Una denuncia penal contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña, pone bajo la lupa la entrega de nueve bienes inmuebles del municipio, avaluados en cerca de 20.000 millones de pesos, a acreedores para saldar deudas de la administración.
La denuncia advierte que estas operaciones se habrían adelantado cuando ya habían vencido las facultades otorgadas por el Concejo Municipal para realizar este tipo de transacciones.
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La acción judicial fue radicada este 23 de octubre por Pablo Bustos Sánchez, representante legal de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Red Ver, y de Veedores Sin Fronteras. El abogado solicitó investigar al mandatario y a otros funcionarios de su administración por posibles irregularidades que habrían comprometido el patrimonio público de la capital de Sucre.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación y acompañada de quejas ante la Procuraduría y la Contraloría General de la República. El objetivo es que estas entidades determinen si existen responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales por las operaciones realizadas con los inmuebles municipales.
El caso se remonta al Acuerdo 361 del 27 de mayo de 2025, mediante el cual el Concejo autorizó temporalmente al alcalde para entregar o transferir predios considerados improductivos como forma de pago de las deudas del municipio, en medio de su déficit fiscal. Sin embargo, esa autorización tenía una vigencia de seis meses, que venció el 28 de noviembre de ese año.
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Según el denunciante, la administración habría continuado tramitando y formalizando la entrega de las propiedades después de esa fecha, cuando ya no contaba con las facultades otorgadas por el Concejo.
Además, cuestionó que el acuerdo inicial no identificara de manera transparente a los acreedores beneficiados ni detallara las obligaciones y los montos que se pretendían cubrir con los bienes públicos.
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La controversia también involucra el Acuerdo 368, aprobado por el Concejo el 9 de septiembre de 2026 y sancionado al día siguiente. Esta norma modificó el Estatuto Tributario municipal y facultó al alcalde para reglamentar mediante decreto el procedimiento de dación en pago.
Para la veeduría, esta decisión habría buscado dar respaldo posterior a operaciones que, según sostiene, se realizaron sin un procedimiento reglamentado y con las autorizaciones vencidas.
Entre los nueve inmuebles comprometidos hay propiedades de importancia social e institucional. Una de ellas es una cancha deportiva de uso público en el barrio San Vicente. También figuran un edificio donde funcionan las sedes de Migración Colombia y el Laboratorio de Artes Escénicas, un lote del Fondo Municipal de Vivienda de Interés Social y la finca agropecuaria El Cantil, de 19 hectáreas, que, según la denuncia, sostiene económicamente a más de 70 familias.
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En el ámbito penal, el abogado pidió investigar posibles delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y prevaricato por omisión.
También advirtió sobre un eventual peculado por apropiación si se demuestra que los bienes fueron entregados por debajo de su valor o para pagar deudas inexistentes.
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Finalmente, la veeduría solicitó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría iniciar las investigaciones correspondientes, revisar los documentos aportados y mantenerla informada sobre el avance de las actuaciones.