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Cadena perpetua y castración química a violadores generan controversia

Diferentes sectores han realizado estas propuestas para lograr frenar los delitos contra los menores.

27310_Denuncian falta de papel y tinta en los tribunales de Medellín / Foto de referencia: CGR Colombia
Denuncian falta de papel y tinta en los tribunales de Medellín / Foto de referencia: CGR Colombia

Luego de conocerse el caso del secuestro, abuso, tortura y homicidio de Yuliana Samboní a manos del arquitecto Rafael Uribe Noguera, varios sectores se han manifestado pidiendo el endurecimiento de las penas, la cadena perpetua y hasta la castración química.
 
La senadora Maritza Martínez se refirió a este último. Señaló que se trata de “un procedimiento de inhibición hormonal del deseo sexual” y no de una intervención quirúrgica, es simplemente acompañar la condena, que acompañaría la pena de detención una condena por el doble de tiempo de esta castración química que inhiba su deseo sexual”.
 
“Es un tratamiento que es muy importante implementarlo en el país, sin duda alguna, quienes cometen estos delitos no tienen la capacidad de inhibir ese deseo primario criminal de cometer ese tipo de conductas”, agregó la legisladora, quién volvió a solicitar la identificación de las viviendas donde viven los violadores condenados.
 
Por su parte, Johana Salamanca, hija de la exsenadora Gilma Jiménez, y quien ha tomado las banderas del referendo por la cadena perpetua para violadores de niñas, niños y adolescentes.
 
“Se trata de mandar el mensaje a la sociedad al mundo entero de que en Colombia no vamos a permitir que sigan violando y matando a los niños del país”, dijo Salamanca, quien aclaró que en el Congreso no prosperó la iniciativa por lo que su madre tuvo que recurrir a la vía de la refrendación popular.
 
Salamanca señaló que el presidente Juan Manuel Santos la invitó a su despacho y le pidió apoyo para este referendo, sin embargo, a la fecha y luego de haberse comprometido públicamente no se ha dado paso a esa iniciativa.
 
Para finalizar, Iván González, señaló que las herramientas que tiene la ley en Colombia son suficientes y aseguró que por esta conducta el presunto agresor podría recibir hasta 90 años de cárcel, sin embargo, indicó que la cantidad de la pena no evitar que se sigan cometiendo este tipo de hechos.

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