Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar, en Pasto, Nariño, una presunta red de corrupción en la Caja de Compensación Familiar de Nariño, mediante la cual funcionarios y contratistas se habrían apropiado de recursos públicos a través de procesos contractuales simulados entre octubre de 2025 y mayo de 2026.
Por estos hechos fueron judicializados el exdirector de la entidad, Diego Raúl Blanco Pérez, y los contratistas Juan Pablo Apraes Castañeda, Liliana Goretti Osorio Villota, Miriam Andrea Martínez Ega y Jaime Alejandro Narváez Arévalo.
Las evidencias recopiladas durante la investigación indicarían que en la caja de compensación habrían sido direccionados ocho contratos por más de 9.804 millones de pesos, financiados con recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC).
Además, sobre ese monto se habrían desembolsado anticipos por más de 2.942 millones de pesos, equivalentes al 30 % del valor contratado.
Adicionalmente, se conoció que, al parecer, algunas convocatorias para contratar fueron elaboradas con requisitos que favorecían a contratistas previamente seleccionados.
La investigación habría encontrado documentos contractuales con condiciones que limitaban la participación de otras empresas y que, aparentemente, estaban diseñados para beneficiar a compañías que ya habían sido preseleccionadas, pese a que no contarían con la capacidad operativa necesaria para ejecutar los contratos.
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También se habrían dividido los contratos en montos más pequeños para evitar la participación de un mayor número de oferentes. A cambio, presuntamente se recibían comisiones por los anticipos y se presentaban cuentas con precios inflados o sobrecostos.
Blanco Pérez, como ordenador del gasto, es señalado de avalar las actas de adjudicación en el comité de compras, permitiendo el favorecimiento de oferentes específicos.
Según la investigación, estos conocían de antemano los términos de referencia y, en algunos casos, habrían prestado sus nombres para que terceros se apropiaran de los recursos.
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Un fiscal de la Seccional Nariño imputó a los procesados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Los únicos que aceptaron los cargos fueron Blanco Pérez y Osorio Villota.