En medio de la creciente controversia por la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) dentro de la política de “Paz Total” del Gobierno nacional, el abogado del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, defendió el traslado inicial de cerca de 500 integrantes del grupo armado a estos espacios de concentración y aseguró que el proceso busca generar garantías reales para abandonar las armas y avanzar hacia la legalidad.
Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Giraldo explicó que la medida hace parte de una estrategia piloto acordada entre el Gobierno y el denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), nombre con el que se autodenomina el Clan del Golfo. El jurista sostuvo que la concentración parcial de combatientes no debe interpretarse como una concesión política, sino como una etapa inicial dentro de un eventual proceso de paz.
“Yo antes considero que cualquier persona que ya no porte un fusil o un arma es alguien menos que pueda causar daño. Entonces, 500 personas me parece que es razonable”, afirmó Giraldo.
Clan del Golfo tendría más de 10.000 hombres armados
Uno de los datos que más llamó la atención durante la entrevista fue la cifra entregada por el abogado sobre el tamaño actual de la organización criminal. Según Giraldo, el Clan del Golfo tendría “más de 10.000 hombres” en diferentes regiones del país, aunque inicialmente solo 500 combatientes serían trasladados a las zonas de ubicación temporal.
El abogado explicó que la selección de los integrantes que participarán en esta primera fase será realizada por el Estado Mayor Conjunto del grupo armado y no por el Gobierno. Además, indicó que el objetivo es evaluar la capacidad institucional del Estado para responder a las necesidades de los combatientes y de las comunidades afectadas por el conflicto.
Esto viene a ser un programa piloto de qué tiene el Estado de oferta institucional para los combatientes y para las comunidades donde ellos tienen presencia
Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte debate jurídico y político sobre las facultades del Ejecutivo para suspender órdenes de captura, especialmente aquellas con fines de extradición, contra miembros del Clan del Golfo vinculados al proceso.
La disputa con la Fiscalía por las órdenes de captura
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la controversia entre el Gobierno y la Fiscalía General de la Nación por la suspensión de órdenes de captura contra algunos líderes del grupo armado, entre ellos alias “Chiquito Malo”, máximo jefe del Clan del Golfo, conocido dentro de la organización como “comandante Javier”.
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Giraldo cuestionó la decisión de la Fiscalía de abstenerse de reconocer la resolución emitida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, argumentando que la suspensión de órdenes de captura “opera de pleno derecho por ministerio de la ley”.
“La fiscal no tiene competencia para decir de cuáles se abstiene y de cuáles no”, sostuvo el abogado. La fiscal general ha manifestado públicamente sus reparos frente al proceso, argumentando que no existen suficientes garantías sobre el cumplimiento de compromisos por parte del Clan del Golfo, entre ellos el cese de actividades criminales como el narcotráfico, la minería ilegal o el reclutamiento de menores.
Frente a esos cuestionamientos, Giraldo aseguró que existe un mecanismo internacional de verificación que ya ha evaluado los compromisos adquiridos en Doha, Qatar, sede de conversaciones preliminares entre las partes.
“No es un beneficio”: la defensa de las ZUT
Durante la entrevista, los periodistas insistieron en que las zonas de ubicación temporal podrían representar beneficios judiciales y operativos para los integrantes del Clan del Golfo, al quedar temporalmente fuera del alcance de operaciones militares y judiciales.
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Sin embargo, Giraldo rechazó esa interpretación y afirmó que las ZUT deben entenderse como una herramienta para evitar la continuidad del conflicto armado. “No lo miran como un beneficio. Es una fórmula de tránsito hacia la legalidad del combatiente”, expresó.
Asimismo, aseguró que el éxito del proceso dependerá de la capacidad del Estado para brindar garantías jurídicas, seguridad y oportunidades reales de reintegración. “No es solamente que entreguen el fusil, porque si no, te lo puedo asegurar que el ciclo perverso de la violencia va a continuar”, advirtió el abogado.
Debate sobre el marco jurídico de la Paz Total
Uno de los cuestionamientos más recurrentes alrededor de la negociación con estructuras criminales tiene que ver con la ausencia de una ley de sometimiento plenamente aprobada para organizaciones como el Clan del Golfo.
No obstante, Giraldo defendió la existencia de herramientas jurídicas suficientes para avanzar en el proceso. Según explicó, el Ejército Gaitanista de Colombia está catalogado como un Grupo Armado Organizado bajo la Ley 1908 de 2018, lo que permitiría aplicar normas del Derecho Internacional Humanitario y protocolos de paz. “Mientras el artículo 22 de la Constitución Política no desaparezca, hay marco jurídico para la paz”, afirmó.
Clan del Golfo niega participación política en elecciones
Al final de la entrevista, Giraldo también negó que el Clan del Golfo esté interviniendo en la actual campaña electoral o promoviendo candidatos políticos en regiones bajo su influencia.
“No están haciendo proselitismo”, respondió al ser consultado sobre una eventual participación política del grupo armado. Aunque reconoció que históricamente grupos armados han influido en procesos electorales en Colombia, insistió en que, según su versión, el Ejército Gaitanista no estaría respaldando candidaturas específicas.
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