Mikhail Krasnov sigue siendo alcalde; no está en la cárcel: ¿qué pasa con destitución?

La situación del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, ha generado gran polémica. La periodista María Clemencia Torres, quien además es denunciante del mandatario local, detalló las graves acusaciones que pesan sobre él, que incluyen presunto interés indebido en la celebración de contratos y amenaza a testigos.En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la periodista Torres explicó que el alcalde se inscribió a la Alcaldía de Tunja, en Boyacá, “estando en curso en una inhabilidad”. Específicamente, el alcalde suscribió un contrato el 6 de diciembre de 2022, con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).Según contó, a la fecha de las elecciones (octubre de 2023), “no había transcurrido los 12 meses como ordena la ley”.Una de las aristas más graves de la denuncia se centra en el retiro de una demanda de nulidad de la elección por parte del abogado Juan Sebastián Ramírez. Sostuvo que la razón de este retiro fue por un presunto acuerdo contractual.“Retiró la demanda porque el señor Juan Sebastián Ramírez recibió un contrato con la Alcaldía de Tunja para que retirara la demanda”, recalcó. Este contrato era de prestación de servicios profesionales para Ecovivienda, entidad adscrita a la Alcaldía.Según la denunciante, esta transacción quedó demostrada en la audiencia de imputación, donde la Fiscalía exhibió el material probatorio, incluyendo “WhatsApp, pantallazos” y más de quienes intervinieron para que Ramírez retirara la demanda.Además de la posible obstrucción por medio de contratos, la Fiscalía imputó al alcalde por amenaza a testigos. Torres confirmó que Krasnov amenazó al entonces gerente de Ecovivienda, Eduardo Camargo, quien posteriormente hizo “un principio de oportunidad con la Fiscalía”.Mikhail Krasnov sigue en su cargo, ¿por qué?A pesar de la gravedad de los fallos emitidos por las autoridades, Mikhail Krasnov “en este momento está ejerciendo la función de alcalde”, según aseguró la periodista Torres.Explicó que la situación jurídica es compleja, pues el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la nulidad del acto electoral, aunque este fallo aún está pendiente de apelación ante el Consejo de Estado.Además, la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó por 14 años en un fallo de primera instancia que espera confirmación en segunda instancia. La Fiscalía, por su parte, lo tiene imputado con una medida que le ordena presentarse a los llamados de la justicia y le prohíbe salir del país.Sin embargo, la pregunta central de la controversia es por qué, ante la demostración de la amenaza a testigos y la obstrucción a la justicia, el alcalde no recibió una medida de aseguramiento.La periodista María Clemencia Torres subrayó que se demostró no solo la amenaza al testigo Eduardo Camargo, sino también que “se perdieron documentos de la Alcaldía” del primer contrato que pensaron hacerle a Juan Sebastián Ramírez”.Enfatizó que estos hechos cumplen “dos aspectos fundamentales que le deberían dar medida de aseguramiento intramural”. Por eso, dijo que no entiende “por qué no tiene medida privativa de la libertad.