La defensa del general (r) Mauricio Santoyo Velasco presentó un recurso de apelación contra la decisión de la JEP que concluyó que incumplió las condiciones del sistema y ordenó su salida. En el documento, el abogado sostiene que esa decisión desconoce garantías básicas y está basada en una interpretación equivocada de lo que significa aportar verdad dentro de la justicia transicional.
Uno de los puntos clave de la apelación es que, según la defensa, la JEP está confundiendo dos cosas distintas: aportar verdad y aceptar responsabilidad. El abogado explica que Santoyo ha participado en el proceso, ha asistido a audiencias, ha respondido preguntas y ha entregado información, pero eso no significa que deba aceptar automáticamente que es culpable. Para la defensa, obligarlo a hacerlo sería desconocer su derecho a defenderse.
En esa línea, el documento insiste en que Santoyo no ha evadido los requerimientos de la JEP ni ha dejado de comparecer cuando ha sido citado. Por el contrario, señala que se ha presentado voluntariamente, ha atendido los requerimientos y ha cumplido con lo que le han pedido. Por eso, considera que no hay un incumplimiento real, sino que la decisión se basa en que la JEP considera insuficientes sus respuestas.
“Aunque existiera tal cosa como un incumplimiento a los deberes propios del Sistema Integral de Paz, la consecuencia aplicada resulta dramáticamente desproporcionada, puesto que se ha dado cumplimiento material a los requerimientos de las autoridades y no se demostró la existencia alguna de mala fe en su proceder – desconocimiento injustificado del precedente vertical”.
Otro de los cuestionamientos tiene que ver con las pruebas. La defensa asegura que la JEP da por ciertos hechos que, según dice, no han sido establecidos por una autoridad judicial competente ni mediante una decisión en firme en Colombia. También señala que no se valoraron de forma equilibrada los testimonios y las explicaciones del general, y que existen elementos que respaldan su versión.
Sobre la condena que Santoyo aceptó en Estados Unidos, el documento aclara que ese proceso fue distinto y no puede tomarse como una verdad completa para la JEP. Según la defensa, ese sistema judicial funciona de otra manera y no exige el mismo tipo de relato detallado que sí pide la justicia transicional en Colombia.
“Cuando la Magistratura indica que parte del incumplimiento que se endilga al compareciente proviene de que debió aportar verdad respecto de aquellas situaciones determinadas por un juez extranjero en los Estados Unidos, deja de lado las especiales circunstancias en que se dio esa aceptación que, aunque mencionadas y solicitadas en los alegatos conclusivos tanto de la defensa material, como de la defensa técnica, no merecieron ninguna mención por parte de la SUBSALA SEGUNDA ESPECIAL DE CONOCIMIENTO Y DECISIÓN DE LA RUTA NO SANCIONATORIA PARA COMPARECIENTES DE LA FUERZA PÚBLICA”.
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Además, la defensa advierte que durante el proceso hubo momentos en los que se intentó que Santoyo aceptara responsabilidad. A su juicio, esto no debería ocurrir, porque una persona tiene derecho a defenderse sin que eso se convierta en un motivo para sancionarla.
“La constante presión para que el compareciente acepte participación en hechos de los que ha indicado expresamente que se pretende defender, es una flagrante vulneración a la presunción de inocencia y una indebida presión para que renuncie a sus garantías procesales”.
En el fondo, lo que plantea la apelación es que la JEP estaría enviando el mensaje de que quien no acepta responsabilidad no puede permanecer en el sistema. Para la defensa, esto es problemático porque, en la práctica, presionaría a los comparecientes a renunciar a su presunción de inocencia y a sus garantías procesales.
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También cuestiona la decisión de expulsarlo, al considerar que es una sanción muy fuerte frente a lo ocurrido. Señala que no se probó que haya ocultado información o incumplido de manera grave, por lo que la medida sería desproporcionada.
“Por todo lo anterior, declarar que el Compareciente Forzoso incumplió con su deber de aportar a la verdad plena por cuenta de insistir en su inocencia a partir de la ausencia de participación (y por tanto, conocimiento) en los hechos de los que se le acusa, desconoce su situación particular y, en la práctica, lleva a requerir que un ciudadano se desprenda de sus derechos fundamentales, incluso en la imposibilidad material de hacer algún aporte a la verdad que no conoce, precisamente por no haber tenido participación en los hechos de los que se le sindica”.
En base a esto, la defensa le pide a la Sección de Apelación de la JEP que revise el caso y revoque la decisión. Su argumento central es que Santoyo debe poder seguir en el sistema mientras ejerce su derecho a la defensa, sin que se le exija aceptar responsabilidades que, según sostiene, no han sido plenamente establecidas en Colombia.
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