El pasado 26 de octubre, a través de la sentencia 7-348, la Corte Constitucional estableció que toda publicación en redes sociales que critique el cuerpo de una mujer puede constituir en violencia de genero digital, esto tras una acción de tutela interpuesta por la gestora Stephany Dayana Ortiz Tafur contra Cristian Camilo Paredes Forero por mensajes “denigrantes” en Facebook.
“En primer lugar, la Corte Constitucional señaló que el caso concreto se resolvería conforme al enfoque de género, en consideración al contexto que rodea el litigio bajo estudio, las condiciones particulares de la accionante, los argumentos presentados por aquella sobre la ocurrencia de actos de violencia de género en su contra en medios digitales, el contexto de violencia contra mujeres con reconocimiento público y la relevancia constitucional de erradicar todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer”, indicó la Corte en la sentencia.
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La denuncia indica que Paredes Forero usaba fotos y se refería a su aspecto física para decir que “papel debía cumplir como mujer”, en medio de una discusión política en donde se centró en su apariencia por encima del debate, lo cual la Corte vio como violencia de género, algo a la denuncia que antes han interpuestos algunos congresistas por comentarios a la primera dama.
“En la medida en que pretende fortalecer su credibilidad, confianza ciudadana y liderazgo frente a la comunidad, participa activamente en la ejecución de programas y proyectos propios de la agenda de gobierno de la alcaldía municipal de Arauca y promueve la relación entre la ciudadanía y la institucionalidad. En ese sentido, el perfil de la accionante en Facebook, aunque es de titularidad personal, es usado para la difusión tanto de contenidos personales como para la divulgación de información de interés general relacionada con su labor como gestora social, por la que participa en actividades de la alcaldía municipal de Arauca”, añadió.
Asimismo, la Corte Constitucional encontró en el caso estudiado publicaciones que se concentraban en la apariencia física de la gestora social, en supuestas cirugías estéticas y en comentarios de naturaleza sexual.