Una investigación de las autoridades dejó al descubierto una red criminal dedicada a la caza ilegal de tiburones en aguas protegidas del Pacífico colombiano, cuyos integrantes habrían construido una ruta clandestina para traficar aletas hacia mercados asiáticos, donde este producto alcanza precios millonarios.
El operativo, denominado “Galápagos”, fue adelantado en Buenaventura, Valle del Cauca, y terminó con la captura de seis presuntos integrantes de la estructura señalada de ingresar ilegalmente al Santuario de Flora y Fauna Malpelo, uno de los ecosistemas marinos más importantes del país y reconocido a nivel mundial por su biodiversidad.
De acuerdo con la investigación, los capturados se internaban en esta zona marítima protegida para cazar tiburones de especies altamente vulnerables como tiburón martillo, tiburón tigre y tiburón zorro. Tras la captura, los animales eran mutilados para extraer únicamente sus aletas, que posteriormente eran enviadas al mercado ilegal internacional.
Las autoridades establecieron que detrás de esta actividad existía una compleja cadena logística criminal. La organización no solo coordinaba la pesca ilegal, sino también el almacenamiento, procesamiento y transporte de las aletas mediante rutas marítimas utilizadas a través de países de Centroamérica antes de llegar a Asia, donde el producto tiene una alta demanda y puede superar los 200 mil dólares en valor comercial.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el impacto del tráfico ilegal de fauna marina en el Pacífico colombiano. Expertos han advertido durante años que la disminución de tiburones altera gravemente el equilibrio de los ecosistemas oceánicos, debido a que estas especies cumplen un papel fundamental como depredadores dentro de la cadena alimenticia marina.
Además del daño ambiental, las autoridades señalan que este tipo de economías ilegales se ha convertido en una fuente de financiación para estructuras criminales que aprovechan la dificultad de controlar extensas áreas marítimas del país.
La operación fue liderada por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Los capturados deberán responder por delitos relacionados con el aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, pesca ilegal e invasión de áreas de especial importancia ecológica.
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