El presidente Abelardo De La Espriella le dio fin a todos los procesos de negociación con grupos armados que se dieron durante el Gobierno Petro. También revocó las mesas de diálogo con las bandas de Medellín, Buenaventura y Quibdó.Con otras resoluciones el mandatario finalizó con las designaciones de negociadores que se le otorgaron a diferentes personas para que representaran al Gobierno en dichos proceso."Durante el cuatrienio anterior se erogaron más de $7.000 millones destinados exclusivamente a la asignación de honorarios para voceros, representantes y negociadores, cifra que no contempla los rubros asociados a esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y demás gastos sufragados por el erario"; señaló De La Espriella.Es importante recordar que el Gobierno Petro adelantó negociaciones con el ELN, las Disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y tuvo acercamientos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En el mismo sentido hubo diálogos con bandas en Medellín, Quibdó y Buenaventura. Para todos estos proceso se designaron negociadores tanto por parte de las estructuras como del Gobierno."El Gobierno nacional no mantendrá escenarios institucionales que sean instrumentalizados para prolongar el accionar delictivo, obtener beneficios procesales o evadir el imperio de la ley. Quienes expresen una voluntad real de dejar las armas deberán someterse a la justicia; en contraste, quienes persistan en perpetrar actos de violencia contra la población civil serán enfrentados con toda la capacidad legal y legítima de la fuerza pública", agregó el presidente De La Espriella por medio de un comunicado.
El Gobierno nacional ya publicó tres resoluciones relacionadas con el fin de los proceso de paz total. En una primera medida, el presidente Abelardo De La Espriella dio por terminada la Zona de Ubicación Temporal que se había pactado con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, uno de los grupos disidentes de las Farc."La Oficina del Consejero Comisionado de Paz coordinará, con plazo máximo el 30 de septiembre de 2026, la concurrencia de las entidades competentes para culminar las actuaciones administrativas, documentales, sociales, migratorias, jurídicas, logísticas y de seguridad necesarias para el cierre ordenado de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal de Valle del Guamuez -ZUT-ZOCIUT- y para garantizar la continuidad de las rutas institucionales aplicables a las personas reconocidas como desmovilizados y acreditados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, mediante la Resolución No. 190 del 12 de junio de 2026”, dice la resolución firmada por el presidente.Pero por otro lado también se le revocó el reconocimiento de negociadores a los miembros del Gobierno Petro que participaron en diálogos de paz con el ELN. La jefe negociadora de este proceso era Vera Grabe.“Que, en ejercicio de la facultad constitucional y legal del presidente de la República para decidir cómo, cuándo y con quiénes adelantar diálogos con vocación de paz, y atendiendo los hechos que han afectado la confianza, continuidad y estabilidad del proceso, se advierte que no existen condiciones suficientes para verificar una voluntad real, sostenida y comprobable de paz por parte del Ejército de Liberación Nacional -ELN-“, advierte la resolución.Además, el mandatario también revocó la condición de negociadores a los miembros del gobierno Petro que hicieron parte de los diálogos con el Clan del Golfo.“Que, en tal medida, corresponde al presidente de la República, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales para la preservación del orden público y la conducción de la política de paz, definir la oportunidad, alcance, condiciones e interlocutores de los acercamientos o conversaciones sociojurídicas con el Grupo Armado Organizado autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia EGC-, con miras a verificar su voluntad real de sometimiento a la justicia, desmantelamiento y tránsito efectivo a la legalidad”, dice el documento.
Tras la alocución nacional del presidente Abelardo De La Espriella sobre la reestructuración del orden público y el levantamiento de tres mesas de diálogos de paz, el exjefe negociador de la delegación gubernamental, Armando Novoa, cuestionó con dureza los argumentos oficiales que justifican la terminación del espacio de diálogo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Para Novoa, la decisión del Ejecutivo no solo incurre en contradicciones jurídicas y fácticas, sino que además se tomó sin un empalme formal con los ministerios, lo que podría acarrear graves consecuencias de seguridad para las comunidades locales.Avances concretos que desmienten la "falta de voluntad"El exjefe negociador lamentó que el presidente de la República haya fundamentado el levantamiento de la mesa bajo la premisa de que no existían muestras de voluntad de paz por parte del grupo armado.Novoa calificó la justificación del acto administrativo como una "falsa motivación" y enumeró logros tangibles que demuestran lo contrario. “¿Cómo puede afirmarse con algún con alguna base de realidad que no hay voluntad de paz? Y en este momento en Putumayo, en una zona de ubicación temporal, hay 99 personas que dejaron las armas, los uniformes y suscribieron acuerdos individuales para hacer tránsito a la vida civil”, argumentó el exnegociador en diálogo con Mañanas Blu 10:30.A estos hechos sumó otras muestras significativas de paz ocurridas bajo el marco de esa negociación. Detalló que en noviembre del año anterior el grupo entregó 15 toneladas de material explosivo para su destrucción, y que unas 15,000 familias en el departamento de Putumayo firmaron acuerdos voluntarios de sustitución de cultivos ilícitos con el apoyo directo de la mesa.Según Novoa, el impacto en la vida de los habitantes fue directo y cuantificable: “¿Cómo se puede argumentar que no hay voluntad de paz cuando en los departamentos de Nariño y Putumayo, no lo digo yo, lo dice la Fiscalía y los gobernadores de ambos departamentos, registran una disminución de la tasa de homicidios de más del 60 %?”.Inexistencia legal previa y la falta de un empalme institucionalEl exnegociador también reveló que la revocatoria de las delegaciones era jurídicamente innecesaria. El equipo negociador ya había renunciado a su encargo el pasado 16 de julio. Adicionalmente, la mesa carecía de vigencia legal debido a que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente, el 1 de julio, la resolución 064 de febrero de 2024 que habilitaba su creación.A este escenario se suma la preocupante falta de comunicación con las nuevas autoridades nacionales. Novoa denunció que no se ha realizado ningún proceso de empalme formal en ningún ministerio para transferir la información de los diálogos.“La falta de un empalme puede estar llevando al nuevo gobierno a errores que pueden tener unas consecuencias muy perturbadoras en los territorios. No solamente son errores terminológicos o legales, sino que pueden tener unas implicaciones en los territorios significativos”, advirtió Novoa.Novoa concluyó haciendo un llamado al gobierno nacional para que escuche a los gobernadores de Nariño y Putumayo, así como a alcaldes de municipios vulnerables como Barbacoas, quienes han demandado masivamente la continuidad de las conversaciones. Escuche aquí la entrevista:
El presidente Abelardo De La Espriella comenzó a desmontar formalmente varios de los procesos de diálogo heredados de la administración de Gustavo Petro, creados dentro de la política de la paz total y, a través de una serie de resoluciones expedidas este 28 de agosto, puso fin a dos mesas de diálogos de paz con disidencias de las Farc y a un espacio de conversación sociojurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, ACSN.El primer proceso cerrado es el que se adelantaba con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte; comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes EMBF-FARC EP, es decir, los comandados por Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’.La Resolución 343 ordena terminar la mesa de diálogos de paz por “ausencia de voluntad de paz” y deja sin efecto la Resolución 309 de 2023, que había autorizado su instalación. Se trata de una estructura que se separó del Estado Mayor Central de las Farc, entonces liderado por 'Iván Mordisco'.Esta mesa inició en octubre de 2023, cuando el Gobierno Petro autorizó las conversaciones con el Estado Mayor Central. Después de las fracturas dentro de esa organización, el proceso continuó con los bloques que hoy aparecen bajo los nombres de Magdalena Medio, Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes.En los argumentos presentados por el Gobierno, este sostiene que hubo incumplimientos de los acuerdos alcanzados durante el quinto ciclo y que los acontecimientos posteriores hicieron imposible seguir acreditando una voluntad real de paz y de reinserción a la vida civil. La Resolución 344, expedida de manera complementaria, revoca además las designaciones de los representantes del Gobierno en esa mesa, incluida la de Gloria Quiceno Acevedo como jefa negociadora.El segundo cierre corresponde a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB. La Resolución 346 termina la Mesa de Diálogos de Paz con esta organización por considerar que se había perdido la voluntad de paz y que ya no existían elementos para seguir acreditando una intención de reinserción a la vida civil.El proceso había tenido su origen en la mesa con la Segunda Marquetalia, pero posteriormente estructuras como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera se apartaron de ese nombre y pasaron a identificarse como CNEB.Por otra parte, también se termina el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, ACSN, también conocidas como Los Pachenca, que se había creado para verificar la voluntad de la organización de transitar hacía el sometimiento a la justicia y contribuir a la construcción de paz en los territorios.Según el Gobierno, las conversaciones se debilitaron y no fue posible evidenciar una voluntad real de paz y sometimiento a la justicia.Además, a través de las resoluciones 348 revocó el reconocimiento como miembros representantes a nueve integrantes de esa organización y pidió reactivar las órdenes de captura, y con la 350 retiró la designación de Óscar Mauricio Silva Osorio como coordinador del Gobierno en ese espacio.A la lista de decisión se suma la eliminación de los reconocimientos que permitían a algunos cabecillas participar en los procesos de paz, entre ellos están Willington Henao Gutiérrez, alias 'Mocho Olmedo', y Geovanny Andrés Rojas, alias 'Araña', cuyas extradiciones a Estados Unidos fueron ordenadas por el presidente esta misma semana.
El exjefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, defendió los resultados de la estrategia de la paz total implementada durante la administración del expresidente Gustavo Petro frente a las recientes extradiciones firmadas por el presidente Abelardo De La Espriella, entre las que destaca la de Geovany Andrés Rojas, alias Araña.Novoa precisó que la entrega del cabecilla de los Comandos de la Frontera ya había sido concedida por el gobierno anterior, pero su ejecución se condicionó a los avances verificables en la mesa de conversaciones.Alias ‘Araña’ cuenta con una trayectoria delictiva de más de 15 años en grupos al margen de la ley, habiendo integrado bandas criminales como Los Rastrojos, por la cual registra una condena de 29 años de prisión—, y la estructura "La Constru".En febrero de 2025, Rojas fue capturado por agentes del CTI en un hotel al occidente de Bogotá, un incidente que desencadenó controversia al ocurrir justo al finalizar el tercer ciclo de negociaciones.Actualmente, se encuentra recluido en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota. La solicitud de extradición en su contra la requiere la Corte del Distrito Sur de California, en Estados Unidos, bajo cargos vinculados al tráfico de estupefacientes, producto del presunto envío reciente de cargamentos de cocaína, además de imputaciones por tráfico ilegal de armas y narcoterrorismo.Frente al proceso con los Comandos de la Frontera, Novoa resaltó avances tangibles en Putumayo y Nariño, donde la tasa de homicidios cayó más del 50 % y 14.000 familias se sumaron a programas de sustitución de cultivos. Asimismo, destacó la dejación de armas de 99 combatientes ubicados en Valle del Guamuez, e instó a la nueva administración a garantizar su seguridad jurídica para evitar que retornen a las armas.
La decisión del presidente Abelardo De La Espriella de cerrar la puerta a nuevas negociaciones de paz con los grupos armados y apostar por su sometimiento a la justicia marca un giro en la estrategia de seguridad del país. Sin embargo, analistas advierten que la confrontación por sí sola podría no ser suficiente para resolver el problema de la violencia.El historiador y analista político Juan Carlos Flórez señaló que Colombia ha vivido durante décadas un ciclo de confrontación y negociación que no ha logrado poner fin a la presencia de grupos armados.“La historia de Colombia contemporánea es la de una guerra perpetua”, afirmó Flórez, al recordar los distintos momentos de negociación y confrontación de los últimos gobiernos.Para el analista, el principal riesgo de la nueva estrategia es repetir experiencias anteriores sin atacar las fuentes económicas que permiten la supervivencia de las organizaciones criminales.“Si no hay un cambio en el enfoque que siempre se ha tenido, pues lo que vamos a tener ahora es un periodo de confrontación con los grupos armados”, advirtió.Flórez sostuvo que el narcotráfico y la explotación ilegal de oro son factores determinantes en la financiación de la violencia y cuestionó que las políticas de seguridad se concentren exclusivamente en los actores armados.“Mientras que el negocio de las drogas, más ahora el negocio ilegal del oro, continúe, habrá gente en Colombia interesada en seguir en la guerra, porque la guerra es un gran negocio”, aseguró.El analista también llamó la atención sobre la responsabilidad de los mercados internacionales. Según dijo, mientras exista una fuerte demanda de drogas en países como Estados Unidos y Europa, continuarán los incentivos económicos para las organizaciones ilegales.Andrés Caro, por su parte, consideró que el país debe intentar una estrategia diferente después del fracaso de la política de ‘paz total’ del Gobierno de Gustavo Petro.“Colombia lleva por lo menos desde 1978 en cada Gobierno intentando hacer un diálogo de paz, y no hemos hecho bien la paz y no hemos hecho bien la guerra”, sostuvo.Caro respaldó el giro hacia una mayor acción estatal y afirmó que Colombia necesita recuperar el control de su territorio.“Es hora de intentar ese método”, dijo, al referirse a una estrategia basada en el fortalecimiento del Estado, las Fuerzas Militares y la Policía.Sobre el sometimiento a la justicia, explicó que la propuesta no implica negociaciones políticas de paz, sino procesos dentro del sistema penal.El debate, así, queda planteado entre quienes consideran necesario recuperar la capacidad coercitiva del Estado y quienes advierten que, sin enfrentar las economías ilegales y la demanda internacional de drogas, la confrontación podría terminar reproduciendo el mismo ciclo de violencia.
Tres integrantes de la estructura Comuneros del Sur del ELN murieron durante una operación militar desarrollada por tropas del Ejército en la vereda Betania, zona rural del municipio de Mallama, Nariño. En el operativo también fue capturada una mujer y se incautó arsenal de guerra.Entre los abatidos se encuentran Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias ‘Lalo’ y Carlos Eduardo Álvarez Chamorro, alias ‘Carlitos’, dos hombres considerados por las autoridades como piezas clave dentro de esa estructura armada criminal.De acuerdo con información de inteligencia militar, alias ‘Lalo’ era el cabecilla logístico de los Comuneros del Sur y llevaba cerca de 15 años en la organización. Las autoridades lo señalan de coordinar el recaudo de extorsiones, garantizar el sostenimiento logístico del grupo y ser uno de los principales determinadores de homicidios en los municipios de Mallama, Ricaurte y Cumbal. Además, organizaba secuestros y citaba a comerciantes para exigirles pagos extorsivos.Por su parte, alias ‘Carlitos’ era señalado como cabecilla de una comisión armada de la Compañía Jaime Toño Obando, con aproximadamente ocho años dentro de la organización. Según las autoridades, coordinaba acciones armadas, actividades extorsivas y el control territorial en las veredas El Arco y Betania, en Mallama, además de ejercer intimidación y constreñimiento sobre la población civil.Durante el desarrollo de la operación también fue capturada María Isabel Riascos Chapuen, de 25 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía para el proceso judicial correspondiente.En el lugar, las tropas incautaron un fusil calibre 5.56, tres pistolas calibre 9 milímetros, un revólver calibre .38, cinco proveedores, 235 cartuchos de diferentes calibres, cuatro teléfonos celulares y un equipo GPS, material que, según las autoridades, pertenecería a la estructura armada ilegal.
Una serie de documentos conocidos tras la salida de la general Sandra Patricia Pinzón de la Policía y que llegaron a entes de control, exponen las razones que habrían estado detrás de su retiro de la institución. La notificación de su salida fue emitida el pasado 15 de julio de 2026, mediante un acto administrativo firmado por el presidente Gustavo Petro, a 23 días del cambio de Gobierno.De acuerdo con los documentos, la salida de la oficial habría estado relacionada con las posiciones institucionales que mantuvo frente al desarrollo de la política de paz total. Los textos sostienen que su retiro buscó apartarla de los procesos de auditoría y empalme del Gobierno entrante, así como evitar que trascendieran cuestionamientos sobre la participación de la Policía en algunas decisiones adoptadas durante las negociaciones con grupos armados ilegales.Los documentos indican que las diferencias entre la general Pinzón, el general William Rincón, director de la Policía, y algunos delegados del Gobierno, comenzaron a profundizarse debido a los criterios jurídicos y operacionales que la oficial defendía en las mesas de negociación. Entre los episodios descritos aparece su oposición a que uniformados de la Policía brindaran seguridad a caravanas en las que se desplazaban integrantes de grupos armados ilegales sin que existiera claridad sobre los beneficios jurídicos que amparaban su movilidad.Los documentos señalan que, en varias oportunidades, desde la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz se habría solicitado acompañamiento a personas que no contaban con suspensión de órdenes de captura u otras medidas administrativas derivadas de la política de paz total. Esa postura, según los documentos, derivó en cuestionamientos internos y en explicaciones que la oficial tuvo que entregar por el denominado caso de la “Caravana de la UNP” en Antioquia.Otro de los puntos abordados corresponde al caso de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera. Los documentos sostienen que la general Pinzón manifestó su desacuerdo con la decisión de trasladarlo a instalaciones de la Policía Nacional tras su captura por el CTI y la DEA al salir de una sesión de negociación en Bogotá. Según esa versión, la oficial consideraba que la medida no era procedente desde el punto de vista institucional, aunque finalmente la decisión fue adoptada por la Dirección General.Los documentos también hacen referencia a las negociaciones con el Estado Mayor de Bloques y Frente (disidencias de las Farc). Allí se asegura que la general advirtió sobre el fortalecimiento de esa organización armada durante los ceses al fuego, al señalar un incremento en las extorsiones, el control ejercido sobre la población mediante restricciones a la movilidad, carnetización y toques de queda, además de la expansión territorial de esa estructura criminal. De igual forma, habría cuestionado la ubicación de la Zona de Ubicación Temporal por considerar que podía favorecer intereses militares del Frente 33 frente a la presencia del ELN.En relación con el proceso adelantado con las bandas criminales de Medellín, los documentos señalan que la oficial rechazó la participación de la Policía en actos públicos de las negociaciones al considerar que la institución no debía convertirse en un mecanismo para legitimar ese proceso.Otro de los episodios descritos ocurrió durante las reuniones con la denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en el corregimiento de Inda Zabaleta, en Nariño. Según los documentos, integrantes del grupo armado habrían condicionado el despliegue policial, exigiendo que los uniformados permanecieran vestidos de civil o con prendas específicas, sin portar armas largas visibles y limitando su presencia sobre la vía principal. Los escritos sostienen que la general insistió en mantener criterios técnicos de seguridad para proteger al personal policial, postura que habría generado fuertes diferencias con delegados del Gobierno y con la Dirección General de la Policía.Los documentos también cuestionan la forma en que algunos integrantes de grupos armados recibieron beneficios judiciales para participar como gestores de paz. Según el contenido, varios de ellos abandonaron posteriormente las mesas de negociación y retomaron actividades criminales. Como ejemplo, se menciona a ‘Ángela Izquierdo’ y ‘Óscar Barreto’, quienes, de acuerdo con los escritos, hicieron parte de los diálogos con el Estado Mayor Central y posteriormente integraron el frente 57 ‘Jair Bermúdez’.Entre los apartes incluidos en los documentos se afirma que la general consideraba que su actuación estaba encaminada a “evitar una instrumentalización de la Policía Nacional, especialmente evitando que se ejecutaran actividades por fuera de la Ley”, criterio que, según los textos, marcó buena parte de sus diferencias con quienes lideraban las negociaciones de la paz total.Los documentos concluyen señalando que el retiro de la brigadier general Sandra Patricia Pinzón buscó impedir que esas observaciones hicieran parte de los procesos de revisión del Gobierno entrante. En ese sentido, sostienen que una auditoría a la política de paz total podría evidenciar decisiones que, según esa versión, favorecieron el fortalecimiento y la expansión de estructuras armadas ilegales durante los últimos años.
En la ceremonia de apertura al desfile militar para conmemorar en la capital de Antioquia la independencia de Colombia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se fue lanza en ristre contra la política de seguridad del saliente presidente, Gustavo Petro.El burgomaestre de Medellín afirmó que en el país no hubo paz total, pero lo que sí hubo fue una entrega total del territorio a las estructuras criminales.“Los únicos que se vieron beneficiados durante estos cuatro años fueron el ELN, el clan del Golfo y las disidencias de las Farc, mientras aporreaban y asesinaban a nuestros soldados y a nuestros policías. Eso cambiará seguramente a partir del 7 de agosto con el presidente Abelardo De La Espriella”, dijo Gutiérrez.El líder de la capital de Antioquia también reiteró que desde el próximo 7 de agosto el país retomará el camino de la seguridad, pero con respeto al Estado y las instituciones, y que, como lo dice los mismos paisas: “Antioquia resistió y Colombia se salvó”, añadió.“El próximo Congreso de la República, seguramente, a partir de hoy una vez posesionado y seguramente con la instrucción del presidente electo Abelardo De La Espriella, tiene que volver a poner orden en términos legislativos y debe desaparecer la paz total, tal como nos la presentó el gobierno o más bien el desgobierno Petro”, dijo Gutiérrez.El alcalde de Medellín también señaló que el 20 de julio, día de la Independencia de Colombia es utilizada por algunos compatriotas para abrir nuevas heridas, pero que la gran mayoría de colombianos la escogen sin duda para cerrar las heridas que todavía duelen.“Mientras algunos insisten en enfrentar a unos colombianos contra otros, nosotros escogimos volver en encontrarnos, porque Colombia necesita menos odio y mucha más patria. Necesita que miremos de frente y agradezcamos a quienes han cargado durante décadas el peso de defender nuestra democracia”, subrayó el alcalde Gutiérrez.El funcionario aprovechó la parada militar para darle un homenaje a los uniformados del país: “A quienes llevan el uniforme, a quienes patrullan nuestras calles, a quienes sobrevuelan nuestros cielos, a quienes cuidan nuestros mares y todos los que pasan noches enteras, lejos de sus familias para proteger las nuestras, a todos ustedes, integrantes, hombres y mujeres de nuestra fuerza pública, muchas gracias”, señaló.Gutiérrez también aprovechó su discurso para señalar que Medellín pasó de ser la ciudad más violenta en 1991 a tener hoy las tasas de homicidio más bajas de los últimos 40 años, muy por debajo de la media nacional y por supuesto también de ciudades, de su entorno regional y de muchas ciudades de los Estados Unidos.“Tenemos la tasa más baja de los últimos 40 años. Pero la única tasa aceptable cero porque se trata de la vida”, dijo.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reconoció que la estrategia de paz total impulsada por el Gobierno tuvo errores en su implementación, cuestionó la decisión de otorgar reconocimiento político a las disidencias de las Farc y pidió al gobierno entrante mantener los procesos de diálogo que actualmente siguen en marcha con distintos grupos armados.Aunque defendió la política de paz total, el funcionario admitió que la ausencia de un marco jurídico adecuado dificultó el desarrollo de las negociaciones. Además, fue crítico con una de las decisiones adoptadas durante el proceso. “Yo creo que no fue correcto darle estatus de negociación política a las disidencias de las FARC. Creo que el Consejo de Estado reafirmó eso en una decisión la semana pasada, porque eso violó el acuerdo de paz. Haberles dado estatus político a los disidentes de las Farc no fue una buena decisión, eso generó muchísimos problemas”, afirmó. Cuervo también defendió algunos resultados obtenidos en las denominadas mesas urbanas de diálogo, especialmente en lugares como Quibdó e Itagüí, donde, según explicó, se han registrado avances en materia de seguridad. “Yo creo que, en el caso de Quibdó y habría que sumar el tema de Buenaventura, haya habido unos avances importantes en materia, por ejemplo, de distensión, en materia de delitos como el homicidio, delitos como la extorsión, que han traído lo que uno podría denominar paz social”, sostuvo.En ese contexto, reveló que durante el proceso de empalme manifestó su preocupación por la posibilidad de desmontar de manera inmediata las mesas de negociación. “Un levantamiento intempestivo, inmediato, de todas las mesas de negociación puede tener efectos muy complicados en materia de seguridad”, advirtió, al tiempo que señaló que la propuesta anunciada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, sobre un marco de sometimiento y desmovilización no sería incompatible con algunos de los procesos adelantados por el actual Gobierno frente a organizaciones sin reconocimiento político. El ministro insistió en que las políticas de Estado no deberían desaparecer con cada cambio de gobierno. “La expresión fracasó completamente, levantemos todo y borremos de cero. Yo creo que hay cosas que deben trascender de gobierno a gobierno, que los estados tienen que ser muy responsables”, afirmó. Agregó que hablar de sometimiento implica necesariamente abrir espacios de conversación con los grupos armados.Finalmente, Cuervo también se refirió al futuro de la justicia transicional y envió un mensaje al presidente electo frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. “La solución no es acabar la JEP”, señaló, e hizo un llamado para que Abelardo De La Espriella sostenga un encuentro con el presidente de ese tribunal, Alejandro Ramelli, en medio de las diferencias planteadas sobre el funcionamiento del sistema de justicia transicional.
Este viernes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
Después de 10 años de la tragedia, Chapecoense volvió a La Unión, Antioquia, para rendir homenaje a las víctimas del accidente aéreo. El equipo brasileño jugará este fin de semana un amistoso contra Atlético NacionalPróximamente se van a cumplir 10 años de la tragedia aérea que marcó al fútbol sudamericano y por ello Chapecoense regresó este viernes a La Unión, Antioquia, para participar en una jornada de memoria y homenaje a las víctimas del accidente.La delegación del club brasileño, que jugará un partido en homenaje este sábado, llegó hasta el cerro en donde ocurrió el siniestro y allí se hizo la ceremonia de descubrimiento del Memorial Monolito de Chapecoense.Pero no solo fueron los eventos en el lugar de la tragedia, la jornada comenzó en el parque Chapecoense, desde donde los asistentes caminaron hasta el sitio donde se desarrolló una ceremonia que incluyó una oración espiritual en memoria de las personas que perdieron la vida en el accidente.Uno de los momentos más significativos estuvo a cargo de Hélio Hermito Zampier Neto, conocido como Hélio Neto, uno de los sobrevivientes de la tragedia. El exfutbolista tuvo un espacio para dirigirse a los asistentes y compartir unas palabras en el Oriente antioqueño.Posteriormente, el capitán de Chapecoense descubrió oficialmente el monolito y también fueron izadas las banderas de Chapecoense, La Unión y Brasil. Además, la programación contempló la entrega de una pieza histórica al presidente de Chapecoense, Alex Passos, con destino al museo del club en Chapecó.Después de la ceremonia, se tiene previsto que el club brasileño viaje a Medellín en donde jugará contra Atlético Nacional un partido amistoso en el estadio Atanasio Girardot.
Inicia un nuevo ciclo. La Selección Colombia se enfrentará este sábado a México en un partido amistoso internacional que marcará el comienzo de una nueva etapa para ambos equipos. Cuándo y dónde ver el partido gratisEl encuentro se disputará a las 8:00 de la noche, hora colombiana, de este sábado, 26 de septiembre. Los aficionados podrán verlo y disfrutarlo gratis a través de la señal del Gol Caracol de Caracol Televisión y de Blu Radio mediante su canal de YouTube, así como en sus deferentes frecuencias radiales e, incluso, en la aplicación Ditu.Selecciones con nuevos iniciosEl compromiso también representa el inicio de un nuevo proceso para la selección mexicana, que estará dirigida por Rafael Márquez. El exdefensor, cinco veces mundialista como jugador y antiguo auxiliar técnico de Javier Aguirre durante el pasado Mundial, asumirá el reto de darle continuidad al trabajo realizado por el 'Vasco' y avanzar en la renovación del combinado nacional.México tendrá al frente a una Selección Colombia que también atraviesa una etapa de cambios. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo afronta una nueva era después de la salida de James Rodríguez, quien dejó la capitanía del combinado nacional. Ante esta situación, Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray de Turquía, será el nuevo líder dentro del campo y tendrá la responsabilidad de aportar experiencia a un grupo que incorpora varias caras nuevas.Para el conjunto mexicano, el partido será además una oportunidad para avanzar en el relevo generacional. La ausencia del histórico guardameta Guillermo Ochoa y las situaciones de jugadores como Raúl Jiménez, quien se encuentra lesionado, y Edson Álvarez, actualmente inactivo en el West Ham, abren espacio para nuevos futbolistas. Entre ellos aparecen Gilberto Mora, de 17 años, y Armando González, delantero de 23 años que recientemente emigró al Olympiacos de Grecia.Colombia, por su parte, llega con una convocatoria que incluye al menos 15 jugadores nuevos y varios futbolistas menores de 23 años. Entre los nombres a seguir aparecen Óscar Perea, de 20 años y jugador del América de México, además de Cámilo Durán, delantero de 24 años que milita en el Celtic de Escocia y busca consolidarse como una alternativa para el ataque de la Selección.Posibles alineacionesMéxico: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Santiago Giménez, Hirving Lozano.Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Kevin Castaño, Richard Ríos, Yaser Asprilla; Carlos Andrés Gómez, Óscar Perea, Luis Javier Suárez.Recuerde, todas las emociones y novedades de la tricolor las podrá seguir con el equipo deportivo de Blu Radio.
El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, hizo un llamado a la nueva dirección de Ecopetrol para que concentre sus esfuerzos en fortalecer la exploración y aumentar la producción de hidrocarburos.“Ecopetrol tiene nuevo presidente y tiene una tarea muy clara: aumentar el valor de la compañía, explorar y aumentar exponencialmente su producción”, afirmó.El dirigente señaló que la estatal debe avanzar en una estrategia que permita elevar el valor de la compañía y contribuir a mantener la autosuficiencia energética del país, en medio del proceso de renovación de su cúpula directiva.“Colombia no puede darse el lujo de perder sus reservas ni de depender cada vez más de las importaciones. Necesitamos una Ecopetrol fuerte, eficiente y estratégica para la seguridad energética del país. Es hora de su renacer”, advirtió.Según Barguil, la continuidad de las actividades de exploración y producción es necesaria para proteger las reservas de petróleo y mantener la estabilidad fiscal y energética de Colombia y, así, evitar una mayor dependencia de las importaciones.
Una nueva producción audiovisual llevará a la pantalla nacional una mirada diferente de Nuquí, Chocó, a través de sus paisajes, biodiversidad, comunidades y tradiciones. La serie documental “Donde la selva se une con el mar” propone recorrer uno de los territorios más biodiversos del país desde la perspectiva de quienes lo habitan y trabajan por su conservación.La producción está compuesta por cuatro capítulos y combina imágenes de naturaleza con las historias de líderes, familias y comunidades afrodescendientes e indígenas Emberá Dobida que viven en el territorio.Manglares, pesca, viche y tortugas: lo que mostrará la serieLa serie fue producida por Cinergia, bajo la dirección de Victoria Cedeño, con el apoyo de la convocatoria Abre Cámara del Ministerio Tic, la producción de campo del Colectivo de Comunicaciones En Puja de Nuquí y el aval del Consejo Comunitario Los Riscales.Además, la producción recorre distintos escenarios del Golfo de Tribugá, desde paisajes aéreos hasta manglares, estuarios, arrecifes y senderos selváticos.A lo largo de los capítulos, la serie presenta a diez comunidades que han desarrollado iniciativas relacionadas con el turismo comunitario, la pesca artesanal, la soberanía alimentaria y la preservación ambiental.El documental también busca mostrar algunas de las actividades y conocimientos que hacen parte de la vida cotidiana de la región. Entre las experiencias que podrán verse están la pesca al amanecer, la recolección de piangua, la elaboración de viche y el momento en que las tortugas recién nacidas emprenden su camino hacia el océano.La propuesta combina el documental de naturaleza con testimonios de los habitantes del territorio, de manera que sean sus propios líderes y familias quienes cuenten sus experiencias y expliquen su relación con el entorno.¿Cuándo se podrá ver la serie sobre Nuquí?“Donde la selva se une con el mar” tendrá su estreno nacional el lunes 12 de octubre de 2026, a las 5:00 de la tarde.La fecha coincide con el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación y con la etapa final de la temporada de avistamiento de ballenas en Nuquí.Antes de llegar a la televisión pública, la producción tendrá preestrenos en Bogotá, Quibdó y una proyección comunitaria en Nuquí, donde sus protagonistas podrán compartir la presentación de la serie.Además, habrá contenidos digitales relacionados con la biodiversidad, la gastronomía del Pacífico, las rutas de turismo consciente y el detrás de cámaras de la producción.
