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BLU Radio pudo contrastar los 10 listados presentados por el Ministerio de Defensa a la JEP para el caso 003 de “falsos positivos” con el informe 005 que la Fiscalía General de la Nación remitió a la Justicia Especial por el mismo delito.
Vea también Militares de falsos positivos no serán procesados en ambas justicias: MinDefensa
Según ambos informes, el 45% de las víctimas fueron campesinos, el 30% personas dedicadas a actividades informales en las ciudades. Y en su mayoría las víctimas fueron personas de zonas rurales que fueron señalados por tener nexos con la guerrilla y, en los últimos años de conflicto las víctimas fueron personas pobres de zonas urbanas.
Entre las víctimas también hay defensores de derechos humanos, sindicalistas, defensores de derechos de las mujeres, miembros de la comunidad LGBTI, personas con discapacidad mental o física o adolescentes y miembros de las comunidades indígenas wiwas y wayús.
En el informe de la Fiscalía se da cuenta de uniformados implicados en los procesos de justicia ordinaria están en 4 de las 8 divisiones del Ejército, lo que coincide con los listados de MinDefensa a los que Blu Radio tuvo acceso. “Están involucrados funcionarios de la primera, segunda, cuarta y séptima división en una práctica que habría trasmitido de una unidad de mando a otra, en la medida en que militares eran trasladados”.
En ese mismo listado se da cuenta que están involucrados oficiales y suboficiales activos y en retiro de 10 brigadas de las 4 divisiones descritas anteriormente. “De los 5.626 implicados en los procesos de la Fiscalía hay 3826 soldados, 992 suboficiales y 514 oficiales”, (…) “rangos al momento de la ocurrencia del presunto delito”, precisa el informe del Ministerio.
Finalmente, la Fiscalía indica que hay 2100 procesos judiciales por casos asociados a muertes presentadas ilegítimamente y que identifican 2.248 víctimas de falsos positivos entre 1988 y 2014.
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Hay que recordar que la JEP reveló que los llamados falsos positivos habrían ocurrido en 29 de los 32 departamentos del país, siendo Antioquia el de mayor registro, concentrando el 30% de los casos. Sigue Casanare con el 7,9% de los hechos, Cesar con el 7,7%, en Meta se cometieron los 7,5% y el 5,2% de las ejecuciones extrajudiciales fueron en Norte de Santander.
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