Imputan cargos por contrato que habría servido para tapar déficit de campaña Santos

La Fiscalía les imputó cargos a Leonardo Castro, representante legal de Yuma Concesionaria, y a Francesco Stopponi, representante legal de Salini Impregilo, involucrados, según las investigaciones, en el otrosí número 5 de la Ruta del Sol III que fuepara los estudios y diseños del puente en Plato, Magdalena, contrato por el que fue condenado Roberto Prieto, exgerente de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos.

Dice la fiscal del caso que Leonardo Castro, representante de Yuma Concesionario (del que la empresa italiana Impregilo era líder) y Germán Córdoba, vicepresidente ejecutivo de la ANI, acordaron suscribir ese otrosí número 5 para los estudios y diseños de un puente en Plato, Magdalena, porque, según quedó por escrito, "si ese segundo puente no se realizaba iba a ocasionar un cuello de botella".

Sin embargo, dice la Fiscalía que las intenciones eran otras. Según el testimonio del empresario Eduardo Zambrano, representante de Consultores Unidos, empresa que se ganó ese otrosí y realizó los estudios y diseños del puente, el contrato realmente era para entregarle una parte a Roberto Prieto para, supuestamente, tapar un déficit de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos del 2014.

La fiscal usa el testimonio de Zambrano, a quien le otorgaron un principio de oportunidad, para imputarles cargos a Castro y Stopponi por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

"Hay un interés indebido porque estaban permitiéndole a un tercero intervenir para que él se cogiera un dinero que se estaba entregando para esos estudios y diseños, es el señor Roberto Prieto, gerente de la campaña del expresidente Juan Manuel santos para el 2014-2018 y que según el propio dicho de Zambrano, era para tapar un hueco de la campaña, un déficit que había quedado y que ese dinero lo iba utilizar para eso", dijo la fiscal del caso.

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Dice la fiscal, que Zambrano le entregó a Prieto más de 800 millones de pesos. Primero, en el 2015, 281 millones de pesos y, luego, en el 2016, 680 millones de pesos. Supuestamente, esos dineros fueron para tapar el déficit de la campaña en el 2014.

Para la Fiscalía, por estos hechos se cometieron los delitos de Interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Sin embargo, tanto Castro como Stopponi se declararon inocentes de los hechos.