Un fallo de la Corte Suprema de Justicia les abre la puerta a las víctimas del conflicto entre 2006 y 2014 para que reciban una pensión especial. Se trata de un periodo en el los afectados por la violencia quedaron por fuera de cualquier tipo de protección por una inexplicable omisión del Congreso.En el alto tribunal se determinó, a través del caso de un joven campesino de Tarazá, Antioquia, que el Estado debe garantizar las pensiones a las víctimas.En diálogo con BLU Radio, Eider Villalba, quien sufrió varias lesiones por una mina antipersonal en 2011, manifestó su felicidad por el fallo de la Corte.“Fui víctima de una mina antipersonal puesta por estos grupos al margen de la ley en la finca de mi padre. Con una herramienta de trabajo activé este artefacto y sucedió el accidente trágico que cambió mi vida. Yo sufrí amputación en ambas manos, ceguera total, cicatrices”, explicó.Luego, añadió cómo fue el proceso que hoy salió a su favor.“Uno llega a la ciudad de Medellín desorientado, sin saber los derechos ni a donde acudir. Las autoridades competentes para brindar ayuda no lo hicieron en su momento. Dos años después del accidente me encontré con el abogado Juan Diego Sánchez. Él me dijo que me vulneraron los derechos y ahí empezó la demanda. (…) Feliz, contento porque se hizo justicia en este proceso”, señaló.Villalba, para finalizar la entrevista con este medio radial, hizo un llamado a las demás víctimas que no han recibido un apoyo del Estado: “Hay muchos casos. Acudan, es un derecho que tenemos, lastimosamente hay que reclamarlo por demandas y tutelas”.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
En su visita a Medellín, el director de la Unidad de Investigación y Acusaciones de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, reveló que más de 1.200 testigos y comparecientes han solicitado seguridad a la jurisdicción especial por amenazas y alto riesgo contra sus vidas.Según el funcionario, quien estuvo en la sede territorial de la unidad en el centro de la ciudad, las solicitudes argumentan intimidaciones, persecuciones, seguimientos de desconocidos, atentados y amenazas de muerte contra víctimas del conflicto, testigos, desmovilizados de las Farc, exmilitares y terceros civiles que han decidido comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz.De las 1.284 peticiones de protección ya se han analizado y resuelto 1.100 de ellas con negaciones o diferentes esquemas. De hecho, según Álvarez, más de 100 personas ya cuentan con un mecanismo de protección de la JEP, incluso, con escoltas de la Unidad Nacional de Protección."Más de 100 personas protegidas por parte de la jurisdicción con diferentes mecanismos de protección, incluso, algunos con esquemas fuertes de protección como vehículos blindados y hombres de protección. Otros están protegidos con mecanismos de protección que se llama seguridad blanda", explicó.El director de la Unidad insistió que la Jurisdicción Especial para la Paz continúa con sus procesos y que las investigaciones por los casos de secuestros de las Farc y falsos positivos van muy adelante, por lo que pronto habrá decisiones al respecto.Escuche más noticias del día aquí:
Mientras que La Unidad para las Víctimas continúa entregando las ayudas humanitarias a las 4.225 personas que fueron desplazadas en Ituango, las autoridades confirmaron que las familias de Peque también retornaron de forma voluntaria.Las familias de Peque también desplazadas por el conflicto armado y donde llegaron campesinos de Ituango retornaron a sus viviendas. En este municipio la Unidad para las Víctimas entregó 1.7 toneladas de ayuda humanitaria con el fin de mitigar sus necesidades primarias y apoyar a la población afectada.Las personas desplazadas que se encontraban en dos albergues temporales regresaron a las veredas La Vega del Inglés, Portachuelos, Los Chorros y La Redonda jurisdicción del municipio de Peque.
Durante dos años, una red delincuencial conocida como Los Call Center habría estafado mediante engaños a 6.900 personas en las ciudades de Bogotá, Cali, Manizales, Armenia, Pereira, y el municipio de Dosquebradas. Su actuar delictivo consistía en ganarse la confianza de sus víctimas a través de llamadas, y luego de suplantar a entidades financieras e importantes marcas de ventas en línea, estafaban a clientes y usuarios de las compañías financieras y marcas de productos.Luego de varios meses de investigaciones, hombres de la Policía lograron realizar 43 diligencias de registro y allanamiento. En los operativos se logró la captura de 51 personas sindicadas de integrar la red de estafadores.La Dijín de la Policía explicó que la reconocida organización criminal tenía como modus operandi más común “la venta ficticia de productos bancarios por medio de llamadas telefónicas, siendo su modus operandi suplantar a funcionarios de entidades del sector financiero, con el fin de hacer que las personas adquirieran portafolios de servicios que nunca habían solicitado, y así ofrecer supuestas exoneraciones de cuotas de manejo en lo que se refiere a tarjetas de crédito, y de esta manera fraudulenta, adueñarse de la información personal de sus víctimas para posteriormente estafarlas.”“Se pudo establecer que esta estructura creó ‘call centers’ en diferentes partes del país. Integraban personas en esa organización, a las cuales las preparaban para hacer las diferentes llamadas faldas, haciéndose pasar como integrantes de entidades bancarias del país e internacionales. Preguntaban a las víctimas por algunos datos privados que tiene el sector bancario”, aseguró el general Fernando Murillo, director de Investigación Criminal e Interpol.Las investigaciones se realizaron en dos fases. En la primera fueron capturadas 30 personas y en la segunda se detuvieron a 21.“De esta manera se identificó a sus cabecillas. Alias ‘Lina Coca’, era la encargada de conseguir personas a través de las entidades financieras para acceder y tener privilegio de información bancaria. Se pagó hasta 140 millones de pesos por esta información”, dijo el oficial.Otro de los líderes de la red criminal era alias ‘El Pollo’, sindicado de liderar procesos de formación y reclutamiento de personas para vincularlas a los call center fraudulentos, con el fin de potenciar el actuar delincuencial los estafadores.Los 51 presuntos delincuentes, habrían suplantado a 16 marcas financieras del país y 4 internacionales. En los operativos se hallaron 14 computadores, discos duros, memorias USB y otros dispositivos en los que se almacenaba información financiera privilegiada de las víctimas y que hoy están en poder de investigadores judiciales para desentrañar y localizar a otros posibles cómplices. Las autoridades vinculan a esta red con estafas que superan los 5 mil millones de pesos.
Este jueves se conmemoran 10 años de la sanción de la Ley 1448, más conocida como ley de víctimas, considerada una de las normas más importantes que el Congreso de la República haya expedido en las últimas décadas.Tras cuatro años de intensas discusiones, se logró un texto respaldado en forma casi unánimemente por todas las fuerzas políticas y un respaldo directo de la comunidad internacional.El 10 de junio de 2011 se expidió en Colombia la primera ley que reconoció el conflicto armado y sus víctimas.En su momento se dijo que era una de las leyes más respetuosas de los derechos de las víctimas que se habían visto en el mundo, pues su objetivo era reparar de manera integral y en un plazo de 10 años, a más de 3.000.000 de personas.En 2013 se da la instalación de la primera mesa nacional de participación de víctimas e inician la formulación de los planes de reparación colectivas, espacios creados por la ley y que contribuyeron empoderamiento de las víctimas en la exigencia por la garantía de sus derechos.En el 2014, el Carr Center de la Universidad de Harvard reconoció el programa de reparación colombiano como líder en el mundo en términos de cumplimiento de las normas internacionales de los más altos estándares y destaca su integralidad.En diciembre de 2019, la Corte Constitucional amplió la vigencia de la ley, que culminaba en junio de ese año, tras estudiar una demanda presentada por los exministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, quienes aseguraban que la finalidad de la norma no estaba cumplida y que también afectaba la implementación del acuerdo de paz firmado con las Farc, en noviembre de 2016.El presidente Iván Duque sancionó a principio de este año una prórroga por 10 años de la ley de víctimas y restitución de tierras, la prórroga había sido aprobada por el Congreso colombiano el pasado 11 de diciembre y con ella la ley estará vigente hasta el 10 de junio de 2031.Escuche la nota completa de Meridiano aquí:
En un encuentro en el Museo Casa de la Memoria, la Mesa de Víctimas de Medellín entregó la primera parte del Informe de Desplazamiento Forzado Intraurbano en la ciudad a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).En este documento de 46 páginas, entregado a la magistrada María del Pilar Valencia, se recopila la información sobre este flagelo que han sufrido las familias sobre todo en ocho comunas de la capital antioqueña desde hace 36 años.Según los registros de este primer informe, con datos de la Personería de Medellín, entre 1985 y el 28 de febrero de 2021, se han registrado 138.183 víctimas de desplazamiento forzado intraurbano, pues por amenazas y la misma violencia han tenido que abandonar sus hogares y cambiarse a otro barrio en la ciudad. Incluso, son revictimizadas porque muchas de ellas llegaron despojadas de sus tierras de otras regiones de Antioquia y del país.Por eso, la Mesa de Víctimas de Medellín busca que la Justicia Especial para la Paz investigue y sancione a los causantes de estos desplazamiento intraurbanos, pero además, que los afectados puedan ser reparados porque si bien este flagelo ya fue reconocido por la Corte Constitucional como delito del conflicto armado colombiano, hoy no se ha indemnizado."Lo llevamos hasta la Corte y fue reconocido el desplazamiento intraurbano; sino que tiene unos matices ahora que no lo indemnizan", sostuvo Ana Idaly Delgado, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Medellín.El informe entregado a la JEP también indica que el 71% de los casos de desplazamiento forzado intraurbano ha ocurrido en Robledo, Popular, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires, Manrique, Santa Cruz y la Comuna Trece desde 1985. Sin embargo, los picos de víctimas se evidencian después de la Operación Orión en 2002.Al destacar este informe, la magistrada Valencia indicó que el conocimiento de estos casos "está orientado al derecho no solamente a la verdad sino también a la investigación-sanción de los responsables en el marco de la justicia restaurativa".El segundo informe sobre este delito en la ciudad será entregado al Tribunal de Paz el 20 de septiembre de este año.
Durante el evento en que se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el presidente Iván Duque dijo que siempre que se ha empelado la palabra paz en el contexto de cualquier aproximación negociadora con grupos armados ilegales termina, pero es la palabra impunidad la que se impone.“Cuando la impunidad se impone termina siendo la incubadora y partera de nuevas formas de violencia por qué siempre existirá en otros que pretendan seguir ese camino. La idea de qué, es el poder ensordecedor de los fusiles el que termina llevándole la posibilidad de negociar términos y condiciones con el Estado”, dijo.De igual manera, afirmó que los victimarios no han aportado sus bienes y recursos para reparar a quienes afectaron durante la guerra.“Esa reparación también de partir para que todos los colombianos les exijamos a los victimarios que aporten sus recursos para reparar, que no los oculten. Y que, si los ocultan, esa sola condición los tiene que despojar de cualquier tipo de beneficio ante la justicia”, añadió.De otro lado, el presidente Iván Duque insistió en que si no hay justicia proporcional y efectiva será difícil que se dejen de presentar hechos de violencia en nuestro país.
El pasado 20 de marzo un escabroso caso de violencia contra una menor sacudió el barrio Villa Muvdi, del municipio de Soledad.Según conoció BLU Radio, una adolescente de 16 años fue torturada por otro menor de la misma edad, quien presuntamente era su mejor amigo y la mandó a llamar a su casa para dialogar. Sin embargo, una vez la adolescente ingresó a una de las habitaciones fue atacada con un cuchillo hasta perder el conocimiento.Tras creerla muerta, la víctima despertó y fue llevada a la ducha donde continuó la tortura.Pese a que la mamá del agresor ingresó, el ataque no paró allí, pues la mujer sorprendida al ver a su hijo, le quitó el cuchillo y para encubrirlo continuó ella apuñalando a la adolescente.Al menos otras dos personas que llegaron al inmueble participaron en el ataque y son buscadas por las autoridades.Allegados al caso informaron a BLU Radio que a la víctima le cubrieron la boca y la nariz con cinta para tratar de asfixiarla, sin embargo, sobrevivió después de 15 horas de tortura.La adolescente permanece en delicado estado de salud en Hospital General de Barranquilla con 80 puñaladas en todo su cuerpo y una lesión grave en uno de sus ojos.
Dos eventos liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) en el Cesar y La Guajira se llevaron a cabo con ocasión de la conmemoración del Día Internacional en Contra del Eeclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos armados ilegales. Los eventos tuvieron cita en los municipios de Becerril, en el departamento del Cesar y el corregimiento de Conejo, municipio de Fonseca, en La Guajira.De acuerdo con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización en el evento realizado en la Casa de la Cultura del municipio de Becerril, al que asistieron 25 personas debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, se dio a conocer la oferta institucional de la ARN, oficina de Víctimas, Recreación y Deporte, Policía de Infancia y Adolescencia, Comisaría de Familia, Biblioteca Municipal, entre otras instituciones.En la reunión cada representante socializó las funciones que ejercen desde su misionalidad para prevenir el reclutamiento de menores en este territorio.Así mismo, los participantes de la estrategia Mambrú lideraron un ejercicio de mapa mental denominado Conociendo mi Entorno, en el que, a través de preguntas orientadoras por parte de los profesionales de la ARN, construyeron y detectaron entre todos, cuáles son los componentes que deben integrar los espacios protectores para niños y niñas y adolescentes de la región.Trabajo interinstitucional en FonsecaLuego del acto de instalación por parte de la coordinadora de la ARN en La Guajira, Angélica Agámez, instituciones como la Comisaría de Familia, la Mesa Municipal de Víctimas de Fonseca, la Asociación Juventud Pacífica, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Asociación Juventud Pacifica de Conejo, se sumaron a las distintas actividades que se realizaron en torno a prever cualquier tipo de riesgo y amenaza para los niños y jóvenes.Durante la jornada se realizaron lecturas en voz alta con los participantes de la iniciativa ‘Bibliocamping de la Paz’ de Asojupa, la cual ha contado con el acompañamiento y fortalecimiento de la ARN, así como talleres de sensibilización a cargo de la Alcaldía.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ordenó prorrogar por 120 días, la medida cautelar de protección especial que hay sobre dos polígonos, conocidos como La Escombrera y La Arenera de la Comuna 13, donde se presume hay restos óseos de víctimas de desaparición forzada.La decisión, emitida en el auto 11 de 2021, se da porque según la JEP, las condiciones de la pandemia no han permitido adelantar de manera completa todas las investigaciones y prospecciones necesarias en este espacio.Además, de acuerdo con los informes, en las zonas se han evidenciado labores de minería que pondrían en riesgo las inspecciones de los funcionarios de la jurisprudencia.Según el documento, por las estrategias de aislamiento, solo hasta el pasado 25 de enero de 2021 se adelantó la primera visita en terreno para realizar una de las fases del plan diseñado para dicha zona.Cabe recordar que esta medida cautelar se ordenó en respuesta a las solicitudes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, para evitar que el terreno fuera intervenido y esto afectara las investigaciones.Precisamente, en el mismo auto, la JEP negó la solicitud hecha por la empresa El Cóndor, hoy dueña de los predios, la cual había pedido se los regresaran y, por el contrario, la justicia especial le pide que los mantenga intactos y no extraiga material de ellos, pues allí funciona una cantera.El nuevo plazo comienza a regir desde el jueves 11 de febrero y deberá ser notificado a todas las autoridades locales, entre ellas la Policía, para que garantice su cumplimiento.Este es el auto completo:
BLU Radio conoció que durante las últimas semanas se han venido tejiendo, de manera discreta e incluso fuera del país, reuniones con las que se busca adelantar el pago de más de cuatro billones de pesos de las aseguradoras por el siniestro de Hidroituango.Para lograr este cometido, Jorge Carillo, gerente de Empresas Públicas de Medellín, envió a tres de sus más altos funcionarios a Madrid, España, donde adelantaron un cónclave con Mapfre y las reaseguradorasSegún las informaciones el pago de la póliza por el siniestro nunca ha estado en duda y lo que están evaluando son los tiempos para el desembolso del dinero que aún continúan buscando para realizar el pago de manera anticipada.Sin embargo, hay que acotar que para realizar ese pago anticipado se requiere de la participación de entidades como la contraloría para brindar garantías. De concretarse el pago, el proceso acabaría y, por ejemplo, el precandidato presidencial Sergio Fajardo no quedaría inhabilitado, como tampoco tendrían que irse los constructores del proyecto que espera tener funcionando su primera turbina en julio y que generará el 17% de la energía que se consume en el país.
Nelson Flórez, técnico de Fortaleza, no ocultó su tristeza en Blog Deportivo por el resultado y las sospechosas imágenes entre Llaneros y Unión Magdalena, que le han dado la vuelta el mundo. Vale recordar que el equipo capitalino podría asegurar su clasificación si el ‘Ciclón’ empataba o perdía el partido.“El último partido lo perdimos contra Bogotá 2-1 (…) Los videos y las imágenes hablan por si solas. Consideramos que es evidente a los ojos, a todas las personas que se encontraban en el estadio. Al final ya todos conocen el resultado”, dijo.Le puede interesar: Deportes, series y entretenimiento: clic aquí y suscríbase a Star+El entrenador manifestó la importancia de respetar las reglas del fútbol, porque “ganar de cualquier manera no paga”, pues los últimos minutos del partido entre Llaneros y Magdalena ha causado rechazo en el país, incluso, por Juan Guillermo Cuadrado.“Hay una ética deportiva. El fútbol, de manera especial, nos permite conseguir los sueños y alcanzarlos de buena manera”, añadió.Indicó que el equipo está a la espera de la reunión del presidente de Fortaleza con la Dimayor y le puedan dar noticias positivas.“Sabemos del deber cumplido. La conciencia está tranquila, que hemos hecho las cosas con responsabilidad y respeto a una profesión que debemos dignificar”, enfatizó.“Esperamos que la justicia colombiana nos permita sentar un precedente en el fútbol, de verdad nos lo merecemos”, puntualizó.Escuche la entrevista completa a Nelson Flórez en Blog Deportivo:
La bicicrosista Mariana Pajón y el atleta Anthony Zambrano, medallistas de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, fueron elegidos este lunes como los deportistas del año en Colombia por el diario El Espectador."Es un honor haber sido escogido como el Deportista del Año (...) Esta es una motivación para seguir logrando todos mis sueños", dijo Zambrano, ganador de la medalla de plata en Tokio en la prueba de los 400 metros.Junto a Zambrano fue premiada Pajón, doble campeona olímpica de bicicrós, en Londres 2012 y Río 2016, que en los Juegos de Tokio se quedó con la plata en su modalidad.El segundo lugar en el ‘Deportista del Año’ lo ocupó el ciclista Egan Bernal, del Ineos, quien a sus 24 años se coronó campeón del Giro de Italia, trofeo que sumó al título de ganador del Tour de Francia de 2019.El escalador se prepara en estos días junto con su equipo para la temporada de 2022 y por eso el premio lo recibió su madre, Flor Gómez.El tercer Deportista del Año de la elección de El Espectador, con el patrocinio de Movistar, fue el boxeador Óscar Rivas, de 34 años, que en octubre pasado en Canadá se proclamó campeón mundial del peso puente al vencer por decisión unánime en Montreal al local Ryan Rozicki.En damas, acompañaron en el podio a Pajón la marchista Sandra Lorena Arenas, plata en Tokio, y la patinadora vallecaucana Luz Garzón, múltiple medallista en el Mundial de Patinaje de Velocidad realizado en noviembre pasado en Ibagué.El trofeo Juego Limpio ‘Guillermo Cano’ fue para el ciclista Daniel Felipe Martínez, que en la etapa 17 del Giro de Italia fue el "ángel guardián" de Bernal al que apoyó en un momento de crisis y pudo mantener el liderato de la carrera hasta coronarse campeón.También fue merecedora de este galardón Pajón que a través de su fundación recaudó dinero para apoyar económicamente al boxeador Yuberjén Martínez, quien en un polémico fallo en Tokio fue declarado perdedor ante el japonés Ryomei Tanaka y quedó a las puertas de las medallas en el peso mosca.El galardón de ‘Equipo del Año’ fue para el conjunto de voleibol femenino que este año logró la histórica clasificación al mundial de Países Bajos y Polonia en 2022.En la categoría ‘Revelación’ fue la tenista cucuteña María Camila Osorio, que tuvo una destacada participación en los abiertos de Australia y Estados Unidos, así como en el Roland Garros y en Wimbledon, los cuatro torneos de tenis más importantes del mundo.La patinadora y múltiple medallista mundial Andrea Castro fue escogida como la ‘Deportista del Año Juvenil’, mientras que Germán Medina fue escogido como ‘El Mejor Técnico del Año’ por su trabajo con el equipo de bicicrós.Vea toda la ceremonia de premiación aquí:Siga y escuche el podcast ‘Sin tabú: relaciones, sexualidad y sexo’:¿Por qué la gente es infiel?
No paran las acusaciones en contra del médico cirujano Antonio Figueredo, quien fue denunciado por presuntamente maltratar y golpear a la médico María Paula Pizarro el pasado 12 de noviembre.“Fueron lesiones en el rostro agravadas. Esta conducta del cirujano no solo demuestra cobardía, sino que es repetitiva frente a otras víctimas y con ella misma”, sostuvo el abogado Jaime Lombana, representante de la víctima.Sin embargo, este lunes se conoció la denuncia de otra médico anestesióloga, identificada como Erika Plata, quien señaló que fue agredida por Figueredo en 2012.“Erika cuenta que Figueredo se apareció en su apto, forcejeó y entró. La golpeó detrás de la cabeza, la botó al piso y cada vez que ella intentó moverse le volvía a golpear en la cabeza y le arañó los brazos, la mordió, le pegó en la mandíbula e intentó quitarle la ropa interior”, relató Rosa Pinto, defensora de los derechos de las mujeres.Entre tanto, BLU Radio conoció el relato de otra víctima, quien pidió la reserva de su identidad.“Me agredió en dos ocasiones, la más terrible fue que me llamó a su apartamento, yo fui y me cogió del cabello, ese es el modus operandi de él, coger a patadas a las mujeres y decirles putas, vagabundas, perras o lo que sea, se mete con niñas más jóvenes”, dijo la denunciante.Frente a estas graves acusaciones, BLU Radio ha intentado comunicarse con el médico Antonio Figueredo para obtener su versión, sin embargo, no se ha obtenido respuesta.El Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, rechazó los hechos y pidió celeridad en las investigaciones.En el mismo sentido, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, pidió actuación pronta de las autoridades judiciales.
Este lunes, en Mañanas BLU, estuvo Juan Carlos Trujillo, presidente de Llaneros, quien habló sobre la polémica por el partido ante Unión Magdalena. También habló Guillermo Herrera, ministro del Deporte, quien aseguró que pedirá acciones de la Fiscalía ante la presunta comisión del delito de estafa. No se pierda tampoco todo el análisis de la última encuesta de 2021 elaborada por Invamer para Noticias Caracol y BLU Radio. Escuche al candidato presidencial Gustavo Petro, que habló sobre los resultados de la encuesta Invamer. También estuvo en Mañanas BLU el exsecretario de Gobierno de Bogotá Miguel Uribe Turbay, quien será cabeza de lista al Senado por el Centro Democrático. Amparo Grisales, la diva de los colombianos, habló sobre su participación en la película El paseo 6 de Dago García. Andrés Ortega, gerente de Opaín, se refirió por su parte a la reactivación de operaciones en el Puente Aéreo de Bogotá
