De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los implicados habrían coordinado la vinculación del abogado Juan Sebastián Ramírez a la administración municipal mediante contratos que sumaron más de 70 millones de pesos. El objetivo, según las investigaciones, era lograr que retirara una demanda de nulidad que había interpuesto contra la elección del entonces alcalde en noviembre de 2023.
Junto al exmandatario fueron acusados la exdirectora de Contratación, Luz Mila Acevedo; la exgestora social, Sara Catalina Pedraza; y Miguel Ángel Ruiz.
La Fiscalía aseguró que inicialmente se firmó un contrato en febrero de 2024 por cerca de 19 millones de pesos, que no se ejecutó. Luego de esto, se suscribió un segundo contrato por más de 54 millones de pesos a través de la empresa pública Ecovivienda, con el fin de prestar apoyo jurídico y servir como enlace con la Alcaldía.
Las pruebas señalan que los trámites contractuales se iniciaron después de la presentación de la demanda y concluyeron con su retiro. Además, la Fiscalía sostiene que el exalcalde habría presionado al entonces gerente de Ecovivienda, incluso mediante amenazas, para concretar la contratación y emitir un documento que lo desligara de responsabilidad.
Un fiscal de Boyacá imputó a los procesados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.