La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra cinco funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas por presuntas irregularidades en la ejecución de dos contratos suscritos en 2022.
Según el Ministerio Público, la indagación busca establecer la posible responsabilidad de Guillermo Martínez, Jaime Humberto Jiménez, Enrique Ardila, Héctor Gabriel Camelo y Luis José Azcárate, quienes ocuparon cargos directivos dentro de la entidad.
La Procuraduría indicó que, al parecer, durante el desarrollo de los bilaterales en 2022 no se habrían cumplido las obligaciones por parte de los contratistas.
Las pesquisas adelantadas por la Procuraduría General de la Nación dan cuenta de que los contratos estaban relacionados con la prestación de servicios para la atención a ciudadanos y víctimas del conflicto armado, así como con la contratación de un servicio postal. Sin embargo, los pagos realizados en el marco de estos acuerdos no estarían debidamente justificados.
En ese sentido, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, y determinar si hubo faltas disciplinarias por parte de los funcionarios implicados.
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