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El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar más de 2.300 millones de pesos a la familia de seis personas que fallecieron luego de pisar una mina antipersonal sembrada por las Farc en 2006 en la Serranía de La Macarena, departamento del Meta.
En el fallo conocido por BLU Radio, la Sección Tercera de Consejo de Estado estableció que las víctimas estaban adelantando labores de erradicación manual de cultivos ilícitos para el Programa Presidencial de Erradicación de Cultivos Ilícitos “Colombia Verde”, de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.
Aunque las autoridades demandadas argumentaron que la responsabilidad era de las Farc, el Consejo de Estado determinó que era la Naciónpor cuenta de su obligación de proteger a las personas vulnerables, principalmente si estaban en estas zonas de riesgo.
Vea también: Un muerto y siete heridos por activación de mina antipersonal en Tumaco
“La muerte de los campesinos se produjo en el marco del conflicto armado interno y por un hecho imputable al Estado, dado que el ataque de las Farc tenía como propósito torpedear la labor estatal de erradicación de cultivos ilícitos”, advierte el fallo.
Los hombres víctimas en este caso ejercían esta labor a cambio de 27.000 pesos diarios que eran entregados por parte del programa promulgado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, como parte de la estrategia para combatir a los miembros de esa guerrilla.
“Si bien materialmente el daño fue ocasionado por las Farc, su eventual producción era un riesgo del guardián de la actividad lícita que se estaba desarrollando (erradicación), es decir, del Estado”, señala el fallo.
Para el Consejo de Estado, este caso concreto fue una grave violación a los derechos humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado.
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Además de condenar al pago millonario a favor de la familia de las víctimas, el alto tribunal ordenó el envío al director del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Archivo General de la Nación de una copia de la presente sentencia con el fin de que haga parte de sus registros, y “se contribuya así a la construcción documental del país que busca preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia”.
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