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De acuerdo con la decisión, el entonces Fiscal 9° Seccional de la Unidad de Delitos contra la Vida pidió el dinero a un hombre a cambio de cerrar la indagación penal que se adelantaba en su contra por el siniestro vial en el que falleció el menor.
El pago se realizó en febrero de 2015 mediante un giro a nombre de la pareja sentimental del funcionario, y dos meses después el fiscal ordenó el archivo del proceso.
La Corte Suprema de Justicia determinó que el funcionario incurrió en el delito de concusión al pedir dinero aprovechando su cargo, y además cometió prevaricato por omisión al no continuar la investigación contra otro posible responsable del accidente, pese a que él mismo lo había señalado en la decisión de archivo.
Según el fallo, el fiscal tenía la obligación legal de impulsar la acción penal, ya fuera mediante imputación, compulsa de copias o ruptura de la unidad procesal, pero decidió no hacerlo de manera consciente, favoreciendo al investigado después de recibir el dinero.
El alto tribunal también descartó la versión de la defensa, según la cual el caso había terminado por conciliación, al no existir acta ni prueba que demostrara la realización de dicho acuerdo.
Por esta razón la Corte condenó a más de 11 años de prisión al entonces fiscal, al comprobar que utilizó su función para obtener un beneficio económico y que omitió deliberadamente cumplir sus deberes como servidor público.
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