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Gobernación y 12 alcaldías de Antioquia investigadas por contratación en pandemia

En los contratos investigados habrían inconsistencias, sobrecostos e irregularidades en el cumplimiento de requisitos legales.

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Mercado // Foto: Referencia AFP

La Fiscalía fue la primera en anunciar que pedirá medidas de aseguramiento de acuerdo con su grado de participación, en contra del alcalde de Necoclí, Jorge Augusto Tobón Castro y del alcalde de Barbosa, Augusto Gallego Arias, por presuntas irregularidades en contratación durante la pandemia.

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Según la Fiscalía en el caso de Necoclí, el 26 de marzo de 2020 ese municipio firmó un contrato con la Corporación Stage Events por $450.000.000 para el suministro de mercados, agua, productos de cosechas, implementos de bioseguridad, alimentos para animales en situación de calle y accesorios para bebederos y comederos.

Pero la Fiscalía detectó posibles inconsistencias como la no justificación de algunos valores y sobrecostos.

En el caso del municipio de Barbosa, la Fiscalía identificó un contrato firmado el 17 de marzo de 2020 que no tendría todos los requisitos legales.

El contrato era para "la prestación de servicios para el apoyo a la gestión en actividades logísticas, operativas y asistenciales para la atención de la emergencia nacional presentada por el COVID-19, enfocada en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad desde la educación y capacitación a la población de Barbosa mediante la utilización de las herramientas TIC".

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Por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales serán imputados el alcalde de Barbosa (Antioquia), Édgar Augusto Gallego Arias; el secretario de Salud, Protección Social y Desarrollo Comunitario, Daniel Fernando Alcaraz Múnera; y el director Administrativo de Planeación (supervisor de contrato) Hugo Aldemar Suárez Osorno.

El contralor general de la Nación, Carlos Felipe Córdoba, entregó detalles de algunos de los municipios de Antioquia donde se hallaron irregularidades en cuanto a la posible relación de aportantes a las campañas de los actuales mandatarios con la asignación de contratos para la atención de la pandemia.

“En Andes, Juan Diego Mendoza Ochoa hizo un aporte de $2.000.000 y le dieron un contrato por $29.000.000; en la Alcaldía de Argelia, Carlos Alberto Arcila hizo un aporte de $8.000.000 a la campaña según los registros del Consejo Nacional electoral y tiene un contrato por $120.000.000; en Barbosa, Silvia Ruth Gómez García hizo un aporte de $10.000.000 a la campaña y tiene un contrato a la fecha por $24.500.000 y en la Alcaldía del Carmen de Viboral, el contratista Distribuciones Distrimax - García Tobón Viviana hizo un aporte de $9.000.000 y tiene un contrato por el mismo monto”, enumeró Córdoba.

Lea también: La historia del contrato de la Troncal de La Paz por el que ordenaron capturar a Aníbal Gavirira

La Contraloría también investiga otros hallazgos de este tipo en contratos de Girardota, Maceo, Rionegro y Támesis, aunque sobre estos no profundizaron.

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Además, el contralor contó que “iniciamos dos indagaciones preliminares a la Gobernación de Antioquia por presuntas irregularidades en contratación realizada con las fundaciones Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín y SACIAR-Banco de Alimentos, para entrega de paquetes alimentarios”.

Finalmente, el procurador general de la Nación Fernando Carrillo informó una sanción contra el alcalde de Copacabana Héctor Monsalve y otros funcionarios del municipio por un contrato de traslado de ciudadanos venezolanos.

“Anunciamos una investigación disciplinaria y suspensión provisional por tres meses al alcalde, personero y a la secretaria de Gobierno municipal por presuntas irregularidades en el traslado de más de 300 migrantes con destino a la frontera colombo- venezolana sin el cumplimiento de la normatividad los protocolos establecidos”, detalló.

Este caso corresponde al grupo de ciudadanos que se quedó varado en Maceo, Antioquia, donde no se le fue permitido continuar su viaje hacia Cúcuta por la falta de garantías en cuanto a su traspaso en la frontera.

 

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