Fue aplazada la audiencia que estaba prevista para este 30 de julio, en la que la Fiscalía General imputará cargos al exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, José Roberto Prieto Uribe, dentro de una investigación liderada por un fiscal especializado en lavado de activos. La diligencia corresponde a un nuevo proceso penal en el que el exdirectivo de campaña será procesado por los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito.De acuerdo con la investigación, el expediente está relacionado con el presunto ingreso irregular de un aporte cercano a un millón de dólares durante la campaña presidencial que llevó a Juan Manuel Santos a la reelección en 2014, recursos que, según la Fiscalía, no habrían sido reportados ante las autoridades electorales.La investigación sostiene que los aportes habrían estado destinados a financiar encuestas, estudios de opinión e investigaciones sobre la evolución y seguimiento de la candidatura presidencial de Santos, así como análisis sobre la percepción del electorado durante la contienda. En estos hechos aparecen mencionadas la constructora Odebrecht y la empresa Paddington Ventures.Según el expediente, dichos estudios y análisis estratégicos constituyeron un aporte en favor de la campaña que debía ser incorporado dentro de la contabilidad electoral y reportado al Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, la Fiscalía sostiene que ese beneficio no fue incluido en los informes oficiales de ingresos y gastos presentados por la campaña presidencial.Este nuevo proceso se suma a los antecedentes judiciales del exgerente de campaña. Prieto ya cumplió una condena de cinco años de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento público, dentro de una investigación relacionada con su intervención ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para favorecer la adjudicación de un contrato vinculado al proyecto vial Ruta del Sol.
El Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad le concedió la libertad por pena cumplida a Roberto Prieto, exgerente de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos. En la boleta de libertad el juez pidió que la orden se haga efectiva el 17 de abril.En el 2019 Prieto llegó a un preacuerdo con la Fiscalía en la que le fijaban una pena de cinco años y un mes de cárcel, en una unidad militar ubicada en el norte de Bogotá, como responsable de los delitos de falsedad en documento privado en calidad de determinador, autor de tráfico de influencias de particular e interés indebido en la celebración de contratos.Prieto fue condenado porque intercedió ante la ANI, específicamente, ante su presidente Luis Fernando Andrade, para que le otorgaran el otrosí número 5, que era el contrato de los estudios y diseños de puente plato en Magdalena, a Yuma Concesionario y este, a su vez, subcontrató con Consultores Unidos, empresa representada por Eduardo Zambrano.Según la Fiscalía, ese contrato de los estudios y diseños fue por casi 6.000 millones de pesos fue para que Zambrano le entregarle a Prieto 900 millones de pesos para la campaña de Santos.
Durante la audiencia de juicio al expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura Luis Fernando Andrade, el empresario y testigo clave en el caso de Odebrecht, Gabriel Dumar, aseguró que, en una finca de Córdoba, el senador ‘Ñoño’ Elías le pidió 800 millones de pesos para entregárselos a Roberto Prieto, gerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos.“Esa reunión fue para el mes de abril-mayo del año 2014, allí era el lanzamiento de la campaña Santos Presidente en Córdoba y asistieron varios directivos de la campaña, estuvo el doctor Roberto Prieto, el doctor Sergio Diaz-Granados y estaban todos los líderes de la Ñoñomanía. Tras esa reunión, Bernardo me dice que le provisione 700 u 800 millones de pesos, no recuerdo el monto ahora mismo, que esto se los había pedido Roberto Prieto, desconozco si Prieto se los pidió sabiendo que eran de Odebrecht o desconozco para qué razón se los pidió Prieto, según lo que me dijo Bernardo eran para la campaña”, indicó el testigo.Igualmente, el empresario, que pagó 54 meses de cárcel y recuperó su libertad en diciembre pasado, dijo que jamás realizó contratos con Luis Fernando Andrade ni como persona natural ni en su condición de presidente de la ANI y cree que su único interés fue político.
El expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade se declaró inocente de los nuevos cargos imputados por la Fiscalía como presunto responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado a favor de terceros.La Fiscalía lo acusa de interesarse indebidamente en los otrosíes número 2 y 5 de la Ruta del Sol III, ejecutada por Yuma Concesionario, una adición del cual habrían llegado dineros a Roberto Prieto, exgerente de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos.Una de esas aficiones fue para la realización de los estudios y diseños de puente plato en Magdalena que, según la investigación, aunque se le dio a Yuma Concesionario, se subcontrató con la empresa Consultores Unidos, representada por Eduardo Zambrano. Según la investigación, de ese contrato, cercano a los 6000 millones de pesos, se le habrían dado 877 millones de pesos a Roberto Prieto. El delegado del ente acusador dijo que Andrade acudió a otros funcionarios de la ANI, de la empresa Yuma y de particulares para cometer los punibles.“Los procedimientos que debía realizar debido a su cargo no fueron encaminados a satisfacer el interés general, por el contrario, privilegió intereses individuales logrando que una empresa subcontratista que no contaba con los requisitos y la idoneidad ejecutará el contrato para los estudios y diseños de puente Plato. No actuó de manera imparcial y direccionó la contratación. El comportamiento de Andrade trasgredió los fines de la contratación y fue contrario a la administración de bienes ajenos, pero mintiendo que un tercero se enriqueciera ilícitamente”, dijo el fiscal del caso.En medio de la audiencia, el fiscal del caso tuvo que explicar en dos oportunidades los cargos imputados pues ni Andrade ni su defensa entendían los hechos que le estaban endilgando. El expresidente de la ANI dijo haber entendido los delitos y no los hechos y se declaró inocente en el proceso. A pesar de que su defensa intentó interponer el recurso de reposición la juez dio por terminada la diligencia y se salió de la audiencia que se realizaba de manera virtual.
Roberto Prieto, quien fue gerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014, afrontará un juicio disciplinario en la Procuraduría General de Nación por presuntamente haber falseado el informe de ingresos y gastos de la primera vuelta.En ese informe, firmado por Prieto, dice que la campaña no recibió "contribuciones o donaciones de particulares, ni ayudas en especie valoradas a su precio comercial" cuando, según el expediente, recibió una donación en especie de un millón de dólares provenientes de Odebrecht."Existen elementos de juicio que permiten inferir en el actual momento procesal, que una persona jurídica extranjera, la Constructora Norberto Odebrecht S.A., aportó a la campaña de reelección presidencial del doctor Juan Manuel Santos Calderón 2014- 2018, unos estudios de opinión y de temas electorales contratados a la sociedad comercial Paddington Ventures Limited por un valor de un millón de dólares, cuyo objeto fue realizado por la empresa de Sancho BBDO, que para entonces se encargaba de la publicidad de la campaña", indica el auto del Ministerio Público.Esos estudios, que Odebrecht pagó y Sancho realizó, contienen portadas con referencias directas a la campaña de reelección presidencial, recomendaciones para mejorar estrategias de comunicación y publicidad de la campaña, así como encuestas y escenarios electorales en torno a las posibilidades del entonces candidato-presidente Juan Manuel Santos.Según las declaraciones de Antonio Martorelli a la justicia (y que forman parte de la investigación) el pago se hizo directamente desde el Departamento de Operaciones Estructuradas de la Compañía, la famosa área de Odebrecht desde donde se pagaron más de 349 millones de dólares en sobornos a las autoridades de varios países en América Latina.
La Fiscalía les imputó cargos a Leonardo Castro, representante legal de Yuma Concesionaria, y a Francesco Stopponi, representante legal de Salini Impregilo, involucrados, según las investigaciones, en el otrosí número 5 de la Ruta del Sol III que fue para los estudios y diseños del puente en Plato, Magdalena, contrato por el que fue condenado Roberto Prieto, exgerente de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos.Dice la fiscal del caso que Leonardo Castro, representante de Yuma Concesionario (del que la empresa italiana Impregilo era líder) y Germán Córdoba, vicepresidente ejecutivo de la ANI, acordaron suscribir ese otrosí número 5 para los estudios y diseños de un puente en Plato, Magdalena, porque, según quedó por escrito, "si ese segundo puente no se realizaba iba a ocasionar un cuello de botella".Sin embargo, dice la Fiscalía que las intenciones eran otras. Según el testimonio del empresario Eduardo Zambrano, representante de Consultores Unidos, empresa que se ganó ese otrosí y realizó los estudios y diseños del puente, el contrato realmente era para entregarle una parte a Roberto Prieto para, supuestamente, tapar un déficit de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos del 2014.La fiscal usa el testimonio de Zambrano, a quien le otorgaron un principio de oportunidad, para imputarles cargos a Castro y Stopponi por el delito de interés indebido en la celebración de contratos."Hay un interés indebido porque estaban permitiéndole a un tercero intervenir para que él se cogiera un dinero que se estaba entregando para esos estudios y diseños, es el señor Roberto Prieto, gerente de la campaña del expresidente Juan Manuel santos para el 2014-2018 y que según el propio dicho de Zambrano, era para tapar un hueco de la campaña, un déficit que había quedado y que ese dinero lo iba utilizar para eso", dijo la fiscal del caso.Vea aquí: Condenan a cinco años de cárcel a Otto Bula por escándalo de OdebrechtDice la fiscal, que Zambrano le entregó a Prieto más de 800 millones de pesos. Primero, en el 2015, 281 millones de pesos y, luego, en el 2016, 680 millones de pesos. Supuestamente, esos dineros fueron para tapar el déficit de la campaña en el 2014.Para la Fiscalía, por estos hechos se cometieron los delitos de Interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Sin embargo, tanto Castro como Stopponi se declararon inocentes de los hechos.
El pasado 10 de septiembre de 2018, un documento de la Procuraduría comprometía a Roberto Prieto. Ese día se conoció que el Ministerio Público le abría una nueva investigación disciplinaria buscando corroborar si Prieto había cometido o no irregularidades cuando fue gerente de la campaña presidencial del entonces candidato Juan Manuel Santos en 2014. Según un contrato, Prieto tendría un contrato con Marketmedios, y además un salario integral de 20 millones de pesos.Pues en una decisión conocida este miércoles, la Procuraduría falló en favor Roberto Prieto, en la investigación como Director Ejecutivo del BID, al constarse que no hubo irregularidades cuando se dijo que había beneficiado a la firma Merketmedios de propiedad de su familia.La absolución tiene como fundamento un documento del BID que señala que en el momento que se hizo esa operación el no laboraba allí.Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones, los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.
Hay una duda generalizada sobre la condena contra Roberto Prieto. Con la sentencia en la que lo condenaron a 62 meses de prisión, la opinión pública entendió que lo habían condenado por la elaboración de unos afiches para la campaña de Juan ManuelSantos a la Presidencia en el año 2010 y no, ese proceso lo archivó la Fiscalía en el 2018, no porque no hubiera pasado, sino porque para ese momento no existía como delito electoral el tope de las campañas políticas, por eso la Fiscalía lo trasladó al CNE.Le puede interesar: Cinco años y dos meses de prisión para Roberto Prieto por caso Odebrecht Sobre este episodio la Fiscalía le imputó a Prieto el delito de falso testimonio, pues aseguró que le había mentido a la Procuraduría General de la Nación en una declaración que era juramentada en la que le preguntaron por esos dineros y los negó. Sin embargo, el juzgado no lo condena por eso, pues asegura que tenía el derecho de no autoincriminarse.Y es que Roberto Prieto le dijo al Ministerio Público que los exdirectivos de Odebrecht Luiz Bueno Junior y Luiz Eduardo Da Rocha Suarez mentían sobre el ingreso de 450.000 dólares a la campaña de Santos los cuales, a través de interceptaciones y otras pruebas de la Fiscalía, se determinó que sí fueron girados a María Fernanda Valencia, entonces candidata a la Cámara de Representantes por el partido de La U, quien a su vez delató que el modus operandi de Prieto era pedir dineros a la empresas diciendo que era para tapar huecos de la campaña.Estos dineros, finalmente, entraron a la campaña por la empresa Impressa Group para financiar unos afiches.Valencia incluso dijo que, en contraprestación, fue nombrada por el Gobierno Santos como directora de Artesanías Colombia.Sin embargo, Prieto no fue condenado por ese episodio de pedir y recibir dineros para la campaña y disfrazarlos en contratos fachada, y aunque fue imputado por haberle dicho a la Procuraduría que eso era mentira cuando la Fiscalía descubrió que fue así, el juzgado desechó el delito. El segundo hecho que aparece en la sentencia es que la Fiscalía también incluye en el falso testimonio que Prieto negó que había mediado para que firmaran un contrato fachada por un millón de dólares con la empresa de publicidad Sancho para un estudio político en las regiones, que en realidad era para financiar la campaña del expresidente. Sobre esto también mintió y negó que fuera así. -Primer delito de la condena y error del juzgado:El tercer hecho que aparece en el documento es el primer delito por el que Prieto fue condenado, sin embargo, el juez cometió un error. Prieto le pidió a Interbolsa una suma total de 250 millones de pesos para la campaña del expresidente Santos, dinero que nunca se contabilizó en la misma. Los dineros se movieron bajo un contrato fachada con Francisco Ortiz Producciones, que nunca se ejecutó. Para añadir, el dueño de esa empresa de producciones fue nombrado director de la ANTV, lo mismo que ocurrió con María Fernanda Valencia.Por este episodio fue imputado por el delito de falsedad en documento privado, pues como gerente falseó esas transacciones para que no quedaran en la contabilidad. Sin embargo, el juzgado lo condenó por falsedad en documento público.Sobre el tema, el martes a primera hora el abogado de Prieto, Marlon Díaz, pedirá al juez que corrija la sentencia. -El fondo de la sentencia:Lo delitos por los que realmente es condenado Prieto tienen que ver con actuaciones contra la administración pública: contrato sin el lleno de los requisitos legales y celebración indebida de contratos y tráfico de influencias.Todos relacionados con la Ruta del Sol III. Específicamente, por haber mediado en la ANI para que la adjudicación de Puente Plato en Magdalena se la dieran a la Yuma Concesionaria, cuyo socio mayoritario era Impregilio, quienes, a su vez, subcontrataron los estudios y diseños con Consultores Unidos, de Eduardo Zambrano, ya condenado por los hechos. ‘Lobby’ por la cual Prieto recibió 650 millones de pesos.
Un juez avaló el preacuerdo entre Roberto Prieto Uribe y la Fiscalía en el cual el exgerente de la campaña 'Santos presidente' deberá pagar 62 meses de prisión por los delitos de celebración indebida de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento privado. Prieto fue detenido por el escándalo de Odebrecht en Colombia en el que habrían entrado dineros de esta multinacional brasileña a la campaña de 'Santos presidente' y por interceder en la ANI para que fuera asignada a Yuma concesionaria el contrato para la Ruta del Sol 3. En este preacuerdo Prieto Uribe pagó a la Fiscalía 887 millones de pesos, divididos en cuatro pagos realizados desde noviembre del 2018 hasta abril del 2019. Lea también: Comisión de Acusación estudia si abre investigación a Néstor H. Martínez por Odebrecht La Fiscalía en ese preacuerdo se compromete a no imputarle los cargos de enriquecimiento ilícito y falso testimonio, así mismo se acuerda que esta condena será pagada en una guarnición militar. Tras avalar el preacuerdo, el juez ordena al INPEC trasladar de manera inmediata a Roberto Prieto al batallón de caballería Mecanizada No. 10, ubicado en el Cantón Norte de Bogotá. La defensa de Prieto solicitó al juez que se le otorgara la medida de casa por cárcel, ya que él tiene arraigo en Bogotá, a lo que la Fiscalía alegó que esto no está en el preacuerdo.
El preacuerdo entre la Fiscalía y Roberto Prieto es por los delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos por el escándalo de Odebrecht en Colombia. Además de los dineros que le habrían entrado a la campaña Santos presidente y por interceder en la ANI para que le dieran la Ruta del Sol 3 a Yuma Concesionaria.Le puede interesar: Piden a Fiscalía investigar a Roberto Prieto por falso testimonio contra Musa BesaileSegún la Fiscalía, por esas gestiones ante la ANI, Prieto “habría recibido 650 millones de pesos. Ese dinero supuestamente llegó a sus manos a través de un pago que le hizo la empresa Megaland S.A.S.”. Deja por fuera el delito de enriquecimiento ilícito porque, según el acuerdo, Prieto se lucró indebidamente de esos más de 600 millones de pesos, pero ya entregó 877 a la Fiscalía como multa, en cuatro pagos: -13 noviembre 2018, por 165 millones. -23 abril 2019, por 48 millones. -24 de abril de 2019, por 225 millones. -25 de abril 2019, por 438 millones. Por los hechos, el preacuerdo pacta una pena de 5 años y un mes de prisión, pero, además, piden que esa pena se pague en un centro de reclusión militar. Entre de los argumentos principales están que corre en peligro su vida en una cárcel normal. Dicen que en La Modelo fue golpeado y fracturado en noviembre del año pasado, que lo han extorsionado y, sobre todo, porque tienen un certificado de Medicina Legal, que dice que debe estar bajo control psiquiátrico permanente y las cárceles normales no tienen convenios apropiados.
Tras el sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, en José del Palmar, Chocó, las aerolíneas activaron medidas especiales para los pasajeros que puedan tener afectaciones en sus viajes. Avianca, LATAM y Wingo ofrecen alternativas para reprogramar vuelos, cambiar rutas o solicitar reembolsos, aunque las condiciones dependen de cada compañía.Avianca habilitó estas medidas para pasajeros con tiquetes confirmados en vuelos nacionales para este 10 de agosto. Podrán cambiar la fecha hasta 15 días después de la original, sin penalidad ni diferencia tarifaria, sujeto a disponibilidad. También podrán modificar la ruta entre puntos comunes de Colombia, bajo las mismas condiciones. En ese caso, el pasajero deberá asumir el desplazamiento hacia o desde el nuevo destino. La tercera opción es solicitar el reembolso, según las condiciones de la aerolínea.Las medidas aplican al trayecto afectado y al regreso, incluso si están en tiquetes diferentes, siempre que ambos vuelos sean operados por Avianca.LATAM estableció flexibilidades para pasajeros con vuelos entre el 10 y el 16 de agosto desde o hacia Pereira, Cali y Armenia. Podrán cambiar la fecha o el vuelo sin multa ni diferencia tarifaria, pedir la devolución sin costo adicional o solicitar un cambio de ruta, sujeto a la disponibilidad de sillas en la misma cabina del tiquete original. La compañía mantiene seguimiento de la situación junto con las autoridades y los aeropuertos, y comunicará cualquier modificación directamente a los viajeros.Wingo, por su parte, habilitó medidas para pasajeros con vuelos programados el 10 y 11 de agosto en toda su red de destinos. Pueden cambiar la fecha sin pagar penalidad ni diferencia tarifaria y viajar hasta 30 días después de la fecha original. También pueden solicitar un cambio de ruta dentro de la red de Wingo, sujeto a disponibilidad, para viajar dentro de ese mismo plazo.Este periodo podría modificarse según la evolución de la situación y las decisiones de las autoridades. Además, está disponible el reembolso del 100 % del valor pagado por el tiquete.Las aerolíneas recomiendan verificar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto y realizar cualquier trámite únicamente a través de sus canales oficiales. Avianca dispone de su página web, aplicación móvil y demás canales de atención. LATAM tiene habilitados su página web, aplicación, la línea 601 518 5800 y el WhatsApp +56 9 68250850.Wingo recibe las solicitudes de cambio, ruta o reembolso a través de sus canales de atención en Colombia. Las compañías continuarán monitoreando la situación y actualizarán sus medidas si cambian las condiciones operacionales.
Luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y afectaciones reportadas principalmente en municipios de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) activó un corredor humanitario para apoyar la atención de las comunidades damnificadas.La iniciativa contempla la gestión y el transporte de alimentos de consumo inmediato, productos de la canasta básica, bebidas y otros artículos esenciales. Entre los alimentos que se requieren están agua, arroz, aceite, pastas, lentejas, fríjol, garbanzo, arveja, alimentos enlatados, harina de maíz y trigo, panela, chocolate, frutos secos, avena, coladas, leche en polvo, leche líquida UHT y alimentos listos para el consumo.También se necesitan artículos de primera necesidad como jabón, champú, cepillos y crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebés y adultos, toallitas húmedas, crema antipañalitis, toallas, colchonetas y mantas.Para recibir estas ayudas fueron habilitados diferentes Bancos de Alimentos en el país. En Pereira y Buenaventura, los puntos habituales se encuentran afectados y está en evaluación la habilitación de lugares alternos. También fueron dispuestos puntos de acopio en Manizales, Medellín, Cali, Bogotá, Armenia, Ibagué y Bucaramanga, desde donde se coordinará posteriormente el traslado de las donaciones hacia las zonas que requieren atención.ABACO también habilitó canales para recibir donaciones económicas destinadas a atender la emergencia:A través de la página oficial de donaciones de ABACO: https://donahoy.abaco.org.co/colombia2026Llave Bre-B: 0090989753.Cuenta corriente Bancolombia: 15264342372, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, NIT 900326456-1.Los recursos serán destinados principalmente a financiar el transporte humanitario y la compra de alimentos de la canasta básica. Las ayudas están dirigidas a personas ubicadas en albergues oficiales, centros de salud y hospitales; población autoalbergada en viviendas de familiares o conocidos dentro de las zonas afectadas; y comunidades ubicadas en sectores cercanos al área de la emergencia.
Para hacerle frente al fenómeno de El Niño, el municipio de La Ceja le apuesta a la energía limpia. Con una inversión de 800 millones de pesos, el municipio instaló 218 paneles solares en su acueducto, una medida que busca reducir los costos operativos y el consumo energéticoComo parte de las medidas de preparación ante la llegada del fenómeno de El Niño, el municipio de La Ceja inauguró 218 paneles solares en la planta de bombeo Pantanillo ubicada en El Retiro, una infraestructura clave para la captación del agua del acueducto municipal.El nuevo sistema solar fotovoltaico garantizará al menos el 20 % de la energía que consume la planta en sus picos más altos, reduciendo en un 19 % el consumo eléctrico total destinado al bombeo de agua para la comunidad."En gastos operacionales de las Empresas Públicas de La Ceja, nos va a permitir redistribuir ese ingreso para seguir mejorando la calidad de los servicios públicos que prestamos. Nosotros prestamos acueducto, alcantarillado, aseo, y tenemos que seguir fortaleciendo también la transformación de residuos sólidos. Entonces, ese recurso nos va a servir mucho para ese propósito", así lo dijo María Ilbed Santa, alcaldesa del municipio de La Ceja.El gerente de Empresas Públicas de La Ceja, Andrés Felipe Álvarez, destacó que esta iniciativa materializada con una inversión cercana a los 800 millones de pesos y el apoyo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) le permitirá al municipio un ahorro estimado en más de 2.300 millones de pesos durante los próximos 20 años.
Puerto Antioquia ubicado en el Urabá antioqueño, recibió al CMA CGM DIGNITY, un buque tipo Neo-Panamax de 366 metros de largo y una capacidad de 14.800 TEU, convirtiéndose en la embarcación más grande que ha operado hasta ahora en esta terminal marítima de la región de Urabá.Durante la estadía de la embarcación, se llevaron a cabo 211 movimientos de contenedores utilizando dos grúas STS, con las que se alcanzó una productividad promedio de 26 movimientos por hora por grúa. La maniobra logística comprendió tanto la descarga de mercancía proveniente de Asia como el embarque de productos destinados a la exportación colombiana."Esta motonave proviene de Asia y es muy importante para nosotros, porque conectamos a Asia directamente con la costa norte de Colombia. Tenemos programado realizar el descargue de 450 contenedores secos, y su principal commodity es tecnología", confirmó Gilberto peña, el vicepresidente de operaciones de Puerto Antioquia.Desde el punto de vista técnico, el CMA CGM DIGNITY pertenece a la categoría Neo-Panamax, diseñada para surcar las esclusas ampliadas del Canal de Panamá. El buque cuenta con 1.000 conexiones para contenedores refrigerados, capacidad para carga seca y tecnología de propulsión mediante Gas Natural Licuado (LNG), un sistema que apunta hacia una operación marítima más eficiente y sostenible.
Las autoridades y organizaciones sociales encendieron las alarmas ante una nueva incursión armada de presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Lejanías, zona rural del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño, donde se reportó la instalación de un retén ilegal.De acuerdo con la Fundación Sumapaz, hombres armados intimidaron a los habitantes de la zona y revisaron las pertenencias de quienes transitaban por los caminos de este sector.La organización defensora de derechos humanos señaló que estos hechos configuran la consumación de escenarios de riesgo previamente advertidos mediante alertas tempranas, las cuales según denuncian no habrían recibido una atención oportuna por parte de las instituciones estatales."Es muy probable que se presenten, con el pasar del tiempo, situaciones mucho más graves, y, por lo tanto, hacemos responsable a las autoridades porque, evidentemente, toda esta situación ya ha sido alertada", detalló Oscar Yesid Zapata de la Fundación Sumapaz.En esta región del departamento sirve como corredor estratégico de movilidad hacia el sur de Bolívar y constituye un territorio en constante disputa por el control de las economías ilícitas y la extracción minera.Ante este panorama, los líderes sociales hicieron un llamado urgente a las autoridades para garantizar la seguridad de los pobladores y advirtieron sobre la necesidad de adoptar medidas efectivas que eviten el escalamiento de la violencia en la subregión.
