Este domingo, 26 de julio, se realizarán las elecciones atípicas en Tunja, capital del departamento de Boyacá, para elegir al sucesor de Mikhail Krasnov, el alcalde conocido como “el Ruso”, quien fue destituido en inhabilitado por la Procuraduría y cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado.Para estas elecciones que buscan elegir a la persona que administrara la capital del departamento de Boyacá hasta el 31 de diciembre de 2027 compiten 11 aspirantes: Luis Eduardo Vargas Espinosa, por Colombia Justa Libres; Sandra Milena Estupiñán Orjuela, por la coalición Cambio Radical–Partido Conservador; Pedro Pablo Siauchó Cristancho, por Alianza Democrática Amplia (ADA); Jonathan Bosigas, por el Partido Ecologista Colombiano; Edwar Javier Parra Guerrero, por Dignidad y Compromiso; Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, por la Alianza Social Independiente (ASI); Yamir Oswaldo López Peña, por la coalición Alianza por Tunja (integrada por En Marcha y Alianza Verde); José Ricardo López Caro, por Esperanza Democrática; Diego Hernán Neira Acero, por el Partido Oxígeno; Yerson Nicolás Cortés Esteban, por el Pacto Histórico; y Nohora Milena Cano Fonseca, por el Partido MIRA.Sin embargo, las críticas se han centrado por la campaña que de frente ha hecho el destituido e inhabilitado exalcalde de origen ruso Mikhail Krasnov a favor de Sandra Estupiñan. En redes sociales, Krasnov la describe como una mujer “trabajadora, con experiencia, transparente que conoce el sector rural y urbano”.Para algunos líderes de la ciudad, el respaldo e injerencia que estaría ejerciendo Krasnov a favor de Estupiñan son inaceptables, ya que al exmandatario local no sólo se le anuló su elección por parte del Consejo de Estado por haber incumplido el régimen de inhabilidades en su inscripción, sino que también fue destituido e inhabilitado por 14 años por la Procuraduría bajo el mismo argumento.“Su administración también dejó serios cuestionamientos por contratos como el de don Matías, señalaba por presuntas irregularidades en todas sus etapas y por un desemebolso inicial cercano al 95% de su valor, mientras muchos ciudadanos afirman que no se ven reflejadas las obras”, aseguró el concejal Román Quintero del Partido Liberal.Adicionalmente, Krasnov enfrenta un juicio por presuntas irregularidades en procesos de contratación pública, entre ellas un supuesto acuerdo para favorecer con contratos a un abogado a cambio de que retirara una demanda de nulidad electoral. En ese caso le fueron imputados cargos por interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos.Incluso el abogado Marco Antonio Palma presentó una demanda en el Consejo Nacional Electoral solicitando la revocatoria de la inscripción de Estupiñan. El demandante sostuvo que la aspirante se encontraba inhabilitada legalmente debido a que los periodos de su cargo previo como concejal y su nueva pretensión electoral coinciden cronológicamente y que su renuncia estratégica no elimina el impedimento constitucional de simultaneidad, agravado por el hecho de haber ejercido como ordenadora del gasto y presidenta del Concejo Municipal meses antes de la elección.Sin embargo, esta semana el CNE mantuvo en firme la candidatura de Estupiñán y podrá competir en los comicios de mañana con el respaldo del polémico exalcalde.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los implicados habrían coordinado la vinculación del abogado Juan Sebastián Ramírez a la administración municipal mediante contratos que sumaron más de 70 millones de pesos. El objetivo, según las investigaciones, era lograr que retirara una demanda de nulidad que había interpuesto contra la elección del entonces alcalde en noviembre de 2023.Junto al exmandatario fueron acusados la exdirectora de Contratación, Luz Mila Acevedo; la exgestora social, Sara Catalina Pedraza; y Miguel Ángel Ruiz.La Fiscalía aseguró que inicialmente se firmó un contrato en febrero de 2024 por cerca de 19 millones de pesos, que no se ejecutó. Luego de esto, se suscribió un segundo contrato por más de 54 millones de pesos a través de la empresa pública Ecovivienda, con el fin de prestar apoyo jurídico y servir como enlace con la Alcaldía.Las pruebas señalan que los trámites contractuales se iniciaron después de la presentación de la demanda y concluyeron con su retiro. Además, la Fiscalía sostiene que el exalcalde habría presionado al entonces gerente de Ecovivienda, incluso mediante amenazas, para concretar la contratación y emitir un documento que lo desligara de responsabilidad.Un fiscal de Boyacá imputó a los procesados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos.
El Consejo de Estado admitió una acción de tutela presentada por el alcalde ruso Mikhail Krasnov en contra de la sentencia que anuló su elección como mandatario de Tunja para el periodo 2024-2027. Sin embargo, el alto tribunal negó la solicitud de suspender provisionalmente los efectos de esa decisión.De acuerdo con el auto fechado el 11 de marzo de 2026, la Sección Segunda del Consejo de Estado decidió dar trámite a la tutela al considerar que cumple con los requisitos legales. En este recurso, Krasnov alega la vulneración de sus derechos fundamentales, en particular el de elegir y ser elegido, tras el fallo del pasado 5 de marzo que dejó sin efectos su elección.No obstante, el tribunal fue enfático en señalar que no procede, por ahora, suspender la sentencia que lo apartó del cargo. Según la providencia, no se evidencian condiciones de urgencia ni un perjuicio irremediable que justifique una medida provisional mientras se estudia el fondo del caso.La defensa del exalcalde argumentó que la ejecución del fallo genera consecuencias institucionales y democráticas difíciles de revertir, pues interrumpe el mandato otorgado en las urnas. Aun así, el Consejo de Estado concluyó que estos argumentos no son suficientes para frenar los efectos de la nulidad electoral en esta etapa del proceso.Cabe recordar que la Sección Quinta del mismo alto tribunal confirmó la nulidad de la elección de Krasnov al establecer que estaba inhabilitado debido a la celebración de un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia dentro del año anterior a las elecciones.Con la admisión de la tutela, el proceso entra ahora en fase de estudio de fondo. El Consejo de Estado notificó a las partes involucradas y les otorgó un plazo de dos días para ejercer su derecho de defensa. Además, solicitó al Tribunal Administrativo de Boyacá el envío del expediente completo del caso.Mientras se resuelve esta acción constitucional, la nulidad de la elección se mantiene vigente, por lo que las autoridades electorales y departamentales deberán continuar con las medidas administrativas correspondientes para garantizar la gobernabilidad en la capital de Boyacá.
La decisión fue adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado que resolvió los recursos de apelación presentados contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá que había anulado su elección y tras estudiar los argumentos de las partes, el alto tribunal determinó que no prosperaron los recursos del demandado ni del impugnador, por lo que decidió confirmar la nulidad del acto que declaró su elección como alcalde de Tunja.El Consejo de Estado concluyó que Krasnov incurrió en la inhabilidad que prohíbe aspirar a la alcaldía a quienes hayan celebrado contratos con entidades públicas dentro del año anterior a la elección cuando estos deban ejecutarse en el mismo municipio.En el proceso se acreditó que el entonces candidato suscribió el contrato 2302 de 2022 con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) el 6 de diciembre de 2022 para prestar servicios profesionales relacionados con capacitación académica.En el proceso también se alegó que Krasnov no podía ser alcalde por tener doble nacionalidad, al ser colombiano por adopción y tener origen ruso y ucraniano.Sin embargo, el tribunal concluyó que esa restricción ya no existe en la legislación vigente para aspirar a la alcaldía, por lo que ese cargo de nulidad no fue aceptado.Ahora, si la defensa de Krasnov no interpone recurso de aclaración o adición que sería lo único que procede en este caso, lo que sigue entonces es que las autoridades electorales y el Gobierno departamental deberán adoptar las medidas correspondientes para la administración del municipio.
El intento de atentado con una volqueta cargada de explosivos cerca del Batallón Simón Bolívar, en Tunja, fue confirmado por las autoridades como una acción planeada con un sistema de temporizador, según reveló el coronel Eddy Cardona, comandante de la Primera Brigada del Ejército en Boyacá. El hecho, atribuido preliminarmente al ELN, generó alarma durante la madrugada del sábado, pero fue contenido gracias a la oportuna reacción de la comunidad y de las fuerzas de seguridad.La alerta ciudadana evitó una tragediaDe acuerdo con la información entregada por el Ejército Nacional, hacia las 5:00 de la mañana, vecinos del sector alertaron sobre la presencia sospechosa de una volqueta estacionada frente al batallón. “Transcurrieron cerca de una hora y media entre la llamada de advertencia y la llegada del grupo antiexplosivos, pero gracias al ‘Plan Buen Vecino’ se logró actuar de manera oportuna y minimizar los efectos colaterales de esta acción terrorista”, explicó el coronel Cardona en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales.El oficial destacó la importancia de la cooperación civil en la prevención de actos violentos. “Gracias a una llamada de un ciudadano se logró evacuar y anticipar la respuesta institucional, evitando pérdidas humanas”, añadió.Según el reporte, la volqueta fue adquirida en Duitama y posteriormente trasladada hasta la capital boyacense, donde fue estacionada a pocos metros del batallón. Las autoridades aún mantienen en reserva los detalles de la investigación sobre la trayectoria del vehículo y las personas implicadas.Explosivos tenían temporizadorEl coronel Cardona precisó que los artefactos explosivos estaban diseñados para activarse mediante un sistema de tiempo programado. “Durante el procedimiento técnico se determinó que el sistema que iniciaba las cargas era un temporizador”, señaló. Esta circunstancia coincidió con el momento en que el grupo antiexplosivos realizaba la verificación del vehículo, lo que provocó una detonación parcial dentro del perímetro militar.El Ejército rechazó el ataque y reiteró su compromiso con la seguridad de la región. “Rechazamos con vehemencia este tipo de acciones que infringen los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, afirmó el coronel. “Afortunadamente la situación en la unidad es de calma y seguimos cumpliendo nuestra misión constitucional”.Respuesta del municipio y balance de afectadosPor su parte, el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, confirmó que el balance final fue de tres personas heridas, sin víctimas fatales. “Los tres heridos pertenecen al personal del batallón; presentan lesiones leves y fueron atendidos en el Hospital San Rafael y la Clínica de los Andes”, informó.El mandatario local relató que desde el primer momento la Alcaldía activó el plan de emergencia y coordinó con la Policía y los Bomberos la evacuación de unas 600 personas del área aledaña. “A las 8:03 de la mañana se realizó una detonación controlada; desde la Alcaldía brindamos atención psicológica y apoyo a las familias afectadas”, indicó Krasnov.Además, la administración municipal expidió un decreto que restringe la venta de alcohol y la circulación de vehículos pesados, con el fin de facilitar las investigaciones. “Queremos garantizar que las autoridades trabajen con total seguridad y prevenir cualquier nuevo incidente”, puntualizó el alcalde.Tunja, ciudad de paz que rechaza el terrorismoAunque el atentado fue atribuido al ELN, el alcalde Krasnov insistió en que Tunja no tiene presencia de grupos armados ilegales. “Para nosotros no es un caso típico. Tunja es una de las capitales más seguras del país, un territorio de paz. Rechazamos estos actos y no vamos a dejar que la ciudad sea desestabilizada”, manifestó.El mandatario agregó que las labores de limpieza y aseguramiento se extendieron hasta la noche del sábado. “Estuvimos presentes hasta las 11 de la noche recogiendo escombros y asegurando que no hubiera más riesgos para la población”, añadió.El Ejército y la Policía Nacional continúan adelantando las investigaciones para determinar la autoría material e intelectual del ataque. El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de hasta 900 millones de pesos por información que conduzca a los responsables.Mientras tanto, las autoridades locales reiteraron el llamado a la comunidad para mantener la colaboración ciudadana a través de las líneas seguras. “Informar oportunamente permitirá actuar con todas las capacidades de nuestras instituciones”, concluyó el coronel Cardona.
La situación del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, ha generado gran polémica. La periodista María Clemencia Torres, quien además es denunciante del mandatario local, detalló las graves acusaciones que pesan sobre él, que incluyen presunto interés indebido en la celebración de contratos y amenaza a testigos.En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la periodista Torres explicó que el alcalde se inscribió a la Alcaldía de Tunja, en Boyacá, “estando en curso en una inhabilidad”. Específicamente, el alcalde suscribió un contrato el 6 de diciembre de 2022, con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).Según contó, a la fecha de las elecciones (octubre de 2023), “no había transcurrido los 12 meses como ordena la ley”.Una de las aristas más graves de la denuncia se centra en el retiro de una demanda de nulidad de la elección por parte del abogado Juan Sebastián Ramírez. Sostuvo que la razón de este retiro fue por un presunto acuerdo contractual.“Retiró la demanda porque el señor Juan Sebastián Ramírez recibió un contrato con la Alcaldía de Tunja para que retirara la demanda”, recalcó. Este contrato era de prestación de servicios profesionales para Ecovivienda, entidad adscrita a la Alcaldía.Según la denunciante, esta transacción quedó demostrada en la audiencia de imputación, donde la Fiscalía exhibió el material probatorio, incluyendo “WhatsApp, pantallazos” y más de quienes intervinieron para que Ramírez retirara la demanda.Además de la posible obstrucción por medio de contratos, la Fiscalía imputó al alcalde por amenaza a testigos. Torres confirmó que Krasnov amenazó al entonces gerente de Ecovivienda, Eduardo Camargo, quien posteriormente hizo “un principio de oportunidad con la Fiscalía”.Mikhail Krasnov sigue en su cargo, ¿por qué?A pesar de la gravedad de los fallos emitidos por las autoridades, Mikhail Krasnov “en este momento está ejerciendo la función de alcalde”, según aseguró la periodista Torres.Explicó que la situación jurídica es compleja, pues el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la nulidad del acto electoral, aunque este fallo aún está pendiente de apelación ante el Consejo de Estado.Además, la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó por 14 años en un fallo de primera instancia que espera confirmación en segunda instancia. La Fiscalía, por su parte, lo tiene imputado con una medida que le ordena presentarse a los llamados de la justicia y le prohíbe salir del país.Sin embargo, la pregunta central de la controversia es por qué, ante la demostración de la amenaza a testigos y la obstrucción a la justicia, el alcalde no recibió una medida de aseguramiento.La periodista María Clemencia Torres subrayó que se demostró no solo la amenaza al testigo Eduardo Camargo, sino también que “se perdieron documentos de la Alcaldía” del primer contrato que pensaron hacerle a Juan Sebastián Ramírez”.Enfatizó que estos hechos cumplen “dos aspectos fundamentales que le deberían dar medida de aseguramiento intramural”. Por eso, dijo que no entiende “por qué no tiene medida privativa de la libertad.
La Fiscalía imputó al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, por su presunta participación en la firma de dos contratos con un valor superior a los $78 millones para vincular a la persona que presentó la demanda de nulidad a la elección del mandatario y así persuadirla para que desistiera de sus pretensiones, en el caso fueron vinculadas dos exfuncionarias más.De acuerdo con la investigación, inicialmente en febrero de 2024 se firmó un contrato por 19,8 millones de pesos que no se ejecutó. Posteriormente, a través de la empresa pública Ecovivienda, se suscribió un segundo contrato por 54,2 millones de pesos.La Fiscalía estableció que los trámites comenzaron después de que se instaurara una demanda de nulidad contra la elección del mandatario y concluyeron con el retiro de la acción legal.Por esta razón, el ente acusador imputó al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov; a la directora de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán, y a la exgestora Social, Sara Catalina Pedraza Canaría, por su presunta responsabilidad en anomalías detectadas en la celebración de ese contrato.Según la Fiscalía, las pruebas apuntan a que Krasnov habría presuntamente amenazado al entonces gerente de Ecovivienda para que firmara el contrato y expidiera un documento que lo eximía de responsabilidad frente a las irregularidades.Por estos hechos, la Fiscalía imputó al alcalde los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigo. Por otro lado, Pedraza y Acevedo G fueron señaladas como cómplice y coautora, respectivamente, del delito de interés indebido en la celebración de contratos.Tanto el alcalde de Tunja como las dos funcionarias seguirán en libertad hasta tanto avance el proceso porque el juez impuso medidas no privativas de la libertad.
La Alcaldía Mayor de Tunja viene adelantando hace semanas un plan de recuperación del espacio público en diferentes sectores de la ciudad. En medio de este operativo, ejecutado por la Policía, se vio la escena de una vendedora ambulante en las calles del centro, quien entró en disputa con las autoridades porque le estaban decomisando su carreta de trabajo con toda la fruta que tenía ahí mismo.Este momento, que fue grabado por una persona que presenciaba el operativo, generó cientos de comentarios de indignación en redes sociales, pues, aunque hay quienes están de acuerdo con la recuperación del espacio público en la ciudad, la forma en que los policías decomisaron la carreta y dejaron caer la fruta al piso fue calificada como “inhumana”.El representante a la Cámara por Boyacá del Pacto Histórico Pedro Suárez Vacca, se refirió a lo ocurrido a través de una publicación en su cuenta en X, en la que afirmó que es “inaceptable que, en lugar de buscar soluciones justas, el alcalde de Tunja insista en operativos que dejan a los vendedores ambulantes sin su único sustento”.Esto ocurre en medio de la promesa del alcalde Mikhail Krasnov en campaña de despejar los espacios públicos de la ciudad, que han sido invadidos por el comercio informal y que, adicionalmente, busca reorganizar este gremio de trabajadores en espacios asignados por las autoridades y organizados especialmente para esto.¿Qué dijo el alcalde? Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja, defendió los operativos realizados por las autoridades afirmando que es la primera administración que “se atreve a recuperar el espacio público con firmeza”. Además, el mandatario dijo que el operativo obedece a una acción popular interpuesta por ciudadanos del centro histórico y que todo el actuar de las autoridades “respeta el Código de Policía y da cumplimiento a la ley”.¿Qué dicen los vendedores ambulantes? Este gremio, desde el comienzo de los operativos, se ha opuesto a las medidas, pues consideran que la reubicación les afectaría sus finanzas, pues los saca de la zona comercial de la ciudad.Adicionalmente, voceros de la comunidad se han reunido con representantes de la Alcaldía haciendo saber la postura sobre la necesidad de una regulación que permita el comercio informal bajo condiciones controladas y seguras.Cargos a alcalde ruso de Tunja por presunta inhabilidad al posesionarseLa Procuraduría ha señalado que Mikhail Krasnov podría estar inhabilitado para ejercer como alcalde debido a un contrato que celebró con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) un año antes de las elecciones.“Por el presunto desconocimiento de las normas que señalan que postularse y tomar posesión de un cargo a pesar de existir incompatibilidad, inhabilidad o conflicto de intereses, son causales de mala conducta, la Procuraduría calificó, provisionalmente, la presunta falta del investigado como gravísima a título de dolo”, dice el comunicado del Ministerio Público.Además, la Procuraduría destacó que su conducta habría afectado negativamente el servicio público, la función pública, la imagen institucional y los intereses del Estado.
La Procuraduría General de la Nación informó que formuló cargos contra Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja para el periodo 2024-2027, por presuntas irregularidades en su inscripción y posesión del cargo. ¿Qué dice la Procuraduría General de la Nación sobre el alcalde de Tunja?La Procuraduría ha señalado que Mikhail Krasnov podría estar inhabilitado para ejercer como alcalde debido a un contrato que celebró con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) un año antes de las elecciones.La entidad calificó provisionalmente la falta como gravísima a título de dolo, lo que significa que, de comprobarse, Krasnov habría actuado con intención de violar la ley. “Por el presunto desconocimiento de las normas que señalan que postularse y tomar posesión de un cargo a pesar de existir incompatibilidad, inhabilidad o conflicto de intereses, son causales de mala conducta, la Procuraduría calificó, provisionalmente, la presunta falta del investigado como gravísima a título de dolo”, dice el comunicado del Ministerio Público.Además, la Procuraduría destacó que su conducta habría afectado negativamente el servicio público, la función pública, la imagen institucional y los intereses del Estado. Doble nacionalidad alcale de TunjaEl Ministerio Público informó también que dispuso el archivo del posible hecho disciplinario que cuestionaba al alcalde por una supuesta inhabilidad para desempeñar el cargo, por tener doble nacionalidad.Mikhail Krasnov, es ruso, y llegó a la Alcaldía por el movimiento La Fuerza de la Paz. Krasnov nació en Sarátov, en la antigua URSS, y es un profesor universitario ruso nacionalizado colombiano. Vive en Tunja hace 15 años, adonde llegó de intercambio como estudiante cuando estudiaba en Alemania. Hijo de padre ruso y madre ucraniana, es economista y doctorado en sociología económica.
Mikhail Krasnov se convirtió en toda una sorpresa en las pasadas elecciones regionales, que lo dejaron como alcalde de la ciudad de Tunja, Boyacá. Para muchos era simplemente un mensaje de la ciudadanía a los partidos tradicionales y quizás a una de las banderas del profe ruso, como se le conoce al mandatario, en la lucha contra la corrupción.Pero los meses fueron avanzando y las dificultades en su Gobierno empezaron a aparecer, demandas de nulidad electoral; denuncias de actos de corrupción; falta de requisitos de algunas de las personas cercanas que están en puestos importantes de su Alcaldía y hasta maltrato a funcionarios se convirtieron en el diario vivir de la actual administración.Yesid Figueroa es uno de los ciudadanos que interpuso diferentes acciones para que las autoridades investiguen lo que vendría sucediendo en la actual Alcaldía. Uno de esos casos hace referencia a una persona que había interpuesto una denuncia por nulidad electoral, pero que, al parecer, después la retiró y habría resultado con un contrato millonario en una dependencia de la alcaldía. Su denunciante, así lo relata."Nosotros denunciamos penalmente al alcalde Mikhail Krasnov, al gerente de Ecovivienda y al abogado Sebastián Ramírez, por el punible de cohecho, tráfico de influencias y celebración indebida de contratos, entre otros delitos, porque efectivamente tenemos elementos de prueba que los tiene ya la fiscalía, la fiscalía 22 seccional de Tunja, que investiga los derechos contra la administración pública y vamos muy avanzados no puedo revelar más información", indicó Yesid Figueroa.Otro caso de presunto direccionamiento de contrato hace referencia al que habría firmado una mujer, que tendría un hijo con el magistrado que lleva el caso del alcalde Mikhail Krasnov, en el Tribunal Administrativo de Boyacá."Estamos manejando este tema del magistrado de la mamá de la menor de la hija del magistrado", agregó Yesid Figueroa.Blu Radio habló con el magistrado Luis Ernesto Arciniegas, quien explicó el caso de la mujer con quien tuvo una hija y hoy labora en la alcaldía, pero, además, sobre el tema de la denuncia de un ciudadano que pide se revisen diferentes actuaciones del togado."Ella llegó a obtener ese contrato fue en virtud de una convocatoria pública y quiero reiterar algo, la abogada no ha sido, ni es ni mi compañera permanente ni mi compañera sentimental ni mi concubina. Yo soy un hombre casado, soy una persona que tengo con mi esposa una relación de más de 12 años, por lo tanto, esas imputaciones que se me hacen me parece que son fábulas que están construidas a través de chismes, de rumores, de informaciones inexactas, con el único propósito de hacerme daño de afectar mi integridad moral, la intimidad de mi familia y la independencia judicial", señaló el Magistrado Arciniegas.El magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá aclaró en qué va el proceso del actual alcalde de Tunja."La demanda en contra de la elección del alcalde está radicada en mi despacho, se han tomado determinaciones en relación con esa demanda, la más reciente, la relacionada con el rechazo a la demanda que quiero aclarar no fue una decisión mía, unipersonal, si no fue de la sala segunda de decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, integrada por 3 magistrados, decisión que fue objeto de apelación, resuelto por el Consejo de Estado recientemente, que revoca esa decisión y le da la razón al demandante, de suerte que esa fábula que circula, esa ficción de que hemos cometido un prevaricato, pues se cae de su peso, porque esa decisión fue objeto de recurso y el Consejo de Estado la revocó para darle la razón a los demandantes", explicó.Por otra parte, Nelson Villabona, personero de Tunja, abrió varias investigaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en funcionarios de la administración Krasnov. Uno de los casos requirió la suspensión por tres meses de la funcionaria que fungía como secretaria de la Mujer y que está bajo la lupa por el cumplimiento de los requisitos que se necesitan para el cargo."Con los datos que surgieron de parte de la misma secretaria administrativa, de la universidad y de distintas fuentes que llamamos, fuentes contrastadas para verificar cual es la información y adicionalmente se pidió la colaboración por parte de distintas entidades, de distintas dependencias, pues obviamente para tener certeza porque las decisiones que se toman, las suspensiones que se toman, en el evento de tomarlas mal la responsabilidad se devuelve contra la misma personería" indicó el personero de Tunja.En medio de todo el revuelo que causa los diferentes casos de la administración actual de Tunja, han renunciado secretarios cercanos a Krasnov, quienes en sus cartas de renuncia hablan de circunstancias que no estuvieron de acuerdo y por las que prefirieron dar un paso al costado.Blu Radio intentó comunicarse con el alcalde, pero ni su equipo ni él dieron respuesta.
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.