La decisión del presidente Abelardo De La Espriella de cerrar la puerta a nuevas negociaciones de paz con los grupos armados y apostar por su sometimiento a la justicia marca un giro en la estrategia de seguridad del país. Sin embargo, analistas advierten que la confrontación por sí sola podría no ser suficiente para resolver el problema de la violencia.El historiador y analista político Juan Carlos Flórez señaló que Colombia ha vivido durante décadas un ciclo de confrontación y negociación que no ha logrado poner fin a la presencia de grupos armados.“La historia de Colombia contemporánea es la de una guerra perpetua”, afirmó Flórez, al recordar los distintos momentos de negociación y confrontación de los últimos gobiernos.Para el analista, el principal riesgo de la nueva estrategia es repetir experiencias anteriores sin atacar las fuentes económicas que permiten la supervivencia de las organizaciones criminales.“Si no hay un cambio en el enfoque que siempre se ha tenido, pues lo que vamos a tener ahora es un periodo de confrontación con los grupos armados”, advirtió.Flórez sostuvo que el narcotráfico y la explotación ilegal de oro son factores determinantes en la financiación de la violencia y cuestionó que las políticas de seguridad se concentren exclusivamente en los actores armados.“Mientras que el negocio de las drogas, más ahora el negocio ilegal del oro, continúe, habrá gente en Colombia interesada en seguir en la guerra, porque la guerra es un gran negocio”, aseguró.El analista también llamó la atención sobre la responsabilidad de los mercados internacionales. Según dijo, mientras exista una fuerte demanda de drogas en países como Estados Unidos y Europa, continuarán los incentivos económicos para las organizaciones ilegales.Andrés Caro, por su parte, consideró que el país debe intentar una estrategia diferente después del fracaso de la política de ‘paz total’ del Gobierno de Gustavo Petro.“Colombia lleva por lo menos desde 1978 en cada Gobierno intentando hacer un diálogo de paz, y no hemos hecho bien la paz y no hemos hecho bien la guerra”, sostuvo.Caro respaldó el giro hacia una mayor acción estatal y afirmó que Colombia necesita recuperar el control de su territorio.“Es hora de intentar ese método”, dijo, al referirse a una estrategia basada en el fortalecimiento del Estado, las Fuerzas Militares y la Policía.Sobre el sometimiento a la justicia, explicó que la propuesta no implica negociaciones políticas de paz, sino procesos dentro del sistema penal.El debate, así, queda planteado entre quienes consideran necesario recuperar la capacidad coercitiva del Estado y quienes advierten que, sin enfrentar las economías ilegales y la demanda internacional de drogas, la confrontación podría terminar reproduciendo el mismo ciclo de violencia.
Tres integrantes de la estructura Comuneros del Sur del ELN murieron durante una operación militar desarrollada por tropas del Ejército en la vereda Betania, zona rural del municipio de Mallama, Nariño. En el operativo también fue capturada una mujer y se incautó arsenal de guerra.Entre los abatidos se encuentran Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias ‘Lalo’ y Carlos Eduardo Álvarez Chamorro, alias ‘Carlitos’, dos hombres considerados por las autoridades como piezas clave dentro de esa estructura armada criminal.De acuerdo con información de inteligencia militar, alias ‘Lalo’ era el cabecilla logístico de los Comuneros del Sur y llevaba cerca de 15 años en la organización. Las autoridades lo señalan de coordinar el recaudo de extorsiones, garantizar el sostenimiento logístico del grupo y ser uno de los principales determinadores de homicidios en los municipios de Mallama, Ricaurte y Cumbal. Además, organizaba secuestros y citaba a comerciantes para exigirles pagos extorsivos.Por su parte, alias ‘Carlitos’ era señalado como cabecilla de una comisión armada de la Compañía Jaime Toño Obando, con aproximadamente ocho años dentro de la organización. Según las autoridades, coordinaba acciones armadas, actividades extorsivas y el control territorial en las veredas El Arco y Betania, en Mallama, además de ejercer intimidación y constreñimiento sobre la población civil.Durante el desarrollo de la operación también fue capturada María Isabel Riascos Chapuen, de 25 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía para el proceso judicial correspondiente.En el lugar, las tropas incautaron un fusil calibre 5.56, tres pistolas calibre 9 milímetros, un revólver calibre .38, cinco proveedores, 235 cartuchos de diferentes calibres, cuatro teléfonos celulares y un equipo GPS, material que, según las autoridades, pertenecería a la estructura armada ilegal.
Una serie de documentos conocidos tras la salida de la general Sandra Patricia Pinzón de la Policía y que llegaron a entes de control, exponen las razones que habrían estado detrás de su retiro de la institución. La notificación de su salida fue emitida el pasado 15 de julio de 2026, mediante un acto administrativo firmado por el presidente Gustavo Petro, a 23 días del cambio de Gobierno.De acuerdo con los documentos, la salida de la oficial habría estado relacionada con las posiciones institucionales que mantuvo frente al desarrollo de la política de paz total. Los textos sostienen que su retiro buscó apartarla de los procesos de auditoría y empalme del Gobierno entrante, así como evitar que trascendieran cuestionamientos sobre la participación de la Policía en algunas decisiones adoptadas durante las negociaciones con grupos armados ilegales.Los documentos indican que las diferencias entre la general Pinzón, el general William Rincón, director de la Policía, y algunos delegados del Gobierno, comenzaron a profundizarse debido a los criterios jurídicos y operacionales que la oficial defendía en las mesas de negociación. Entre los episodios descritos aparece su oposición a que uniformados de la Policía brindaran seguridad a caravanas en las que se desplazaban integrantes de grupos armados ilegales sin que existiera claridad sobre los beneficios jurídicos que amparaban su movilidad.Los documentos señalan que, en varias oportunidades, desde la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz se habría solicitado acompañamiento a personas que no contaban con suspensión de órdenes de captura u otras medidas administrativas derivadas de la política de paz total. Esa postura, según los documentos, derivó en cuestionamientos internos y en explicaciones que la oficial tuvo que entregar por el denominado caso de la “Caravana de la UNP” en Antioquia.Otro de los puntos abordados corresponde al caso de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera. Los documentos sostienen que la general Pinzón manifestó su desacuerdo con la decisión de trasladarlo a instalaciones de la Policía Nacional tras su captura por el CTI y la DEA al salir de una sesión de negociación en Bogotá. Según esa versión, la oficial consideraba que la medida no era procedente desde el punto de vista institucional, aunque finalmente la decisión fue adoptada por la Dirección General.Los documentos también hacen referencia a las negociaciones con el Estado Mayor de Bloques y Frente (disidencias de las Farc). Allí se asegura que la general advirtió sobre el fortalecimiento de esa organización armada durante los ceses al fuego, al señalar un incremento en las extorsiones, el control ejercido sobre la población mediante restricciones a la movilidad, carnetización y toques de queda, además de la expansión territorial de esa estructura criminal. De igual forma, habría cuestionado la ubicación de la Zona de Ubicación Temporal por considerar que podía favorecer intereses militares del Frente 33 frente a la presencia del ELN.En relación con el proceso adelantado con las bandas criminales de Medellín, los documentos señalan que la oficial rechazó la participación de la Policía en actos públicos de las negociaciones al considerar que la institución no debía convertirse en un mecanismo para legitimar ese proceso.Otro de los episodios descritos ocurrió durante las reuniones con la denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en el corregimiento de Inda Zabaleta, en Nariño. Según los documentos, integrantes del grupo armado habrían condicionado el despliegue policial, exigiendo que los uniformados permanecieran vestidos de civil o con prendas específicas, sin portar armas largas visibles y limitando su presencia sobre la vía principal. Los escritos sostienen que la general insistió en mantener criterios técnicos de seguridad para proteger al personal policial, postura que habría generado fuertes diferencias con delegados del Gobierno y con la Dirección General de la Policía.Los documentos también cuestionan la forma en que algunos integrantes de grupos armados recibieron beneficios judiciales para participar como gestores de paz. Según el contenido, varios de ellos abandonaron posteriormente las mesas de negociación y retomaron actividades criminales. Como ejemplo, se menciona a ‘Ángela Izquierdo’ y ‘Óscar Barreto’, quienes, de acuerdo con los escritos, hicieron parte de los diálogos con el Estado Mayor Central y posteriormente integraron el frente 57 ‘Jair Bermúdez’.Entre los apartes incluidos en los documentos se afirma que la general consideraba que su actuación estaba encaminada a “evitar una instrumentalización de la Policía Nacional, especialmente evitando que se ejecutaran actividades por fuera de la Ley”, criterio que, según los textos, marcó buena parte de sus diferencias con quienes lideraban las negociaciones de la paz total.Los documentos concluyen señalando que el retiro de la brigadier general Sandra Patricia Pinzón buscó impedir que esas observaciones hicieran parte de los procesos de revisión del Gobierno entrante. En ese sentido, sostienen que una auditoría a la política de paz total podría evidenciar decisiones que, según esa versión, favorecieron el fortalecimiento y la expansión de estructuras armadas ilegales durante los últimos años.
En la ceremonia de apertura al desfile militar para conmemorar en la capital de Antioquia la independencia de Colombia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se fue lanza en ristre contra la política de seguridad del saliente presidente, Gustavo Petro.El burgomaestre de Medellín afirmó que en el país no hubo paz total, pero lo que sí hubo fue una entrega total del territorio a las estructuras criminales.“Los únicos que se vieron beneficiados durante estos cuatro años fueron el ELN, el clan del Golfo y las disidencias de las Farc, mientras aporreaban y asesinaban a nuestros soldados y a nuestros policías. Eso cambiará seguramente a partir del 7 de agosto con el presidente Abelardo De La Espriella”, dijo Gutiérrez.El líder de la capital de Antioquia también reiteró que desde el próximo 7 de agosto el país retomará el camino de la seguridad, pero con respeto al Estado y las instituciones, y que, como lo dice los mismos paisas: “Antioquia resistió y Colombia se salvó”, añadió.“El próximo Congreso de la República, seguramente, a partir de hoy una vez posesionado y seguramente con la instrucción del presidente electo Abelardo De La Espriella, tiene que volver a poner orden en términos legislativos y debe desaparecer la paz total, tal como nos la presentó el gobierno o más bien el desgobierno Petro”, dijo Gutiérrez.El alcalde de Medellín también señaló que el 20 de julio, día de la Independencia de Colombia es utilizada por algunos compatriotas para abrir nuevas heridas, pero que la gran mayoría de colombianos la escogen sin duda para cerrar las heridas que todavía duelen.“Mientras algunos insisten en enfrentar a unos colombianos contra otros, nosotros escogimos volver en encontrarnos, porque Colombia necesita menos odio y mucha más patria. Necesita que miremos de frente y agradezcamos a quienes han cargado durante décadas el peso de defender nuestra democracia”, subrayó el alcalde Gutiérrez.El funcionario aprovechó la parada militar para darle un homenaje a los uniformados del país: “A quienes llevan el uniforme, a quienes patrullan nuestras calles, a quienes sobrevuelan nuestros cielos, a quienes cuidan nuestros mares y todos los que pasan noches enteras, lejos de sus familias para proteger las nuestras, a todos ustedes, integrantes, hombres y mujeres de nuestra fuerza pública, muchas gracias”, señaló.Gutiérrez también aprovechó su discurso para señalar que Medellín pasó de ser la ciudad más violenta en 1991 a tener hoy las tasas de homicidio más bajas de los últimos 40 años, muy por debajo de la media nacional y por supuesto también de ciudades, de su entorno regional y de muchas ciudades de los Estados Unidos.“Tenemos la tasa más baja de los últimos 40 años. Pero la única tasa aceptable cero porque se trata de la vida”, dijo.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reconoció que la estrategia de paz total impulsada por el Gobierno tuvo errores en su implementación, cuestionó la decisión de otorgar reconocimiento político a las disidencias de las Farc y pidió al gobierno entrante mantener los procesos de diálogo que actualmente siguen en marcha con distintos grupos armados.Aunque defendió la política de paz total, el funcionario admitió que la ausencia de un marco jurídico adecuado dificultó el desarrollo de las negociaciones. Además, fue crítico con una de las decisiones adoptadas durante el proceso. “Yo creo que no fue correcto darle estatus de negociación política a las disidencias de las FARC. Creo que el Consejo de Estado reafirmó eso en una decisión la semana pasada, porque eso violó el acuerdo de paz. Haberles dado estatus político a los disidentes de las Farc no fue una buena decisión, eso generó muchísimos problemas”, afirmó. Cuervo también defendió algunos resultados obtenidos en las denominadas mesas urbanas de diálogo, especialmente en lugares como Quibdó e Itagüí, donde, según explicó, se han registrado avances en materia de seguridad. “Yo creo que, en el caso de Quibdó y habría que sumar el tema de Buenaventura, haya habido unos avances importantes en materia, por ejemplo, de distensión, en materia de delitos como el homicidio, delitos como la extorsión, que han traído lo que uno podría denominar paz social”, sostuvo.En ese contexto, reveló que durante el proceso de empalme manifestó su preocupación por la posibilidad de desmontar de manera inmediata las mesas de negociación. “Un levantamiento intempestivo, inmediato, de todas las mesas de negociación puede tener efectos muy complicados en materia de seguridad”, advirtió, al tiempo que señaló que la propuesta anunciada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, sobre un marco de sometimiento y desmovilización no sería incompatible con algunos de los procesos adelantados por el actual Gobierno frente a organizaciones sin reconocimiento político. El ministro insistió en que las políticas de Estado no deberían desaparecer con cada cambio de gobierno. “La expresión fracasó completamente, levantemos todo y borremos de cero. Yo creo que hay cosas que deben trascender de gobierno a gobierno, que los estados tienen que ser muy responsables”, afirmó. Agregó que hablar de sometimiento implica necesariamente abrir espacios de conversación con los grupos armados.Finalmente, Cuervo también se refirió al futuro de la justicia transicional y envió un mensaje al presidente electo frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. “La solución no es acabar la JEP”, señaló, e hizo un llamado para que Abelardo De La Espriella sostenga un encuentro con el presidente de ese tribunal, Alejandro Ramelli, en medio de las diferencias planteadas sobre el funcionamiento del sistema de justicia transicional.
La Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación contra el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el exministro de Defensa, Iván Velásquez; el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus; y el jefe de contrainteligencia de esa entidad, Ricardo Rosanía, por las recientes revelaciones relacionadas con los acercamientos entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo durante los primeros meses de la administración del presidente Gustavo Petro.La actuación judicial está relacionada con información y audios conocidos recientemente, en los que se menciona la posibilidad de suspender la ofensiva militar contra esa organización criminal y realizar una presunta “depuración en las Fuerzas Militares y la Policía”, en el marco de los acercamientos que buscaban el sometimiento del grupo armado a la justicia.La indagación fue abierta luego de que una investigación periodística revelara audios que corresponderían a una conversación entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y alias “Jerónimo”, integrante del Clan del Golfo. Según esa información, los diálogos hicieron parte de los contactos adelantados en 2022 dentro de la política de paz total impulsada por el Gobierno Nacional.De acuerdo con las revelaciones conocidas, en esas conversaciones se habría planteado la posibilidad de frenar operaciones de las autoridades contra el Clan del Golfo y realizar una “limpieza” en los organismos de inteligencia policial. Estos elementos son ahora objeto de verificación por parte de la Fiscalía dentro de la indagación preliminar.El caso fue asignado a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y, además, fue unificado con otras investigaciones que adelanta el ente acusador por el presunto favorecimiento a grupos armados ilegales, como la supuesta filtración de información reservada a las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá” y los presuntos encuentros con integrantes de esa estructura armada.Estas actuaciones involucran al general Juan Miguel Huertas, como jefe del Comando de Personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, como alto mando de la Dirección Nacional de Inteligencia cuando se desarrollaron los presuntos hechos, a partir de elementos encontrados en dispositivos electrónicos incautados a alias “Calarcá” durante el año 2025.Con esta actuación, la Fiscalía busca establecer si existieron conductas con relevancia penal relacionadas con los acercamientos entre funcionarios del Gobierno y estructuras armadas ilegales, así como el eventual favorecimiento de organizaciones criminales en el desarrollo de los procesos de negociación y sometimiento a la justicia.
A cinco semanas de terminar el Gobierno de Gustavo Petro, varios hechos confirman el fracaso de la paz total, una de las banderas del actual primer mandatario, que terminó convirtiéndose, según las estadísticas, en una de las causas de la expansión del control territorial de los grupos criminales en varias regiones del país.Comencemos con una decisión del Consejo de Estado que suspendió una resolución de 2024 que había autorizado la instalación de una mesa de negociaciones con las disidencias de la Segunda Marquetalia, cuyo máximo cabecilla es alias 'Iván Márquez', responsable, entre muchos otros crímenes, del magnicidio del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.Con base en múltiples pruebas que demuestran que ese grupo criminal fue liderado por exguerrilleros de las Farc que habían suscrito el Acuerdo de Paz del Teatro Colón, el cual posteriormente traicionaron, el Consejo de Estado determinó que, según la ley de paz total, el Gobierno Petro no podía iniciar una nueva negociación política con la Segunda Marquetalia, catalogada como una estructura armada organizada de crimen de alto impacto y no un grupo armado organizado al margen de la ley.A propósito de la Segunda Marquetalia, en las últimas horas la justicia avaló un preacuerdo de la Fiscalía con alias 'Chipi' y alias 'El Hermano', dos de los articuladores del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, quienes pagarán, respectivamente, 26 y 21 años de cárcel, pese a la oposición de la familia del inmolado dirigente político.Otro de los elementos que demuestran el fracaso de la paz total en el ocaso del Gobierno actual es la súbita decisión del presidente Gustavo Petro de reactivar la orden de extradición a Estados Unidos contra alias 'Chiquito Malo', máximo cabecilla del Clan del Golfo, la cual mantuvo suspendida durante varios meses, supuestamente en virtud de una mesa de conversaciones que adelantaba con ese grupo, incluso llegando ad portas de la concentración de sus integrantes la semana pasada.No es coincidencia que Petro adopte esta decisión de revivir la extradición de alias 'Chiquito Malo', una semana después de que se desatara el escándalo revelado por Noticias Caracol sobre las reuniones y gabelas ofrecidas a ese grupo por el entonces comisionado Danilo Rueda en septiembre de 2022, entre las cuales estaba la suspensión de la extradición de sus cabecillas.Como dato de cierre, una cifra que muestra que el Gobierno Petro ni siquiera fue coherente con la bandera política que utilizó para catapultarse al poder en 2022 y utilizó contra Iván Duque en materia de paz… Medicina Legal reportó que 65 menores de edad murieron durante bombardeos realizados desde el 7 de agosto de 2022.
La paz total, la fracasada política del gobierno saliente de Gustavo Petro, será uno de los puntos que concentrará mayor atención por parte del equipo del presidente electo Abelardo De La Espriella, teniendo en cuenta los recientes escándalos, revelados por los medios de comunicación.El presidente De La Espriella fue claro en señalar que dio instrucciones precisas a su equipo de empalme para que denuncie ante las autoridades colombianas y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que considera la “entrega de territorios a los bandidos de manera criminal” por parte del gobierno saliente.El presidente electo se refiere a las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, según las cuales, funcionarios del gobierno saliente como el excomisionado de paz Danilo Rueda, ofrecieron presuntamente de manera irregular, beneficios a miembros del Clan del Golfo, como la suspensión de operaciones en su contra, así como la suspensión de bombardeos y la petición a los criminales de un listado de los oficiales de policía y Ejército que “no colaboraran” con la “paz total”.De acuerdo con el reportaje periodístico, el gobierno Petro también sostuvo reuniones con exnarcos, supuestos enlaces con el Clan del Golfo, para pedirles impulsar el trámite en el Congreso del proyecto de ley de sometimiento a la justicia de grupos criminales, que en su momento fue presentado por el entonces ministro de Justicia Eduardo Montealegre.Por esos graves hechos, la Procuraduría ya inició una indagación preliminar para determinar si el excomisionado de Paz, Danilo Rueda, el exministro de Defensa, Iván Velásquez y el exdirector nacional de Inteligencia, Jorge Arturo Lemus pudieron cometer una falta disciplinaria con estas actuaciones.Al referirse a ese asunto, el presidente De La Espriella habló de la existencia de una conspiración internacional del narcotráfico y de la necesidad del desmonte de la narcopolítica, como califica sin mencionarla directamente, la política de paz total del presidente Petro.A este escándalo se suma otro revelado este fin de semana por Noticias RCN, de un documento firmado por el comisionado de paz Otty Patiño en el que le pide al entonces ministro de Defensa Iván Velásquez, en el que le pide entre 2024 y 2025, suspender “operaciones militares de inteligencia, aviación, no tripulada y policiales” contra los miembros de la Segunda Marquetalia, las disidencias cuyo máximo cabecilla es alias “Iván Márquez”, la responsable del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.En medio de este complejo panorama, toman fuerza las palabras del presidente electo Abelardo De La Espriella, quien en el discurso que dio al recibir la credencial como jefe de Estado por parte del CNE, les dio un ultimátum de 30 días a los grupos criminales para que se sometan a la justicia.
El abogado Mauricio Pava, representante del comité promotor del referendo por la estabilidad constitucional, habló sobre la creación de la llamada Casa de la Constitución, una iniciativa que busca promover el conocimiento ciudadano de la Carta Política de 1991 y hacer seguimiento a las decisiones de los gobiernos frente a sus principios.En entrevista, Pava aseguró que la discusión sobre una posible Asamblea Nacional Constituyente perdió fuerza, pero que ahora el reto es mantener activa la defensa del orden constitucional. “La Constitución del 91 no es de un gobierno, no es de un grupo, no es de un partido, es de todos los colombianos”, afirmó.Mauricio Pava y la defensa de la Constitución del 91El abogado explicó que la organización continuará como un espacio de pedagogía y análisis público, especialmente con nuevas generaciones. Según dijo, la idea es acercar los temas constitucionales a las preocupaciones diarias de los ciudadanos.Pava señaló que uno de los asuntos que deberá discutirse dentro del marco constitucional es la seguridad y el control territorial del Estado. En ese sentido, cuestionó la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro y aseguró que dejó problemas que deben ser revisados.“Nosotros advertimos que iba a ser un proceso de paz caótico y realmente lo que estamos viendo hoy es que fue una alcahuetería la manera como el proceso de paz total se adelantó”, afirmó.Control al próximo gobierno y respeto a la Carta PolíticaFrente al gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, Pava indicó que habrá una etapa de vigilancia ciudadana, pero insistió en que primero debe existir espacio para que el nuevo mandatario ejecute su programa.“Creo que a cualquier gobierno el que haya ganado debe tener el espacio y la oportunidad para materializar lo que dijo en su discurso”, señaló.Sin embargo, aseguró que si se presentan decisiones que puedan ir en contra de la Constitución, ejercerán controles jurídicos y ciudadanos, como lo han hecho durante otros gobiernos.Críticas a la paz total y defensa de los procesos electoralesDurante la conversación, Pava también se refirió a las revelaciones sobre los acercamientos del Gobierno Petro con grupos armados y aseguró que desde 2022 había advertido sobre los riesgos del modelo aplicado.Además, habló de la denuncia que prepara como abogado de Thomas Greg and Sons por presunta perturbación de certamen democrático durante el proceso electoral.“Ni con la democracia se juega, ni con los procesos electorales se juega. Eso no puede ser”, afirmó, al señalar que las instituciones electorales deben protegerse de campañas de desinformación.Pava cerró insistiendo en que la defensa constitucional debe mantenerse como un ejercicio ciudadano permanente y no como una herramienta política de un sector específico.
Tras la polémica generada por los audios revelados por Noticias Caracol, en los que se mencionan supuestos acuerdos del Gobierno de Gustavo Petro con el Clan del Golfo dentro de la llamada "Paz Total", un dato sobre la producción de cocaína volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la política de drogas en Colombia.La economía ilegal de la cocaína alcanzó cifras que la ubican por encima de sectores tradicionales de exportación en el país. Así lo explicó Santiago Tobón, profesor y director del Centro de Valor Público de la Universidad EAFIT, quien presentó un estudio realizado junto a Daniel Mejía sobre los ingresos generados por el tráfico internacional de esta droga.Según el análisis, basado en información judicial de Colombia, Estados Unidos y Europa, durante 2024 los ingresos por exportaciones de cocaína llegaron aproximadamente a 16.500 millones de dólares, una cifra que representa el 4,4 % del Producto Interno Bruto del país y que supera los ingresos obtenidos por las exportaciones de petróleo.Producción de cocaína creció y alcanzó niveles históricosTobón explicó que el aumento no estaría relacionado principalmente con un incremento en los precios, sino con el crecimiento de la producción. “Colombia llegó al récord en 2024 de producir 3.000 toneladas métricas de cocaína pura”, afirmó el académico.El profesor señaló que la producción actual supera ampliamente los registros de décadas anteriores y comparó las cifras con la época de Pablo Escobar. “Esto es más de cinco veces lo que se producía en el mejor año de Pablo Escobar”, aseguró.De acuerdo con el estudio, mientras en 2014 la cocaína representaba cerca del 0,8 % del PIB colombiano, una década después esta proporción aumentó hasta el 4,4 %. Para Tobón, el principal problema está en que el crecimiento del negocio ilegal ha sido más rápido que la capacidad del Estado para contenerlo.“El Gobierno no está siendo capaz de contener el crecimiento tan acelerado de la producción de cocaína”, afirmó el investigador al analizar las cifras de incautaciones frente al aumento de la producción.Colombia enfrenta un reto por el aumento del consumo mundialDurante la entrevista, Tobón también explicó que combatir únicamente los cultivos ilícitos no resolvería el problema, debido al crecimiento de la demanda internacional. Según sus datos, actualmente hay cerca de 23 millones de consumidores de cocaína en el mundo, con una fuerte presencia en Estados Unidos y Europa.El académico indicó que las organizaciones criminales han fortalecido sus métodos de producción y lavado de dinero, utilizando mecanismos como el contrabando, el oro ilegal y sectores económicos donde resulta más complejo rastrear los recursos.Además, alertó sobre un nuevo desafío relacionado con la mezcla de cocaína con fentanilo en Estados Unidos, una situación que ha aumentado las muertes por sobredosis.Para Tobón, Colombia necesita replantear la estrategia contra las drogas y trabajar de manera coordinada con otros países. “Tenemos que pensar más creativamente junto con Estados Unidos y Europa cómo abordar el problema de este negocio”, concluyó.
Una alerta técnica fue presentada ante la Gobernación de Santander por el estado de dos puentes metálicos considerados estratégicos para la conectividad del departamento: el puente Baraya, ubicado sobre el río Fonce en la Ruta del Petróleo, y el puente sobre el río Suárez que comunica con los municipios de El Hato y Palmar.La advertencia fue realizada por la Sociedad Santandereana de Ingenieros, cuyos integrantes, durante un recorrido reciente por la Ruta del Petróleo, identificaron varias afectaciones que, según advierten, requieren una intervención prioritaria para evitar riesgos en la seguridad vial y en la estabilidad de las estructuras.Uno de los puntos que genera mayor preocupación está en el puente Baraya. La sociedad señala que el estribo norte de la estructura estaría en riesgo de perder estabilidad debido a la socavación que ha sufrido el lecho del río.De acuerdo con la alerta, “a pocos metros aguas abajo del puente funciona una concesión minera dedicada a la extracción de material pétreo. Los ingenieros advierten que, según lo manifestado por habitantes de la zona, antes de que comenzara esta explotación el nivel del río coincidía con la base de la pila, mientras que actualmente el cauce habría descendido cerca de tres metros”.La Sociedad Santandereana de Ingenieros pidió que la autoridad ambiental revise el impacto de esta actividad y ejerza los controles correspondientes sobre la explotación minera y sobre otras operaciones similares ubicadas en puntos considerados críticos para la infraestructura vial de Santander.El segundo llamado de atención corresponde al puente sobre el río Suárez, ubicado en el ramal que conduce hacia El Hato y Palmar. Allí, los ingenieros encontraron un deterioro aún mayor de la pintura anticorrosiva y una afectación en uno de los elementos de la estructura metálica.Según el documento, la primera diagonal de la cercha norte, en el costado occidental, fue golpeada por un vehículo y permanece doblada. La Sociedad Santandereana de Ingenieros advierte que esta deformación afecta las condiciones de trabajo de la estructura y genera riesgos para su estabilidad. Aunque aparentemente la baranda fue reparada, el elemento estructural no habría recibido la misma intervención.La organización recordó que ambos puentes tienen cerca de un siglo de construcción. Fueron levantados en 1938 y, pese a su antigüedad, continúan prestando servicio y hacen parte de la red vial del departamento, con importancia para la movilidad, la actividad económica y el turismo.Ante este panorama, la Sociedad Santandereana de Ingenieros solicitó al gobernador Juvenal Díaz Mateus instruir a la Secretaría de Infraestructura para que realice una inspección técnica prioritaria, determine el alcance de los daños y establezca las intervenciones necesarias.También pidió coordinar con las autoridades ambientales la revisión de la licencia y de la operación de la concesión minera ubicada cerca del puente Baraya, debido a la preocupación por la posible relación entre la extracción de material y la acelerada socavación del lecho del río.
Las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) dieron un nuevo paso en su proceso de fortalecimiento institucional al convertirse en una institución universitaria, cambio que abre la posibilidad de ampliar su oferta académica y ofrecer programas de formación de posgrado.La transformación se concretó después de ocho años de proceso y representa un cambio que va más allá del nombre de la institución, pues permitirá a las UTS ampliar sus niveles de formación y avanzar en una oferta académica que incluya programas de posgrado.Uno de los primeros proyectos será la Maestría en Administración de Empresas, cuyo proceso avanza ante el Ministerio de Educación Nacional y que, de acuerdo con las proyecciones de la institución, podría comenzar a ofrecerse el próximo año.El rector de las UTS, Omar Lengerke, destacó que esta transformación permitirá ampliar las oportunidades de formación para los estudiantes de Santander y anunció que la institución proyecta nuevos programas en diferentes áreas del conocimiento.“Ingresan a una nueva institución. Se matricularon en las Unidades y hoy ingresan a la Universitaria Tecnológica de Santander, una universidad acreditada en alta calidad. Vamos a tener programas en el área de la salud, posgrados, maestrías y doctorados. Con orgullo, de aquí en adelante van a decir: estudian en la Universitaria Tecnológica de Santander”, afirmó Lengerke.De acuerdo con el rector, entre las áreas que se busca fortalecer están salud, comunicación y humanidades, con nuevos programas que respondan a las necesidades de formación de la región.Otro de los aspectos destacados es el acceso a la educación superior. Según Lengerke, actualmente el 98 % de los estudiantes de las UTS cuenta con gratuidad, una condición que, aseguró, hace parte del compromiso de la institución de facilitar el acceso de los jóvenes a la educación superior.Con este cambio, las UTS buscan ampliar progresivamente su oferta académica y consolidarse como una institución con nuevos niveles de formación para estudiantes y profesionales de Santander.
Varias subregiones de Antioquia registran emergencias por las recientes precipitaciones y fuertes vientos. Las autoridades reportan daños en viviendas, cultivos y vías en los municipios de Santa Bárbara, Apartadó, Carepa y Chigorodó.En el municipio de Santa Bárbara, un fuerte vendaval afectó sectores urbanos como la calle Sucre, Alto de las Guacas y Alto de las Hermanas, así como las veredas Corozal, Los Charcos, El Vergel, La Úrsula y Guayabales. El saldo preliminar es de 40 familias damnificadas por daños en cubiertas, interrupciones en el servicio de energía y afectaciones en cultivos de plátano, café y mango.Por otra parte, en la subregión del Urabá antioqueño, las fuertes lluvias provocaron inundaciones y desbordamientos. En Apartadó, los habitantes sufren su cuarta inundación del año debido al desbordamiento de afluentes, a pesar de las obras de mitigación realizadas previamente con muros de contención con llantas recicladas y cemento.En Carepa, el desborde del río Vijagual y las anegaciones en el barrio El Oasis dejaron cerca de 30 personas afectadas y problemas de movilidad; una damnificada del municipio cuenta lo que perdió tras la inundación."Era de día, empezó a llover, yo no pensé que se subía. Y, a pesar de que atranqué mi puerta con bolsas, trapos, cuñas, siempre entró como dos hileras de adobe. Se mojó mi basecama, pero pude salvar lo de más", indicó la mujer afectada.Entre tanto, en Chigorodó, las intensas lluvias generaron familias damnificadas y daños viales críticos en la vereda Remigio, donde la pérdida total de la banca dejó incomunicada a la comunidad. Asimismo, las autoridades evalúan procesos erosivos en la zona. "Se mantienen activos todos los protocolos y los procesos de atención de la emergencia para control de inundaciones. Y en el municipio de Chigorodoque se presenta afectación vial de una de las veredas principales. Ya el Dagran dispuso maquinaria en territorio para dar conectividad inmediata a las personas que se encuentran incomunicadas en este momento", señaló la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes Zúñiga.Los consejos municipales de gestión del riesgo de Carepa y Apartadó, en articulación con el Dagran, mantienen activos los protocolos de atención desde el pasado 6 de febrero para adelantar la caracterización de daños, la entrega de ayudas humanitarias y la recuperación de las vías afectadas en el Urabá.
Los terremotos registrados en Colombia y Venezuela durante los últimos meses ocurrieron en zonas diferentes y a profundidades muy distintas, pero ambos hacen parte de una dinámica geológica regional que los expertos identifican como un mismo “contexto tectónico”.La explicación fue entregada por Raúl Pérez, geólogo del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en entrevista con la agencia EFE, al analizar el movimiento de magnitud 7,4 registrado en Colombia y compararlo con los fuertes terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio.Para el especialista, la conexión está en la interacción de las placas tectónicas que atraviesan esta parte de Suramérica. Sin embargo, esto no significa que el terremoto ocurrido en Colombia haya sido provocado directamente por los sismos de Venezuela.¿Qué relación tienen los terremotos de Colombia y Venezuela?Pérez explicó que ambos fenómenos se encuentran dentro de una misma configuración tectónica regional, aunque las placas involucradas directamente no son exactamente las mismas.En Venezuela, la actividad sísmica está relacionada principalmente con la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana. En el occidente colombiano, por su parte, interviene la placa de Nazca, que interactúa con la placa Sudamericana.El geólogo explicó que, al seguir la estructura geológica asociada con la zona donde se produjeron los terremotos venezolanos hacia el oeste y hacia abajo, se llega al área relacionada con los eventos sísmicos registrados en Colombia.Por eso, Pérez habla de un mismo contexto tectónico, pero no de un único terremoto ni de una conexión directa de causa y efecto.Hay una diferencia clave entre ambos terremotosAunque existe esa relación regional, los terremotos presentan una diferencia fundamental: la profundidad a la que ocurrieron.Los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio tuvieron profundidades cercanas a los 10 kilómetros, mientras que el movimiento colombiano ocurrió aproximadamente a 100 kilómetros de profundidad.También existe una considerable distancia geográfica. De acuerdo con Pérez, los epicentros de ambos eventos están separados por alrededor de 1.000 kilómetros.Estas diferencias hacen que las consecuencias sobre la superficie puedan ser distintas, incluso cuando los dos fenómenos se encuentran dentro de un contexto tectónico relacionado.¿Por qué sorprendió tanto el terremoto de Colombia?Para el geólogo del IGME, uno de los aspectos que deberán estudiar con especial atención es la cantidad de daños producidos por un terremoto que ocurrió a una profundidad considerable.Pérez calificó el fenómeno colombiano como “bastante complejo” y señaló que será necesario analizarlo a fondo, precisamente porque un sismo de estas características y profundidad puede presentar particularidades importantes.El experto explicó que se trató de un terremoto relacionado con la dinámica de la zona de subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.La profundidad también es relevante para entender cómo se propagaron las ondas y por qué el movimiento pudo sentirse en una amplia zona del país.¿Por qué en algunas zonas el terremoto se sintió durante más tiempo?Otro elemento que ayuda a explicar las diferencias en la percepción del terremoto es el llamado efecto de sitio.Pérez explicó que las propiedades geológicas y mecánicas del terreno pueden modificar el comportamiento de las ondas sísmicas. En determinadas condiciones, el suelo puede amplificar tanto la frecuencia como la amplitud del movimiento.Esto no solo puede hacer que las personas perciban el terremoto durante más tiempo, sino que también puede incrementar el impacto sobre las construcciones ubicadas sobre determinados terrenos.El especialista recordó, sin embargo, que los terremotos no pueden predecirse y que el seguimiento posterior permite evaluar escenarios, no anticipar con certeza la hora o magnitud de un próximo movimiento.Por otro lado, Pérez mencionó el caso del volcán Puracé, que se encuentra en actividad moderada y presentó cambios que, según el experto, deben ser objeto de seguimiento.En este punto, el análisis científico busca establecer si existe algún tipo de interacción entre los diferentes procesos geológicos y evaluar su evolución.
La Gobernación de Antioquia y los consejos de gestión del riesgo desplegaron una operación de apoyo humanitario y técnico hacia los departamentos vecinos de Chocó y Risaralda, afectados por la emergencia.Desde el Puesto de Mando Unificado, encabezado por el gobernador Andrés Julián Rendón, se coordinó el envío de cuatro helicópteros civiles con 18 rescatistas especializados de la Cruz Roja y la Defensa Civil hacia el Chocó.Adicionalmente, por vía terrestre se movilizaron 100 soldados del Ejército, 22 unidades de la Cruz Roja y 11 de la Defensa Civil, acompañados de tres binomios caninos expertos en búsqueda y rescate. Edwin Montoya es coordinador de la misión por parte de la Cruz Roja."En total, la Cruz Roja se movilizó con 30 voluntarios de rescate. Vamos conectados con colegas de la defensa civil y vamos a conectar allá con bomberos locales. Ahí habrá un equipo de coordinación que nos conectará con las entidades que estén allá desarrollando acciones para nosotros entrar a apoyarlos de la mejor manera posible", expuso.Por su parte, desde la ciudad de Medellín se enviaron a Quibdó un equipo especializado de 21 bomberos, 2 ingenieros expertos en estructuras y 2 caninos de búsqueda, con equipos de rescate, drones, sistemas de localización y capacidad para levantar cargas.Asimismo, el municipio de Sabaneta desplegó un equipo especializado de 12 bomberos y 5 perros de búsqueda rumbo a Pereira. "Que se han desplazado a la ciudad de Pereira, 12 de nuestros bomberos más 5 caninos, acompañados por nuestro capitán Carlos Andrés, de nuestro cuerpo de bomberos voluntarios de Sabaneta, para apoyar las labores de búsqueda y rescate", destacó el alcalde de Sabaneta, Alder Cruz.Mientras tanto, el DAGRAN dispuso el desplazamiento del grupo COL-26, unidades de Ponalsar y más cuerpos de socorro hacia territorio risaraldense para apoyar las labores de salvamento. "Desde el departamento de Antioquia hemos desplegado toda nuestra capacidad operativa e institucional para atender esta emergencia y, sobre todo, la valoración de daños. Ya enviamos unidades de apoyo de la defensa civil y de la Cruz Roja a este, a la ciudad de Quibdó, y muy seguramente el día de mañana, vía terrestre, estamos enviando equipos y más personal de apoyo", expuso Vanessa Paredes Zúñiga, directora del DAGRAN.En cuanto al balance preliminar en Antioquia se evalúan afectaciones en 80 municipios, las autoridades reportan una persona fallecida, 12 lesionadas, 697 viviendas con daños, 39 iglesias afectadas y 122 instituciones educativas con perjuicios en su infraestructura.
