La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para establecer si son ciertas las denuncias de Eva Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer, sobre el presunto transporte de drogas, dinero y armas en aeronaves oficiales durante el Gobierno de Gustavo Petro.
La decisión fue revelada este martes 13 de octubre en primicia por Meridiano Blu y busca esclarecer si aviones asignados al uso de la entonces primera dama fueron utilizados para transportar sustancias ilícitas y dinero entre Colombia y Venezuela.
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La indagación fue ordenada por el procurador delegado Esiquio Manuel Sánchez. Como parte de las primeras actuaciones, la Sala Disciplinaria de Instrucción dispuso inspecciones y la recopilación de documentos para verificar los desplazamientos, las rutas y las condiciones de seguridad de los vuelos señalados.
Procuraduría revisará viajes de Verónica Alcocer a Venezuela
Entre las diligencias ordenadas por el Ministerio Público se encuentra una inspección al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), con el propósito de recopilar información sobre los viajes de Verónica Alcocer a Venezuela entre 2023 y 2026.
La revisión incluye las personas que acompañaron a la entonces primera dama, los funcionarios encargados de organizar los itinerarios y las agendas, así como fotografías y videos relacionados con esos desplazamientos. La Procuraduría también ordenó una inspección al Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) para obtener información sobre las aeronaves utilizadas, sus matrículas, las órdenes de vuelo, las rutas, las tripulaciones, los pasajeros y los documentos administrativos asociados con los viajes.
Revisarán controles de seguridad y pasajeros de los vuelos
La investigación contempla, además, una revisión de los procedimientos de seguridad aplicados en las aeronaves oficiales. El objetivo es establecer qué controles se realizaron, si hubo inspecciones de equipajes y qué filtros de seguridad se aplicaron a los pasajeros y a las tripulaciones.
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El Ministerio Público también busca verificar la existencia de declaraciones o registros relacionados con el eventual transporte de dinero. Dentro de las diligencias se ordenó escuchar bajo juramento a los integrantes de la tripulación y a los pasajeros que fueran servidores públicos en el vuelo del 23 de enero de 2023, así como a Eva Ferrer, quien formuló los señalamientos contra la ex primera dama.
¿Qué denunció Eva Ferrer contra Verónica Alcocer?
Las acusaciones fueron divulgadas por la revista Semana en una entrevista de la periodista Vicky Dávila con Eva Ferrer, quien fue asesora de Verónica Alcocer y consejera del Gobierno de Gustavo Petro. Según el relato de Ferrer, Alcocer habría viajado a Venezuela en enero de 2023 en una aeronave oficial y regresado con 2,5 millones de dólares.
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La exasesora aseguró que el empresario catalán Manel Grau le habría confirmado que en esos desplazamientos también se transportaban drogas. Además, mencionó presuntos vínculos de personas cercanas a la entonces primera dama con el tráfico de armas.
Semana también publicó registros de 149 vuelos que atribuyó a Alcocer durante el mandato de Petro, la mayoría realizados en aeronaves estatales, según la revista. Hasta el momento, estos señalamientos constituyen denuncias que deben ser verificadas por las autoridades. La apertura de una indagación preliminar no significa que los hechos estén probados ni que exista una responsabilidad establecida contra Alcocer.
Gobierno ordenó investigar las denuncias
Tras la publicación de las declaraciones, el presidente Abelardo De La Espriella, ordenó una investigación exhaustiva sobre los hechos denunciados.
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El mandatario pidió al comandante de la Fuerza Aérea Colombiana esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades. También anunció que la Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la institución revisarían la actuación del personal actual y anterior relacionado con los equipos involucrados en CATAM.
De la Espriella solicitó, además, que la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y las autoridades de Estados Unidos tuvieran en cuenta la información periodística y adelantaran las actuaciones correspondientes dentro de sus competencias.
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El presidente advirtió que, si se comprueba la participación de integrantes de la Fuerza Aérea, estos deberán responder ante las autoridades y podrían ser retirados del servicio. La investigación disciplinaria de la Procuraduría buscará establecer si existieron irregularidades en el uso de aeronaves oficiales y si hay elementos que permitan determinar responsabilidades.