Se acaba la era de la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro y comienza la era del sometimiento a la justicia del presidente Abelardo De La Espriella. Con el tiempo en contra y el riesgo de repetir el error que llevó a expedir el presupuesto por decreto, el Congreso logró aprobar la prórroga de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público.En sus 30 artículos se desmonta el modelo de negociaciones del Gobierno anterior: se acaban las mesas de diálogo, los grupos criminales pierden cualquier reconocimiento político, desaparecen los gestores de paz y la política de seguridad queda centrada en dos caminos: el sometimiento a la justicia o la acción de la Fuerza Pública.El presidente De La Espriella sancionará la ley con el texto aprobado por el Senado. Allí, el debate tuvo que repetirse por las críticas de la oposición petrista, que cuestionó que la ponencia no se hubiera presentado ni discutido debidamente.Entre los principales cambios aprobados por los senadores está el endurecimiento de las condiciones para acceder a las rebajas de penas. En el caso de los delitos relacionados con lavado de activos, se amplió de uno a seis años el tiempo de privación efectiva de la libertad exigido para acceder al beneficio correspondiente.Otro de los ajustes establece que no podrán recibir el tratamiento penal diferenciado quienes hayan sido condenados por reclutamiento de menores de edad o sean responsables de reclutar a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años para las estructuras criminales.En materia de sanciones, el texto mantiene un esquema diferenciado según el nivel de responsabilidad dentro de las organizaciones. Los integrantes de base podrán acceder a una reducción de hasta el 50 % de sus penas, mientras que para los cabecillas y quienes desempeñen funciones de mando la rebaja será de hasta el 30 %. En ningún caso la condena para estos últimos podrá ser inferior a diez años de prisión.La iniciativa también establece que quienes se sometan deberán cumplir sus penas en centros de reclusión bajo la administración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con restricciones efectivas de la libertad.El único artículo que fue eliminado fue el que contemplaba la posibilidad del uso de gastos reservados del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON). Además, se estableció que los departamentos y municipios no tendrán que asumir las cargas derivadas de los procesos de sometimiento, cuya coordinación estará en cabeza del Ministerio de Justicia.Al cierre de la discusión, tanto el Gobierno como la bancada oficialista defendieron que la nueva ley cambia por completo las reglas de juego: no habrá zonas especiales de concentración, sino que los integrantes de las organizaciones pagarán sus condenas en cárceles o centros administrados por el INPEC; no habrá suspensión de órdenes de captura ni de extradición, tampoco mesas de diálogo ni interrupción de operaciones militares.Finalmente, quienes se sometan a la justicia perderán definitivamente sus derechos políticos. No podrán aspirar a cargos de elección popular, ocupar empleos públicos ni contratar con el Estado.
Tras casi dos años y medio al frente de la Fiscalía General de la Nación, Luz Adriana Camargo rompió su silencio en una entrevista concedida a Noticias Caracol, con Juan Roberto Vargas.En el diálogo, la alta funcionaria presentó un balance de sus actuaciones frente a los principales escándalos de corrupción e investigaciones del país, defendió la autonomía de su gestión y evaluó de manera crítica los resultados del modelo de "Paz Total".El balance de la 'Paz Total': "Definitivamente no lo fue"Al evaluar si esta estrategia logró sus objetivos frente al accionar de grupos armados ilegales, Camargo fue contundente: "En concepto mío esa paz total [tuvo] dificultades para que fuese exitosa y no lo fue definitivamente no lo fue".La Fiscal General detalló que el modelo enfrentó serias fallas de diseño y ejecución, empezando por la falta de estructura en los diálogos regionales: "Lo primero que yo creo es que haber planteado un modelo de diálogos regionales demandaba una gran capacidad de planeación que yo la veo ausente porque eso significa tener muchos diálogos abiertos simultáneamente".Asimismo, enfatizó que se entablaron negociaciones con mandos medios en lugar de voceros con capacidad de mando real, sumado a "una falta de voluntad real de los actores criminales de querer llegar a acuerdos serios de paz".Camargo confirmó que el marco normativo de las mesas de diálogo impidió en su momento hacer efectivas las órdenes de captura contra representantes de dichas organizaciones armadas. No obstante, señaló que la Fiscalía ha reactivado la operatividad judicial, logrando ejecutar 1.375 órdenes de captura por crimen organizado y 4.900 por seguridad territorial en lo corrido de 2026.Entre los procesados figura alias 'Calarcá', a quien se le imputaron delitos cometidos mientras participaba en los diálogos de paz. Asimismo, aclaró que los beneficios del proceso jamás cobijaron requerimientos internacionales: "Nunca operó ninguna persona con ninguna persona que tuviera orden de captura con fines de extradición tuvo suspendida la orden de captura con fines de extradición ninguna".Una "Fiscalía sin agenda" frente a la polarizaciónAnte las críticas procedentes de diversos sectores políticos, Camargo reafirmó el principio de independencia con el que asumió el cargo. Al recordar su compromiso inicial, "mire mi gestión va a ser al frente de la fiscalía no para perseguir a nadie ni para ayudar a nadie"—, la funcionaria aseveró que ha mantenido esa premisa de manera estricta."Nuestra fiscalía es una fiscalía sin agenda y eso nos ha generado un ataques de lado y lado porque no pueden ubicarnos finalmente de qué lado [estamos]", expresó Camargo, citando como ejemplos las actuaciones en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) e investigaciones que involucran a distintas corrientes políticasSobre la labor del organismo, añadió: "En la fiscalía es muy difícil hacer amigos nosotros no venimos acá a ser amigos es una labor donde hay que perseguir un lado y otro allí donde haya delitos sin agenda política".Avances en procesos de impacto nacional y relaciones de gobiernoDurante la conversación, la Fiscal General se refirió a expedientes de alta relevancia pública. En el caso UNGRD, destacó la compulsación de copias ante la Corte Suprema contra 33 congresistas. Respecto a la salida del país de exfuncionarios vinculados a investigaciones, como Carlos Ramón González, sostuvo que "los casos están listos cuando están listos y no antes".En relación con el proceso contra Nicolás Petro, aclaró que la Fiscalía actúa exclusivamente como parte litigante dentro de las audiencias preparatorias conducidas por el juez competente, desmintiendo cualquier tipo de interferencia o presión interna.Respecto a solicitudes de extradición como la de Diego Marín (alias 'Papá Pitufo'), explicó que, aunque la entrega fue concedida por los tribunales de España y Portugal, el trámite se encuentra detenido a la espera de la resolución de una solicitud de asilo en Portugal.Finalmente, al contrastar el trabajo con la administración anterior y el gobierno actual encabezado por Abelardo de la Espriella, Camargo señaló que con el gobierno saliente existieron "muchas dificultades en el diálogo en las formas", mientras que con las actuales autoridades sostiene un "buen relacionamiento" institucional.
La situación de seguridad, el avance del crimen organizado, la defensa de la democracia y la crisis política en Venezuela serán algunos de los temas que se discutirán en la próxima edición del Foro América Libre, que se realizará el 30 de septiembre en Ciudad de México.Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) y una de las organizadoras del encuentro, explicó en entrevista con El Radar que el foro busca reunir a dirigentes y organizaciones que comparten posiciones de centro y centroderecha para analizar los principales desafíos de la región.“Lo principal es fortalecer la cooperación entre quienes defendemos en la región, en América Latina y el Caribe, los valores democráticos de las Américas”, aseguró Gómez del Campo, quien agregó que el espacio pretende construir una alternativa frente a los proyectos políticos de izquierda que, según su interpretación, han avanzado en distintos países de la región.La dirigente mexicana sostuvo que uno de los asuntos que genera mayor preocupación entre los participantes es la relación entre seguridad, narcotráfico y crimen organizado. En ese sentido, cuestionó los resultados de varios gobiernos latinoamericanos y mencionó específicamente a Colombia, México, Bolivia y Ecuador.Al referirse al gobierno del presidente Gustavo Petro y compararlo con las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en México, Gómez del Campo afirmó que existen similitudes en sus modelos políticos. Sin embargo, señaló que Colombia conserva instituciones que, a su juicio, han permitido contener algunos de los cambios que sí se han producido en México.“Colombia está lejos de lo que ha pasado en México, porque yo veo que en Colombia todavía hay institucionalidad, todavía hay un Poder Judicial fuerte, hay un Poder Legislativo fuerte”, sostuvo.Seguridad y crimen organizado, entre los temas centralesDurante la entrevista, Gómez del Campo también se refirió a los desafíos de seguridad que enfrentan ambos países. Según dijo, una de las principales preocupaciones del Foro América Libre será analizar cómo los grupos criminales han ganado presencia territorial y qué medidas pueden adoptar los gobiernos para enfrentar esta situación.“¿Y qué es la clave? Pues recuperar primero el control territorial, fortalecer la fuerza pública, enfrentar al narcotráfico, al crimen organizado, a las economías ilegales”, manifestó.La presidenta de la ODCA también cuestionó la estrategia de “paz total” impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro y aseguró que, desde su perspectiva, esta terminó favoreciendo a estructuras dedicadas a actividades ilegales. Se trata de una interpretación política expresada por la dirigente durante la entrevista.Gómez del Campo también destacó la importancia de la seguridad como una de las prioridades que, según ella, están adquiriendo mayor relevancia en distintos países de América Latina. “Te piden resultados concretos”, afirmó al referirse a las demandas ciudadanas frente a los gobiernos.El foro abordará además asuntos relacionados con la inteligencia artificial, la economía de mercado, el Estado de derecho y los derechos humanos. De acuerdo con Gómez del Campo, el objetivo no será únicamente analizar los problemas, sino plantear acciones conjuntas.“No nada más es ir y exponer con expertos cómo está avanzando el crimen organizado, es ver qué vamos a hacer los que formamos parte de este espacio Foro América Libre”, explicó.Venezuela y María Corina Machado también estarán en la agendaOtro de los asuntos que tendrá un espacio importante será la situación política de Venezuela y el caso de María Corina Machado. Gómez del Campo afirmó que desde la ODCA han expresado respaldo a la dirigente venezolana y pidió que pueda regresar a su país.“Tenemos que levantar la voz, condenarlo de manera unánime como comunidad internacional. Un llamado también a los presidentes de la región, de los diferentes países, para que lo digamos alto y fuerte de entrada, que pueda tener un retorno seguro María Corina Machado a su país”, manifestó.La dirigente mexicana también aseguró que el Foro América Libre busca respaldar a personas que permanecen detenidas por razones políticas en diferentes países de la región. Dijo que actualmente mantiene su apoyo a tres personas que, según explicó, continúan privadas de la libertad en Cuba.El encuentro del 30 de septiembre reunirá nuevamente a representantes de distintos países y sectores políticos alrededor de asuntos relacionados con democracia, libertad, seguridad y derechos humanos. Según una columna publicada por la propia Gómez del Campo, esta será la cuarta edición del Foro América Libre, una iniciativa que comenzó en 2023 y que actualmente reúne a líderes, organizaciones y representantes de más de 25 países.La jornada también tendrá como uno de sus ejes la discusión sobre los desafíos que enfrenta la democracia en América Latina y la necesidad de fortalecer la cooperación entre los sectores que participan del encuentro.
El excomisionado de Paz Otty Patiño explicó las razones por las que el gobierno del expresidente Gustavo Petro suspendió la ejecución de la extradición de Andrés Rojas, conocido como alias ‘Araña’, durante las conversaciones de paz.Patiño aclaró que el Gobierno no negó la extradición del integrante de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, sino que suspendió temporalmente su ejecución mientras avanzaban los acercamientos con esa organización armada.“Lo que se suspendió fue la ejecución misma de la extradición, pero en ningún momento se negó”, aseguró Patiño durante una entrevista con Recap Blu. Según explicó, la Corte Suprema de Justicia ya había aprobado la extradición y Petro le había dado su visto bueno.El exfuncionario sostuvo que la decisión estuvo relacionada con la dinámica de las conversaciones de paz y con la necesidad de garantizar los desplazamientos de los integrantes de los grupos armados que participaban en esos diálogos.Patiño señaló que, durante ese periodo, el Gobierno recibió señales que interpretó como muestras de voluntad de paz por parte de alias ‘Araña’ y otros integrantes de la organización.Entre esas acciones mencionó la erradicación de cultivos de coca y la destrucción de armamento. “Se destruyeron varias toneladas de explosivos. Igualmente, también mostraron voluntad de desarmarse”, afirmó.El excomisionado agregó que varios integrantes de la organización, principalmente provenientes de Putumayo, llegaron a una zona de ubicación temporal “desarmados y sin uniforme”, con la disposición de avanzar en el proceso.¿Por qué se suspendió la extradición de alias ‘Araña’?De acuerdo con Patiño, la suspensión de la extradición de alias ‘Araña’ estuvo vinculada a la estrategia del Gobierno para mantener abiertas las conversaciones de paz. El excomisionado insistió en que las órdenes de captura podían suspenderse temporalmente durante determinados desplazamientos o ciclos de diálogo.“Éramos conscientes de que muchos de los señores con los cuales estábamos interlocutando habían incurrido en delitos como narcotráfico”, sostuvo Patiño.El excomisionado reconoció que los grupos con los que negociaba el Gobierno estaban vinculados con actividades ilegales como el narcotráfico y la extorsión. Sin embargo, defendió que el propósito de las conversaciones era buscar su sometimiento a la justicia.Patiño afirmó que el objetivo era que esas personas pudieran pasar “de un estado de ilegalidad” a uno de civilidad mediante los mecanismos legales y el cumplimiento de las penas correspondientes.Finalmente, sostuvo que la suspensión de la extradición no significaba que alias ‘Araña’ quedara exento de responder ante la justicia. “Ya le tocaba era al aparato judicial pensar qué podía hacerse con esas personas”, concluyó.
El presidente Abelardo De La Espriella le dio fin a todos los procesos de negociación con grupos armados que se dieron durante el Gobierno Petro. También revocó las mesas de diálogo con las bandas de Medellín, Buenaventura y Quibdó.Con otras resoluciones el mandatario finalizó con las designaciones de negociadores que se le otorgaron a diferentes personas para que representaran al Gobierno en dichos proceso."Durante el cuatrienio anterior se erogaron más de $7.000 millones destinados exclusivamente a la asignación de honorarios para voceros, representantes y negociadores, cifra que no contempla los rubros asociados a esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y demás gastos sufragados por el erario"; señaló De La Espriella.Es importante recordar que el Gobierno Petro adelantó negociaciones con el ELN, las Disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y tuvo acercamientos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En el mismo sentido hubo diálogos con bandas en Medellín, Quibdó y Buenaventura. Para todos estos proceso se designaron negociadores tanto por parte de las estructuras como del Gobierno."El Gobierno nacional no mantendrá escenarios institucionales que sean instrumentalizados para prolongar el accionar delictivo, obtener beneficios procesales o evadir el imperio de la ley. Quienes expresen una voluntad real de dejar las armas deberán someterse a la justicia; en contraste, quienes persistan en perpetrar actos de violencia contra la población civil serán enfrentados con toda la capacidad legal y legítima de la fuerza pública", agregó el presidente De La Espriella por medio de un comunicado.
El Gobierno nacional ya publicó tres resoluciones relacionadas con el fin de los proceso de paz total. En una primera medida, el presidente Abelardo De La Espriella dio por terminada la Zona de Ubicación Temporal que se había pactado con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, uno de los grupos disidentes de las Farc."La Oficina del Consejero Comisionado de Paz coordinará, con plazo máximo el 30 de septiembre de 2026, la concurrencia de las entidades competentes para culminar las actuaciones administrativas, documentales, sociales, migratorias, jurídicas, logísticas y de seguridad necesarias para el cierre ordenado de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal de Valle del Guamuez -ZUT-ZOCIUT- y para garantizar la continuidad de las rutas institucionales aplicables a las personas reconocidas como desmovilizados y acreditados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, mediante la Resolución No. 190 del 12 de junio de 2026”, dice la resolución firmada por el presidente.Pero por otro lado también se le revocó el reconocimiento de negociadores a los miembros del Gobierno Petro que participaron en diálogos de paz con el ELN. La jefe negociadora de este proceso era Vera Grabe.“Que, en ejercicio de la facultad constitucional y legal del presidente de la República para decidir cómo, cuándo y con quiénes adelantar diálogos con vocación de paz, y atendiendo los hechos que han afectado la confianza, continuidad y estabilidad del proceso, se advierte que no existen condiciones suficientes para verificar una voluntad real, sostenida y comprobable de paz por parte del Ejército de Liberación Nacional -ELN-“, advierte la resolución.Además, el mandatario también revocó la condición de negociadores a los miembros del gobierno Petro que hicieron parte de los diálogos con el Clan del Golfo.“Que, en tal medida, corresponde al presidente de la República, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales para la preservación del orden público y la conducción de la política de paz, definir la oportunidad, alcance, condiciones e interlocutores de los acercamientos o conversaciones sociojurídicas con el Grupo Armado Organizado autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia EGC-, con miras a verificar su voluntad real de sometimiento a la justicia, desmantelamiento y tránsito efectivo a la legalidad”, dice el documento.
Tras la alocución nacional del presidente Abelardo De La Espriella sobre la reestructuración del orden público y el levantamiento de tres mesas de diálogos de paz, el exjefe negociador de la delegación gubernamental, Armando Novoa, cuestionó con dureza los argumentos oficiales que justifican la terminación del espacio de diálogo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Para Novoa, la decisión del Ejecutivo no solo incurre en contradicciones jurídicas y fácticas, sino que además se tomó sin un empalme formal con los ministerios, lo que podría acarrear graves consecuencias de seguridad para las comunidades locales.Avances concretos que desmienten la "falta de voluntad"El exjefe negociador lamentó que el presidente de la República haya fundamentado el levantamiento de la mesa bajo la premisa de que no existían muestras de voluntad de paz por parte del grupo armado.Novoa calificó la justificación del acto administrativo como una "falsa motivación" y enumeró logros tangibles que demuestran lo contrario. “¿Cómo puede afirmarse con algún con alguna base de realidad que no hay voluntad de paz? Y en este momento en Putumayo, en una zona de ubicación temporal, hay 99 personas que dejaron las armas, los uniformes y suscribieron acuerdos individuales para hacer tránsito a la vida civil”, argumentó el exnegociador en diálogo con Mañanas Blu 10:30.A estos hechos sumó otras muestras significativas de paz ocurridas bajo el marco de esa negociación. Detalló que en noviembre del año anterior el grupo entregó 15 toneladas de material explosivo para su destrucción, y que unas 15,000 familias en el departamento de Putumayo firmaron acuerdos voluntarios de sustitución de cultivos ilícitos con el apoyo directo de la mesa.Según Novoa, el impacto en la vida de los habitantes fue directo y cuantificable: “¿Cómo se puede argumentar que no hay voluntad de paz cuando en los departamentos de Nariño y Putumayo, no lo digo yo, lo dice la Fiscalía y los gobernadores de ambos departamentos, registran una disminución de la tasa de homicidios de más del 60 %?”.Inexistencia legal previa y la falta de un empalme institucionalEl exnegociador también reveló que la revocatoria de las delegaciones era jurídicamente innecesaria. El equipo negociador ya había renunciado a su encargo el pasado 16 de julio. Adicionalmente, la mesa carecía de vigencia legal debido a que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente, el 1 de julio, la resolución 064 de febrero de 2024 que habilitaba su creación.A este escenario se suma la preocupante falta de comunicación con las nuevas autoridades nacionales. Novoa denunció que no se ha realizado ningún proceso de empalme formal en ningún ministerio para transferir la información de los diálogos.“La falta de un empalme puede estar llevando al nuevo gobierno a errores que pueden tener unas consecuencias muy perturbadoras en los territorios. No solamente son errores terminológicos o legales, sino que pueden tener unas implicaciones en los territorios significativos”, advirtió Novoa.Novoa concluyó haciendo un llamado al gobierno nacional para que escuche a los gobernadores de Nariño y Putumayo, así como a alcaldes de municipios vulnerables como Barbacoas, quienes han demandado masivamente la continuidad de las conversaciones. Escuche aquí la entrevista:
El presidente Abelardo De La Espriella comenzó a desmontar formalmente varios de los procesos de diálogo heredados de la administración de Gustavo Petro, creados dentro de la política de la paz total y, a través de una serie de resoluciones expedidas este 28 de agosto, puso fin a dos mesas de diálogos de paz con disidencias de las Farc y a un espacio de conversación sociojurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, ACSN.El primer proceso cerrado es el que se adelantaba con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte; comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes EMBF-FARC EP, es decir, los comandados por Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’.La Resolución 343 ordena terminar la mesa de diálogos de paz por “ausencia de voluntad de paz” y deja sin efecto la Resolución 309 de 2023, que había autorizado su instalación. Se trata de una estructura que se separó del Estado Mayor Central de las Farc, entonces liderado por 'Iván Mordisco'.Esta mesa inició en octubre de 2023, cuando el Gobierno Petro autorizó las conversaciones con el Estado Mayor Central. Después de las fracturas dentro de esa organización, el proceso continuó con los bloques que hoy aparecen bajo los nombres de Magdalena Medio, Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes.En los argumentos presentados por el Gobierno, este sostiene que hubo incumplimientos de los acuerdos alcanzados durante el quinto ciclo y que los acontecimientos posteriores hicieron imposible seguir acreditando una voluntad real de paz y de reinserción a la vida civil. La Resolución 344, expedida de manera complementaria, revoca además las designaciones de los representantes del Gobierno en esa mesa, incluida la de Gloria Quiceno Acevedo como jefa negociadora.El segundo cierre corresponde a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB. La Resolución 346 termina la Mesa de Diálogos de Paz con esta organización por considerar que se había perdido la voluntad de paz y que ya no existían elementos para seguir acreditando una intención de reinserción a la vida civil.El proceso había tenido su origen en la mesa con la Segunda Marquetalia, pero posteriormente estructuras como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera se apartaron de ese nombre y pasaron a identificarse como CNEB.Por otra parte, también se termina el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, ACSN, también conocidas como Los Pachenca, que se había creado para verificar la voluntad de la organización de transitar hacía el sometimiento a la justicia y contribuir a la construcción de paz en los territorios.Según el Gobierno, las conversaciones se debilitaron y no fue posible evidenciar una voluntad real de paz y sometimiento a la justicia.Además, a través de las resoluciones 348 revocó el reconocimiento como miembros representantes a nueve integrantes de esa organización y pidió reactivar las órdenes de captura, y con la 350 retiró la designación de Óscar Mauricio Silva Osorio como coordinador del Gobierno en ese espacio.A la lista de decisión se suma la eliminación de los reconocimientos que permitían a algunos cabecillas participar en los procesos de paz, entre ellos están Willington Henao Gutiérrez, alias 'Mocho Olmedo', y Geovanny Andrés Rojas, alias 'Araña', cuyas extradiciones a Estados Unidos fueron ordenadas por el presidente esta misma semana.
El exjefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, defendió los resultados de la estrategia de la paz total implementada durante la administración del expresidente Gustavo Petro frente a las recientes extradiciones firmadas por el presidente Abelardo De La Espriella, entre las que destaca la de Geovany Andrés Rojas, alias Araña.Novoa precisó que la entrega del cabecilla de los Comandos de la Frontera ya había sido concedida por el gobierno anterior, pero su ejecución se condicionó a los avances verificables en la mesa de conversaciones.Alias ‘Araña’ cuenta con una trayectoria delictiva de más de 15 años en grupos al margen de la ley, habiendo integrado bandas criminales como Los Rastrojos, por la cual registra una condena de 29 años de prisión—, y la estructura "La Constru".En febrero de 2025, Rojas fue capturado por agentes del CTI en un hotel al occidente de Bogotá, un incidente que desencadenó controversia al ocurrir justo al finalizar el tercer ciclo de negociaciones.Actualmente, se encuentra recluido en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota. La solicitud de extradición en su contra la requiere la Corte del Distrito Sur de California, en Estados Unidos, bajo cargos vinculados al tráfico de estupefacientes, producto del presunto envío reciente de cargamentos de cocaína, además de imputaciones por tráfico ilegal de armas y narcoterrorismo.Frente al proceso con los Comandos de la Frontera, Novoa resaltó avances tangibles en Putumayo y Nariño, donde la tasa de homicidios cayó más del 50 % y 14.000 familias se sumaron a programas de sustitución de cultivos. Asimismo, destacó la dejación de armas de 99 combatientes ubicados en Valle del Guamuez, e instó a la nueva administración a garantizar su seguridad jurídica para evitar que retornen a las armas.
La decisión del presidente Abelardo De La Espriella de cerrar la puerta a nuevas negociaciones de paz con los grupos armados y apostar por su sometimiento a la justicia marca un giro en la estrategia de seguridad del país. Sin embargo, analistas advierten que la confrontación por sí sola podría no ser suficiente para resolver el problema de la violencia.El historiador y analista político Juan Carlos Flórez señaló que Colombia ha vivido durante décadas un ciclo de confrontación y negociación que no ha logrado poner fin a la presencia de grupos armados.“La historia de Colombia contemporánea es la de una guerra perpetua”, afirmó Flórez, al recordar los distintos momentos de negociación y confrontación de los últimos gobiernos.Para el analista, el principal riesgo de la nueva estrategia es repetir experiencias anteriores sin atacar las fuentes económicas que permiten la supervivencia de las organizaciones criminales.“Si no hay un cambio en el enfoque que siempre se ha tenido, pues lo que vamos a tener ahora es un periodo de confrontación con los grupos armados”, advirtió.Flórez sostuvo que el narcotráfico y la explotación ilegal de oro son factores determinantes en la financiación de la violencia y cuestionó que las políticas de seguridad se concentren exclusivamente en los actores armados.“Mientras que el negocio de las drogas, más ahora el negocio ilegal del oro, continúe, habrá gente en Colombia interesada en seguir en la guerra, porque la guerra es un gran negocio”, aseguró.El analista también llamó la atención sobre la responsabilidad de los mercados internacionales. Según dijo, mientras exista una fuerte demanda de drogas en países como Estados Unidos y Europa, continuarán los incentivos económicos para las organizaciones ilegales.Andrés Caro, por su parte, consideró que el país debe intentar una estrategia diferente después del fracaso de la política de ‘paz total’ del Gobierno de Gustavo Petro.“Colombia lleva por lo menos desde 1978 en cada Gobierno intentando hacer un diálogo de paz, y no hemos hecho bien la paz y no hemos hecho bien la guerra”, sostuvo.Caro respaldó el giro hacia una mayor acción estatal y afirmó que Colombia necesita recuperar el control de su territorio.“Es hora de intentar ese método”, dijo, al referirse a una estrategia basada en el fortalecimiento del Estado, las Fuerzas Militares y la Policía.Sobre el sometimiento a la justicia, explicó que la propuesta no implica negociaciones políticas de paz, sino procesos dentro del sistema penal.El debate, así, queda planteado entre quienes consideran necesario recuperar la capacidad coercitiva del Estado y quienes advierten que, sin enfrentar las economías ilegales y la demanda internacional de drogas, la confrontación podría terminar reproduciendo el mismo ciclo de violencia.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) podría representar una vulnerabilidad para la seguridad nacional si no cuenta con suficientes mecanismos de vigilancia y control, en medio del escándalo por las presuntas irregularidades que se habrían cometido durante el gobierno anterior. En entrevista con Recap Blu, la funcionaria pidió esclarecer el origen de los documentos que alertan sobre posibles contrataciones irregulares, ataques informáticos contra la Registraduría y actuaciones que habrían comprometido información clasificada."Tener una Dirección Nacional de Inteligencia adscrita a la Presidencia de la República sin controles suficientes es una vulnerabilidad a la seguridad nacional", sostuvo la directora.Las denuncias reveladas por Noticias Caracol incluyen el caso de Carlos Andrés Oyola, funcionario de la DNI quien fue capturado el 6 de noviembre y es investigado por presuntas irregularidades en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). La Fiscalía le imputó los delitos de falsedad en documento público, concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático y fraude procesal, en una investigación por la presunta alteración de registros académicos y financieros. Además, documentos relacionados con la entidad lo vincularían con posibles accesos irregulares a información clasificada y supuestos intentos de alterar resultados electorales y atacar los sistemas de la Registraduría.Frente a la gravedad de estos señalamientos, Barrios pidió establecer quién elaboró el documento que contiene las alertas y cuál fue su recorrido hasta llegar al actual Gobierno. La directora de la MOE explicó que el archivo está identificado como un documento de "empalme", pese a que, según recordó, no hubo un proceso formal de empalme entre las administraciones de Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella. Por esa razón, consideró necesario determinar si se trata de una auditoría del Gobierno actual, quién estuvo a cargo de su elaboración y qué medidas se han adoptado para atender las posibles vulnerabilidades.Próximas elecciones en ColombiaLa preocupación de la MOE también está relacionada con las garantías para el próximo proceso electoral, previsto para octubre del próximo año. Barrios señaló que las posibles fallas en los controles de inteligencia no solo comprometerían la seguridad de las autoridades electorales, sino también la protección de mandatarios, expresidentes y altas entidades del Estado. Por eso, planteó que el Congreso y expertos deben abrir una discusión de fondo sobre el funcionamiento de la DNI y su relación de dependencia con la Presidencia de la República.Finalmente, la directora de la MOE recordó que una de las principales preocupaciones de la organización durante las elecciones anteriores estuvo relacionada con la desinformación y las campañas coordinadas para generar desconfianza hacia las autoridades electorales sin pruebas que respaldaran esos señalamientos. Advirtió que el nuevo escenario exige fortalecer los mecanismos de protección y transparencia. Para Barrios, el escándalo debe servir para revisar los controles de la inteligencia estatal y garantizar que sus capacidades no puedan utilizarse para poner en riesgo la democracia ni la seguridad de quienes participan en las elecciones.
Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 9 de noviembre de 2026:La tecnológica Nvidia alcanzó a caer un 5 % a media sesión de Wall Street ante nuevos detalles de la investigación sobre su director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió haber tenido una aventura con una mujer de negocios que es una presunta espía del Gobierno chino.Gabriel Lobitsky, general manager de One Identity, explicó cómo las personas pueden cuidar su identidad digital y protegerla del fraude durante la temporada de compras por internet, apropósito del Black Friday.TikTok pide a Maldita.es su investigación para localizar y eliminar vídeos de abuso sexual; la mayoría son contra menores de edad.
La selección chilena inició este lunes su concentración para preparar dos amistosos ante Colombia, que disputará el próximo viernes 13 en Cali, y luego el martes 17 en Santiago, los últimos que se jugarán este año.El técnico interino Selección de Chilea, a la espera de que se integren algunos jugadores que vienen del exterior antes de que viajen el miércoles a Colombia.El encuentro ante los cafeteros tiene carácter benéfico y la recaudación se destinará a los damnificados por el terremoto que afectó a ese país en agosto.Entre los jugadores esperados está el mediocampista del León mexicano Rodrigo Echeverría y los delanteros Maxi Gutiérrez del ruso Dinamo Moscú y Darío Osorio, del Crystal Palace inglés.Las principales novedades de la nómina, por su parte, con el defensor del Inter de Porto Alegre brasileño Guillermo Maripán y el volante Williams Alarcón, reciente campeón con el argentino Boca Juniors, quienes no fueron llamados para la pasada gira en Norteamérica.La Roja viene de enfrentar, en octubre pasado, a Canadá con quien perdió por 1-0 en Toronto, a Estados Unidos ante el que cayó por 4-2 en St. Louis y a México con el que cerró un triunfo por 0-2 en Los Ángeles.Chile llegará a Cali con la baja del zaguero Benjamín Kuscevic, del Toronto FC de la Major League Soccer (MLS), quien fue desafectado tras lesionarse el tobillo derecho durante un entrenamiento con su club.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el archivo de la investigación por presuntas prácticas restrictivas de la competencia en seis procesos de contratación de transporte de personas y carga en helicópteros, realizados entre 2011 y 2023.La decisión favorece a Ecopetrol, Cenit, Ocensa y Helistar, además de las personas naturales vinculadas a la investigación, debido a que la autoridad no encontró pruebas suficientes para establecer su responsabilidad en las conductas examinadas.La determinación, detalló la SIC en un comunicado, acogió la recomendación de archivo del Consejo Asesor de Competencia y tuvo en cuenta las observaciones de la Procuraduría General de la Nación, que había advertido posibles inconsistencias en la fundamentación del informe motivado y riesgos relacionados con la justificación de una eventual sanción.Luego de evaluar las pruebas y los documentos del expediente, la superintendencia concluyó que no se acreditó un direccionamiento de los procesos de contratación para favorecer a Helistar. Tampoco encontró evidencia de actuaciones coordinadas entre las empresas investigadas con el propósito de otorgarle beneficios de manera ilícita.En cuanto a los requisitos de antigüedad y disponibilidad de las aeronaves, la entidad estableció que respondían a razones técnicas y operativas relacionadas con la seguridad, la confiabilidad y la continuidad del servicio de transporte.Por esta razón, tampoco se demostró que dichas exigencias constituyeran restricciones injustificadas para la participación de otros oferentes en los procesos de contratación.La SIC determinó que el material probatorio no cumplía con el estándar necesario para imponer sanciones y, en consecuencia, dispuso el archivo de la actuación administrativa, sin declarar responsables a las empresas ni a las personas naturales investigadas.
A comienzos de 2026, Reykon expresó en diálogo con Blu Radio el orgullo que sentía al ver que, pese al paso de los años, sus seguidores continuaban respetando su trayectoria y, sobre todo, cantando a todo pulmón las canciones que compuso hace más de una década con amor y pasión."Lo que mucha gente pensaba como: 'Qué locos estos manes haciendo reguetón en Medellín’, hoy hace sentir que no estábamos tan locos. A nosotros sí nos tocó esa época. Hoy un pelao se puede subir a cantar y la gente piensa que puede ser el próximo J Balvin. Antes no había credibilidad (...) No porque haya más herramientas significa que sea fácil pegar. Hoy hay una demanda increíble y muchísimos artistas intentando sobresalir", expresó.Meses después, Reykon comprobó que, efectivamente, no estaba equivocado y que el público tampoco había olvidado por qué lo llamaban "el líder". Dos fechas con lleno total en el Movistar Arena de Bogotá, que reunieron a más de 25.000 personas, fueron la muestra de que canciones como "Soltera", "Se Aloca" y "Te Gateo", entre otras, siguen vigentes en la memoria de sus seguidores.Lo que comenzó hace más de diez años como una apuesta por abrirse camino en el género urbano terminó convirtiéndose en parte de la historia del reguetón colombiano. Hoy, el reconocimiento de la industria y la respuesta del público ratifican el impacto de un trabajo que, según ha contado el propio artista, siempre estuvo impulsado por el amor a la música.Para estas dos presentaciones, Reykon preparó varias sorpresas que convirtieron el doble sold out en una celebración de los sonidos que marcaron a toda una generación. J Balvin, Kapo, Pasabordo, J Álvarez, Golpe a Golpe, Hebert Vargas, Nio García y Milo Bvgatti fueron algunos de los invitados nacionales e internacionales que se sumaron a las noches, con apariciones que sorprendieron al público y estuvieron cargadas de emoción.Durante aquella conversación con Blu Radio, el intérprete de "Tu cuerpo me llama" también recordó que, en los primeros años del reguetón colombiano, los artistas urbanos enfrentaban un fuerte rechazo y hasta eran abucheados en algunos escenarios. Sin embargo, considera que el reconocimiento internacional de figuras como Karol G, Maluma, J Balvin y Ryan Castro evidencia la transformación de Medellín: pasó de ser una ciudad donde el género era cuestionado a convertirse en una de las principales capitales musicales del mundo."La música siempre ha tenido historias pesadas. Lo que pasa es que otros artistas las han sabido camuflar un poquito (...) ¿A cuánta gente le ha dado empleo esta música, a cuánta gente ha sacado de los barrios?", señaló.Los dos conciertos con entradas agotadas en el Movistar Arena representaron un capítulo importante en la trayectoria de Reykon y ratificaron su poder de convocatoria. Además, posicionaron el tour No Se Te Olvidó entre las giras de mayor rentabilidad del mercado de conciertos.Más allá de los números, las dos noches significaron el reencuentro del artista con sus seguidores, quienes acompañaron cada canción de principio a fin y demostraron que su música sigue conectando con distintas generaciones.
