La Contraloría General abrió oficialmente el proceso de responsabilidad fiscal por la pérdida de $543 mil millones de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Cremil, en medio de un fallido negocio inmobiliario.
En esa medida fueron vinculados un contralmirante, varios generales de las Fuerzas Militares, de la Fuerza Aérea, dos funcionarios civiles; todos integrantes del consejo directivo de Cremil.
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Asimismo, la Contraloría Insiste que la irregularidad se dio porque la Caja transfirió el derecho de propiedad de 14 lotes avaluados en $543 mil millones a una Sociedad Fiduciaria para a cambio recibir una propiedad por 16.819 metros cuadrados representados en una torre de oficinas y 289 estacionamientos.
Dicho proyecto se estaba construyendo en el norte de Bogotá y debía entregarse en 2019, pero nunca se culminó y Cremil, que según la auditoría no exigió ningún tipo de garantía para proteger el patrimonio, se quedó sin el nuevo edificio y sin los lotes.
La Contraloría decretó además medidas cautelares contra el Fideicomitente del fideicomiso de administración inmobiliaria América Centro de Negocios y la sociedad fiduciaria y cinco compañías aseguradoras para intentar, en lo posible, recuperar el dinero de los militares retirados.
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