Documentos administrativos y decisiones de autoridades recientemente conocidas siguen poniendo bajo la lupa la disputa familiar que sacude al grupo empresarial Avidesa Mac Pollo. El conflicto enfrenta al cofundador de la compañía, Ernesto Serrano Pinto, con su sobrino Guillermo Ernesto Serrano Liévano, actual administrador del conglomerado, en medio de cuestionamientos sobre el control empresarial, la composición accionaria y la transparencia corporativa.
La controversia, que se intensificó durante 2025, gira alrededor de decisiones que, según el entorno del cofundador, habrían sido adoptadas sin su consentimiento, así como presuntas irregularidades en la administración del grupo y dudas sobre la trazabilidad del control corporativo. Estos señalamientos ya son objeto de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Superintendencia de Sociedades.
En medio de esta disputa han salido a la luz documentos que mencionan antecedentes administrativos relacionados con Guillermo Serrano Liévano. En uno de los actos administrativos de la Superintendencia de Sociedades se recuerda que el empresario fue sancionado con una multa por su actuación como miembro de la junta directiva de Mac Pollo, dentro de un proceso relacionado con operaciones que podían implicar conflictos de interés al interior de la compañía.
En esa decisión, la autoridad señaló que “los deberes que debió realizar el investigado fueron avisar al representante legal sobre la operación, para que éste preparara la información y convocara al máximo órgano social. Abstenerse de realizar la operación hasta tanto contara con la autorización del máximo órgano social. Estas obligaciones no fueron cumplidas y por ello fue sancionado”.
El mismo expediente también advierte que la información sobre estas operaciones no habría sido revelada completamente a otros miembros del órgano directivo. Según el documento, “también está demostrado en el expediente (…) que al miembro principal de Junta Directiva, Ernesto Serrano Pinto, tampoco le fue revelada información relevante acerca de las operaciones en conflicto de intereses en las que se vieron involucrados el investigado y los miembros de su familia Serrano Liévano”.
Adicionalmente, se conocieron documentos relacionados con un proceso disciplinario adelantado por el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), que concluyó con un acuerdo de terminación anticipada y una sanción económica. En ese caso se evaluaron operaciones realizadas por Serrano Liévano cuando se desempeñaba como administrador de una sociedad comisionista.
En el expediente se indica que “según se estableció en el transcurso de la investigación, el señor Serrano Liévano entre el 21 de diciembre de 2007 y el 30 de junio de 2010, compró y vendió por cuenta propia acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia a través de un puesto de bolsa diferente de Acciones de Colombia”. El documento añade que “la actuación del doctor Guillermo Ernesto Serrano Liévano constituye una clara vulneración (…) normas de acuerdo con las cuales los administradores de sociedades comisionistas no pueden negociar acciones inscritas en bolsa”.
En paralelo a estos antecedentes, el caso empresarial de Mac Pollo también ha generado actuaciones recientes de las autoridades. La Superintendencia de Sociedades ordenó la declaratoria de control dentro del conglomerado, al advertir posibles omisiones en la revelación de la estructura real de control del grupo.
Uno de los puntos más sensibles del expediente es el papel de la sociedad Poultry and Foods International Corporation, una empresa registrada en Panamá que funciona como vehículo internacional de inversión del conglomerado.
Según la representación legal de Ernesto Serrano Pinto, su sobrino Guillermo Serrano estaría ejerciendo control sobre esa sociedad a través de una persona interpuesta, específicamente Bernardo Escallón, quien actuaría como representante en las asambleas. Para la firma de abogados que representa al cofundador, este mecanismo constituiría un poder que consideran ilícito, aunque aseguran que durante años fue convalidado sin objeciones por otros integrantes de la junta.
A esto se suma que, de acuerdo con informes periciales conocidos dentro del proceso, la sociedad panameña habría utilizado la reserva societaria de ese país para impedir que información financiera y corporativa llegue a Colombia. Por esta razón, la Fiscalía, en el marco de la Convención Internacional contra la Corrupción, habría ordenado levantar el velo corporativo y activar mecanismos de cooperación internacional para acceder a los datos reales sobre el manejo empresarial del conglomerado.
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