En mayo de 2015, el juzgado Penal Municipal de Cartago (Valle) condenó a Deiby Johanni Ospina por el delito de inasistencia alimentaria. Posteriormente, este hombre fue condenado a pagar a 32 meses de prisión y una multa equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.
Esta decisión fue apelada bajo el argumento de que se vulneró la garantía de la libertad de Deiby, quien carece de antecedentes penales y no requiere tratamiento penitenciario. Además, se indicó que se vulneró el interés superior de la menor, pues, con la restricción de libertad, se le impidió al padre trabajar y satisfacer las necesidades primarias de su hijo.
También señalan que el juez dejó de lado que Deiby quiso enmendar su error y, para abonar las cuotas atrasadas, consignó la suma de $1.000.000 en la cuenta de depósitos judiciales del Juzgado de conocimiento.
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Sin embargo, en segunda instancia, señaló el juez que, fue contundente en sostener que no había lugar a la apelación, porque teniendo en cuenta el numeral 6 del artículo 193 del Código de la Infancia y la Adolescencia, no aparece que el implicado hubiese indemnizado a la menor.
Destacó que, si bien al momento del fallo ofreció una suma de dinero ($1.000.000), según la representante de la víctima, no cubre la totalidad de los daños causados.
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Pero cuando el caso llegó a casación en la Corte Suprema de Justicia, el alto tribunal pidió anular la sentencia que condenó a Deiby por inasistencia alimentaria, además señaló que se le impuso una pena de 32 meses de prisión.
Y no se acreditó que tuviera antecedentes penales, por lo que no le impuso medida de aseguramiento y pidió que se pusiera al día con las cuotas alimentarias.
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