Un fallo de la Corte Suprema de Justicia les abre la puerta a las víctimas del conflicto entre 2006 y 2014 para que reciban una pensión especial. Se trata de un periodo en el los afectados por la violencia quedaron por fuera de cualquier tipo de protección por una inexplicable omisión del Congreso.
En el alto tribunal se determinó, a través del caso de un joven campesino de Tarazá, Antioquia, que el Estado debe garantizar las pensiones a las víctimas.
En diálogo con BLU Radio, Eider Villalba, quien sufrió varias lesiones por una mina antipersonal en 2011, manifestó su felicidad por el fallo de la Corte.
“Fui víctima de una mina antipersonal puesta por estos grupos al margen de la ley en la finca de mi padre. Con una herramienta de trabajo activé este artefacto y sucedió el accidente trágico que cambió mi vida. Yo sufrí amputación en ambas manos, ceguera total, cicatrices”, explicó.
Luego, añadió cómo fue el proceso que hoy salió a su favor.
“Uno llega a la ciudad de Medellín desorientado, sin saber los derechos ni a donde acudir. Las autoridades competentes para brindar ayuda no lo hicieron en su momento. Dos años después del accidente me encontré con el abogado Juan Diego Sánchez. Él me dijo que me vulneraron los derechos y ahí empezó la demanda. (…) Feliz, contento porque se hizo justicia en este proceso”, señaló.
Villalba, para finalizar la entrevista con este medio radial, hizo un llamado a las demás víctimas que no han recibido un apoyo del Estado: “Hay muchos casos. Acudan, es un derecho que tenemos, lastimosamente hay que reclamarlo por demandas y tutelas”.
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