La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de tutela presentada por Diego Marín Buitrago, conocido como 'Papá Pitufo', con la que pretendía frenar su proceso de extradición y anular actuaciones judiciales adelantadas en Colombia dentro del expediente que lo vincula con una presunta estructura criminal dedicada al contrabando y al soborno.
La decisión fue adoptada por la Sala de Casación Penal, que concluyó que la tutela no podía utilizarse para reemplazar los mecanismos ordinarios de defensa judicial, especialmente porque tanto el proceso penal como el trámite internacional de extradición continúan en curso.
Marín Buitrago cuestionaba la legalidad de su captura internacional y sostenía que existían irregularidades en el procedimiento de extradición adelantado por Colombia ante España y Portugal. Según su defensa, la orden de captura emitida en marzo de 2024 había perdido vigencia luego de ser ejecutada en España, por lo que no podía seguir respaldando una circular roja de Interpol ni justificar una segunda detención, ocurrida posteriormente en Portugal.
Sin embargo, la Corte concluyó que la orden de captura seguía activa debido a que el proceso penal no había avanzado a la etapa de imputación en ese momento y, por tanto, la notificación roja internacional conservaba validez jurídica. El alto tribunal consideró que no existió arbitrariedad en el uso de esa circular, especialmente porque el investigado continuaba fuera del país y era requerido por la justicia colombiana.
La investigación contra Marín Buitrago comenzó luego de que la Fiscalía lo señalara de liderar una organización criminal con alcance nacional dedicada al concierto para delinquir agravado con fines de contrabando y al delito de cohecho por dar u ofrecer. La orden de captura fue emitida el 11 de marzo de 2024 por un juez de control de garantías de Bogotá.
Tras ello, Colombia solicitó formalmente su extradición ante España, país donde residía. Marín fue capturado en Valencia el 5 de abril de 2024, pero quedó en libertad provisional con restricciones migratorias. Meses después, las autoridades españolas aprobaron su entrega a Colombia, aunque el procesado abandonó ese país y fue ubicado posteriormente en Oporto, Portugal, donde volvió a ser detenido con base en la circular roja de Interpol.
Actualmente, el trámite de extradición permanece suspendido debido a una solicitud de asilo político presentada por Marín Buitrago ante autoridades portuguesas. Aun así, la Corte precisó que el procedimiento sigue activo y depende ahora de la decisión que adopte Portugal sobre esa petición.
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En la tutela, el procesado también alegó vulneración a su derecho al debido proceso porque, según indicó, la audiencia de imputación y la imposición de medida de aseguramiento se realizaron sin su presencia, pese a que se encontraba detenido en el extranjero y habría solicitado participar virtualmente. No obstante, la Corte concluyó que las autoridades judiciales agotaron los mecanismos para garantizar su comparecencia y que fue el propio investigado quien inicialmente rechazó asistir a las diligencias.
El alto tribunal destacó que los jueces colombianos coordinaron con autoridades portuguesas la conexión remota para las audiencias y que el acusado estuvo acompañado permanentemente por su defensa técnica. Además, recordó que el proceso penal aún no llega a juicio y que existen instancias ordinarias para controvertir decisiones judiciales.
Con esta determinación, la Corte Suprema mantuvo vigentes tanto el proceso penal como el trámite de extradición contra Diego Marín Buitrago, mientras avanzan las decisiones judiciales y administrativas pendientes en Portugal.
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