Un freno de la economía sería una de las principales consecuencias de una eventual decisión de la Corte Constitucional que tumbe la ley de financiamiento.
El tribunal estudia varias demandas que alegan problemas en el trámite de la reforma tributaria en el Congreso y que buscan que se declare inconstitucional.
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“Una eventual caída de la ley de financiamiento sería extremadamente grave para la economía. Además de ser un importante golpe a la certidumbre jurídica con que deben contar los agentes de los mercados, pondría en graves apuros el financiamiento del Estado”, dijo el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.
Actualmente la ley de financiamiento explica 7 billones de pesos al año en recaudo de impuestos y, además, estableció varios beneficios tributarios a las empresas, algunos de los cuales aún no encuentran vigencia y otras que apenas terminaron de reglamentarse.
Entre lo que ya se reglamentó están los beneficios tributarios para las empresas de economía naranja y el régimen simple de tributación para pequeñas empresas. Entre lo que aún necesita reglamentación está el mecanismo de mega inversiones.
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Otras medidas como la reducción en la renta a las empresas solo comenzarán a sentirse en el pago de impuestos del año entrante.
"Perder todos estos avances en términos tributarios tendría graves consecuencias sobre múltiples aspectos de la economía", agregó Mac Master.
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