Los inmuebles afectados están representados en seis casas y dos fincas que suman 900 metros cuadrados, además de dos establecimientos de comercio ubicados en los municipios de Florencia y Cartagena del Chairá en Caquetá, los cuales harían parte del patrimonio ilícito que constituyó el bloque sur de la extinta guerrilla de las Farc en esta zona del país.
Según los análisis financieros realizados por peritos de la Fiscalía, se evidenció que los supuestos dueños no registraban ingresos ni préstamos o actividades económicas que justificaran la adquisición de los bienes avaluados en $28 mil millones.
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Por tal motivo, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre éstos, quedando a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
En las verificaciones se constató, además, que uno de los presuntos propietarios había sido investigado por rebelión, porte ilegal de armas, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito; asimismo, es señalado de prestarse para ocultar los recursos ilícitos que obtenían los entonces cabecillas del bloque sur por actividades de narcotráfico y extorsión.
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La acción judicial se llevó a cabo por la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.