La llegada de Diego Andrés Salcedo Monsalve a la presidencia de Fiduprevisora abrió un nuevo debate sobre los criterios de idoneidad y experiencia para dirigir una de las entidades fiduciarias más importantes del país, encargada de administrar billonarios recursos públicos.
Las dudas fueron planteadas, entre otros, por la Red de Veedurías Ciudadanas, liderada por el abogado Pablo Bustos, que cuestionó si el candidato cumple con los requisitos técnicos y de experiencia exigidos para asumir la dirección de la entidad.
La controversia comenzó tras la publicación de la hoja de vida de Salcedo Monsalve, quien fue postulado para presidir Fiduprevisora. Según la organización ciudadana, existirían vacíos frente a la experiencia específica que demandan los estatutos de la fiduciaria estatal, los cuales establecen que quien ocupe la presidencia debe contar con conocimientos e idoneidad relacionados con el objeto fiduciario.
De acuerdo con los cuestionamientos, aunque Salcedo es abogado y tiene estudios de posgrado en gestión de telecomunicaciones y ecosistema digital, no sería evidente su experiencia directa en áreas como negocios fiduciarios, administración de patrimonios autónomos, manejo de fondos públicos o mercado financiero.
La discusión toma mayor relevancia por el papel que cumple Fiduprevisora dentro de la administración de recursos estratégicos del Estado. La entidad tiene a cargo fondos de gran magnitud, entre ellos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), además de otros patrimonios públicos que movilizan millonarios recursos.
Precisamente, el eventual nombramiento ocurre en un momento particularmente sensible para la entidad, debido a la crisis que atraviesa el sistema de salud del magisterio. En los últimos meses, el modelo ha enfrentado múltiples cuestionamientos relacionados con retrasos en servicios, auditorías, fallas operativas y denuncias sobre dificultades administrativas.
A las críticas de la Red de Veedurías se sumó el Sindicato de Trabajadores Fiduciarios, Sintrafiduciarios, que solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Superintendencia Financiera revisar el proceso de nombramiento y verificar si el aspirante cumple con los requisitos legales y estatutarios para ocupar el cargo.
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El sindicato incluso pidió que, de encontrarse inconsistencias o incumplimientos frente a las exigencias establecidas, se evalúe la posibilidad de frenar la designación.
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