como El Niño y La Niña han evidenciado la importancia de contar con información oportuna sobre el clima y el país está dando un paso importante hacia esa capacidad.Colombia tendrá su primer satélite ambientalSe trata del desarrollo del primer satélite ambiental de Colombia, una herramienta que promete transformar la manera en que se gestionan los recursos naturales y se monitorean los riesgos.La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) firmó un acuerdo con la Agencia Espacial de Noruega para iniciar la transferencia de conocimiento que permitirá hacer realidad este proyecto.El convenio contempla la formación técnica del equipo colombiano en áreas como el diseño y la fabricación de satélites, así como el procesamiento de información espacial. Además, cuenta con una inversión de 2 millones de coronas noruegas, equivalentes a cerca de 1.000 millones de pesos.Según explicó Alfred Ballesteros, director de la CAR, el apoyo del país nordico será fundamental para llevar a cabo la iniciativa que busca modernizar la gestión ambiental en el territorio nacional.¿Qué es un satélite ambiental y por qué es clave?Un satélite ambiental es un dispositivo que orbita la Tierra para observar y analizar variables relacionadas con el clima, la atmósfera, los océanos y los ecosistemas. Gracias a sensores y cámaras de alta precisión, estos sistemas capturan información detallada que luego es usada por científicos y autoridades para tomar decisiones. Entre sus principales funciones se destacan:Medir la calidad del aire y la concentración de gases de efecto invernadero.Analizar temperatura, humedad, nubes y vientos.Monitorear la cobertura vegetal, la deforestación y el estado de los bosques.Vigilar recursos hídricos y evaluar eventos como incendios, erupciones o inundaciones.Hacer un seguimiento continuo del territorio, las 24 horas del día.Esta tecnología de observación constante convierte a los satélites en herramientas para anticipar riesgos, proteger el medio ambiente y planificar el uso del territorio.¿Cuándo entrará en operación el satélite ambiental colombiano?El satélite que desarrollará Colombia permitirá hacer seguimiento a variables estratégicas como la gestión del riesgo, el estado de los ecosistemas y el comportamiento de los recursos naturales.Además, "facilitará modelamientos geográficos y análisis avanzados de datos, lo que permitirá entender mejor lo que ocurre en el territorio y actuar con mayor precisión frente a distintos escenarios ambientales", según indicó la CAR.El diseño del satélite comenzará en 2026 y se estima que entre en operación en aproximadamente dos años. Una vez esté en funcionamiento, se convertirá en una herramienta clave para lograr una cobertura ambiental más amplia y eficiente.“Los desafíos actuales no admiten más diagnósticos; requieren acciones concretas, y este satélite es una de ellas”, afirmó Ballesteros.
Sin duda los vehículos eléctricos son el futuro, pues cuentan con ventajas como menos ruido, menos contaminación y una apuesta por el planeta. Sin embargo; en la práctica, para muchos conductores existen algunas barreras como encontrar dónde recargar.No es raro escuchar historias de personas con carros eléctricos que planean cuidadosamente sus rutas, revisan mapas de electrolineras o incluso evitan ciertos trayectos por miedo a quedarse sin batería.A diferencia de las estaciones de gasolina, los puntos de carga son escasos, más aún en un país como Colombia y, en muchos casos, poco visibles. Esta realidad hace que la transición energética, aunque necesaria, todavía se sienta lejana o complicada para algunos.No obstante, existen iniciativas recientes que comienzan a cambiar esa realidad mostrando que sí es posible facilitar el uso de vehículos eléctricos en el país.Puntos de recarga gratuita en la Sabana de BogotáLa Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) puso en funcionamiento tres electrolineras gratuitas, las cuales funcionan con paneles de energía solar, lo que las hace en un gran porcentaje autosustentables.Los puntos habilitados por la entidad ambiental están ubicados en:Sede regional de la CAR en Zipaquirá (barrio Algarra I).Aula Ambiental Abierta Embalse del Neusa.Aula Ambiental Abierta Puente Sopó.Estos puntos de recarga forman parte de la primera fase del proyecto que contempla la instalación de estaciones en distintos puntos de la jurisdicción, indicó la entidad.De acuerdo a la información dispuesta por la CAR, estas estaciones permiten la recarga de vehículos eléctricos, motocicletas y patinetas, e incluso dispositivos electrónicos como celulares y computadores.¿Cómo funciona el servicio?Al momento de llegar a alguno de los puntos mencionados anteriormente, los conductores deben tener en cuenta lo siguiente:El servicio es completamente gratuito.Cada usuario puede acceder a la carga por un tiempo máximo de 2 horas.En ese lapso, se puede obtener una autonomía aproximada de entre 30 y 40 kilómetros.Una carga completa puede tardar hasta 6 horas, similar a una electrolinera convencional.La puesta en marcha del proyecto requirió una inversión cercana a los $1.700 millones para beneficiar a más de 200.000 habitantes de la región. Asimismo, impacta a más de 150.000 visitantes anuales de los espacios ambientales de la CAR.“Sabemos que hay un déficit de más del 50 % de estaciones de carga para vehículos, por lo cual también debemos invertir para ofrecer soluciones reales y concretas a los ciudadanos, apoyando el proceso de transición hacia los vehículos eléctricos y con ello dejar de emitir contaminantes a la atmósfera”, afirmó el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.