Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), reapareció públicamente desde Managua, Nicaragua, durante una audiencia virtual en la que el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la prórroga por un año de la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y de la orden de captura que pesa en su contra por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión fue adoptada por un magistrado del despacho 25 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que acogió la solicitud presentada por la Fiscalía y concluyó que persisten las razones que motivaron la imposición de la medida el 3 de julio de 2025.
Durante la diligencia, González intervino desde Nicaragua, país que le concedió asilo político el 10 de junio de 2025. Allí insistió en que es inocente y rechazó los señalamientos de la Fiscalía.
“Estoy frente a un acto de incriminación política”, sostuvo el exfuncionario, quien aseguró que las acusaciones en su contra se sustentan únicamente en el testimonio de una persona que, según él, busca obtener beneficios judiciales. Aunque no lo mencionó directamente, hizo referencia a Olmedo López, exdirector de la UNGRD y uno de los principales testigos en las investigaciones por el desfalco de la entidad.
González anunció que, junto con su defensa, interpondrá recursos de apelación contra la decisión judicial.
Por su parte, al justificar la determinación, el magistrado Fabio Suárez aseguró que el riesgo de no comparecencia de González ante la justicia colombiana sigue siendo real, inmediato y perceptible.
Según el tribunal, la permanencia del exdirector del Dapre fuera del territorio nacional y su condición de asilado político impiden que las autoridades ejerzan un control efectivo sobre el procesado, situación que fue determinante para mantener vigente la orden de captura.
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El magistrado señaló que el asilo político es una figura válida para cualquier ciudadano, pero sostuvo que en este caso fue solicitado cuando ya avanzaban actuaciones judiciales en Colombia por delitos comunes.
La corporación también consideró que la asistencia virtual a las audiencias no reemplaza la obligación de comparecer físicamente cuando existe una medida de aseguramiento privativa de la libertad y una orden judicial de captura.
Durante la audiencia, la Fiscalía defendió la necesidad de mantener las medidas restrictivas y aseguró que el asilo concedido por Nicaragua no tiene efectos sobre las decisiones adoptadas por la justicia colombiana.
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La entidad sostuvo que la protección otorgada por el gobierno nicaragüense no elimina la obligación de González de responder ante las autoridades nacionales y reiteró que los riesgos que justificaron inicialmente la medida de aseguramiento continúan vigentes.
Además, el ente acusador respaldó la tesis de que la salida del país y la posterior obtención del asilo constituyeron una estrategia para evitar la acción de la justicia colombiana. La Fiscalía argumentó que el exfuncionario tenía el deber de presentarse ante las autoridades judiciales y que su permanencia en el exterior dificulta el cumplimiento de las decisiones adoptadas por los jueces.
Carlos Ramón González, todavía prófugo de la justicia, es investigado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros.
De acuerdo con la Fiscalía, habría desempeñado un papel determinante en la presunta articulación política que permitió la entrega de contratos y recursos públicos a cambio de apoyos en el Congreso a las reformas del Gobierno, dentro del esquema de corrupción que se investiga en la UNGRD.
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