Judicializados seis hombres señalados de participar en actividades de aprovechamiento ilegal de tiburones en inmediaciones del Santuario de Fauna y Flora Malpelo, una de las áreas marinas protegidas más importantes del país y declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.
La investigación fue adelantada por la Fiscalía en articulación con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y permitió establecer la presunta responsabilidad de los procesados en la captura ilegal de especies protegidas dentro de una zona donde está prohibida cualquier actividad extractiva.
Los judicializados son Herminio Ramos Erazo, Bolívar Cambindo, Francisco Paredes Obando, Humberto Calonge Torres, Breiner Cuero Anchico y Sebastián Ramírez Arboleda, quienes integraban la tripulación de una embarcación interceptada por unidades de la Armada Nacional en aguas jurisdiccionales de Buenaventura, Valle del Cauca.
Durante el procedimiento de inspección realizado en alta mar, las autoridades encontraron cerca de 300 aletas y 100 troncos de tiburón que, según la investigación, iban a ser comercializados de manera ilegal. El hallazgo encendió las alertas debido al impacto ambiental que representa la extracción de estas especies en una zona protegida.
Las verificaciones adelantadas posteriormente permitieron determinar que los ejemplares corresponderían a tiburón sedoso, tiburón zorro y tiburón martillo. Esta última especie es considerada una de las más vulnerables debido a la presión de la pesca y la alteración de sus ecosistemas naturales, situación que la mantiene en riesgo crítico de extinción.
Según la Fiscalía, las actividades investigativas permitieron establecer que los animales habrían sido obtenidos de forma clandestina en faenas de pesca desarrolladas en cercanías del Santuario de Fauna y Flora Malpelo, incumpliendo las restricciones ambientales vigentes para esa área protegida.
Con base en los elementos materiales probatorios recopilados, un fiscal presentó a los seis hombres ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, agravado por cercenamiento de aletas e invasión de área de especial importancia ecológica.
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Durante las audiencias preliminares, los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía y continuarán vinculados a la investigación mientras avanzan las etapas judiciales correspondientes.
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