Sincelejo completa más de dos meses sin registrar homicidios cometidos bajo la modalidad de sicariato, un resultado que representa un cambio significativo frente a los niveles de violencia que enfrentaba la capital de Sucre en años anteriores. De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, el último caso de este tipo ocurrió el 20 de agosto de 2026 y, desde entonces, no se han reportado nuevos hechos de estas características.La cifra contrasta con el panorama de inseguridad que vivió la ciudad durante 2023, cuando se registraba, en promedio, un asesinato por sicariato cada 18 horas. En ese momento, la frecuencia de estos crímenes generaba preocupación entre los habitantes y mantenía a Sincelejo bajo un escenario de temor por la presencia y las acciones de estructuras delincuenciales.Frente a este cambio en los indicadores de seguridad, el alcalde Yahir Acuña atribuyó los resultados a la implementación de una estrategia integral para combatir el crimen. Entre las principales medidas destacó el funcionamiento permanente del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, una iniciativa que articula a diferentes instituciones del Estado para enfrentar las organizaciones criminales y reducir actividades como el microtráfico y la extorsión.El mandatario también reconoció el trabajo de la Policía Nacional y de las demás fuerzas estatales, al señalar que la disminución de estos delitos responde a una labor conjunta que combina acciones operativas y programas sociales.La apuesta de la alcaldía ahora está enfocada en mantener esta tendencia y evitar que los homicidios por sicariato vuelvan a afectar a la población. Para ello, se busca reforzar la presencia policial en los sectores considerados críticos, fortalecer las labores de inteligencia militar y promover la participación de las comunidades.
Un nuevo escándalo salpica a la administración del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña. La Red de Veedurías de Colombia radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría por la presunta destinación indebida de los recursos de la sobretasa bomberil, un impuesto destinado a financiar el servicio de bomberos.La organización advierte que serían varios miles de millones de pesos los que se habrían utilizado para fines distintos a la financiación directa de este organismo. Según la denuncia, los recursos habrían sido destinados a ejecutar actividades a través de la Alcaldía, mientras el Cuerpo de Bomberos de Sincelejo presuntamente enfrenta falta de recursos para cumplir sus labores de protección de la vida y la integridad de los ciudadanos.La Red de Veedurías señaló como posible delito el peculado por aplicación oficial diferente y entregó como soportes los estudios previos y el acuerdo municipal que habría permitido una contratación directa por una millonaria suma.También cuestionó que la administración asumiera competencias que, según la denuncia, corresponden al Cuerpo de Bomberos, al que además le adeudaría una suma considerable de dinero.Con esta nueva denuncia, se suma otro señalamiento a los cuestionamientos que ha enfrentado la administración de Acuña. Días atrás, recordemos que la misma organización denunció presuntas irregularidades en la dación en pago de al menos siete inmuebles del municipio.Ahora, la Fiscalía deberá evaluar los hechos y determinar si hay mérito para adelantar una investigación penal; la Procuraduría tendrá que establecer si existen posibles faltas disciplinarias de funcionarios, y la Contraloría podrá examinar el manejo de los recursos y determinar si hubo un eventual daño al patrimonio público.
Una denuncia penal contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña, pone bajo la lupa la entrega de nueve bienes inmuebles del municipio, avaluados en cerca de 20.000 millones de pesos, a acreedores para saldar deudas de la administración.La denuncia advierte que estas operaciones se habrían adelantado cuando ya habían vencido las facultades otorgadas por el Concejo Municipal para realizar este tipo de transacciones.La acción judicial fue radicada este 23 de octubre por Pablo Bustos Sánchez, representante legal de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Red Ver, y de Veedores Sin Fronteras. El abogado solicitó investigar al mandatario y a otros funcionarios de su administración por posibles irregularidades que habrían comprometido el patrimonio público de la capital de Sucre.La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación y acompañada de quejas ante la Procuraduría y la Contraloría General de la República. El objetivo es que estas entidades determinen si existen responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales por las operaciones realizadas con los inmuebles municipales.El caso se remonta al Acuerdo 361 del 27 de mayo de 2025, mediante el cual el Concejo autorizó temporalmente al alcalde para entregar o transferir predios considerados improductivos como forma de pago de las deudas del municipio, en medio de su déficit fiscal. Sin embargo, esa autorización tenía una vigencia de seis meses, que venció el 28 de noviembre de ese año.Según el denunciante, la administración habría continuado tramitando y formalizando la entrega de las propiedades después de esa fecha, cuando ya no contaba con las facultades otorgadas por el Concejo.Además, cuestionó que el acuerdo inicial no identificara de manera transparente a los acreedores beneficiados ni detallara las obligaciones y los montos que se pretendían cubrir con los bienes públicos.La controversia también involucra el Acuerdo 368, aprobado por el Concejo el 9 de septiembre de 2026 y sancionado al día siguiente. Esta norma modificó el Estatuto Tributario municipal y facultó al alcalde para reglamentar mediante decreto el procedimiento de dación en pago.Para la veeduría, esta decisión habría buscado dar respaldo posterior a operaciones que, según sostiene, se realizaron sin un procedimiento reglamentado y con las autorizaciones vencidas.Entre los nueve inmuebles comprometidos hay propiedades de importancia social e institucional. Una de ellas es una cancha deportiva de uso público en el barrio San Vicente. También figuran un edificio donde funcionan las sedes de Migración Colombia y el Laboratorio de Artes Escénicas, un lote del Fondo Municipal de Vivienda de Interés Social y la finca agropecuaria El Cantil, de 19 hectáreas, que, según la denuncia, sostiene económicamente a más de 70 familias.En el ámbito penal, el abogado pidió investigar posibles delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y prevaricato por omisión.También advirtió sobre un eventual peculado por apropiación si se demuestra que los bienes fueron entregados por debajo de su valor o para pagar deudas inexistentes.Finalmente, la veeduría solicitó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría iniciar las investigaciones correspondientes, revisar los documentos aportados y mantenerla informada sobre el avance de las actuaciones.
El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, anunció que solicitará nuevamente la visa estadounidense luego de que la Embajada de Estados Unidos le notificara la revocación del documento, expedido en abril de 2026 y con vigencia hasta 2036. El mandatario aseguró que respetará la decisión, aunque manifestó su desacuerdo con los argumentos expuestos.“Soy y seré siempre respetuoso de la autonomía y la soberanía de las naciones”, afirmó Acuña, al referirse a la facultad de Estados Unidos para decidir sobre el ingreso de ciudadanos extranjeros a su territorio.Según explicó, su visa anterior vencía el 4 de mayo de 2026 y la renovación le había sido aprobada el 16 de abril del mismo año. Sin embargo, indicó que recibió la notificación de revocación el 21 de octubre, mediante un correo de la sección consular.El documento, según la lectura del alcalde, señala que la decisión se tomó bajo la sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, por considerar que no demostró vínculos suficientes con su país de residencia ni que las actividades previstas en Estados Unidos correspondieran al tipo de visa solicitada.Frente a estas razones, Acuña defendió su arraigo en Colombia. “Yo soy alcalde, estoy casado, tengo una familia, tengo mi vida en Colombia. Es decir, ¿qué más arraigo que eso?”, expresó. También sostuvo que sus viajes al país norteamericano han sido exclusivamente por turismo.El mandatario relacionó temporalmente la revocación con una serie de situaciones y denuncias que, según afirmó, ha presentado ante organismos nacionales e internacionales por presunto perfilamiento y persecución. No obstante, reconoció que la coincidencia de los hechos no demuestra por sí misma una relación entre ellos.“Parece una desafortunada coincidencia que sea en el marco de una seguidilla de situaciones que han pasado en Colombia”, manifestó, al señalar que las autoridades competentes deberán esclarecer los hechos.A pesar de su inconformidad, el alcalde confirmó que volverá a tramitar el documento. “En efecto, es lo que vamos a hacer, solicitarla nuevamente”, afirmó, al explicar que la propia comunicación consular contempla la posibilidad de presentar una nueva solicitud, pagar los derechos correspondientes y programar otra cita.Acuña también defendió su gestión en materia de seguridad y aseguró que durante su administración se han realizado cerca de 3.000 capturas contra integrantes de estructuras criminales, además de incautaciones de drogas y acciones para prevenir homicidios. Estas cifras corresponden a los resultados que presentó durante su intervención.El mandatario destacó, además, la cooperación con organismos internacionales en la lucha contra el narcotráfico y mencionó una visita de funcionarios de la Administración para el Control de Drogas (DEA) a Sincelejo, así como un reconocimiento que, según relató, recibió en ese contexto.Finalmente, Acuña reiteró que continuará al frente de la Alcaldía y que buscará una nueva oportunidad para obtener la visa estadounidense. “Retroceder no es una opción, rendirse tampoco lo será”, concluyó, al insistir en su compromiso con la seguridad de Sincelejo y en su llamado al respeto por las instituciones y la democracia.
La fuerte disputa que libran el presidente Abelardo De La Espriella y el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, sigue dando de qué hablar por las redes sociales. Este martes, quien se unió a la polémica fue la Superintendenta de Transporte, Ludmila Vergara, al publicar un comunicado en el que rechaza los señalamientos que la relacionan con presuntas reuniones políticas con el mandatario Acuña, mientras De La Espriella estaba en campaña.Durante su respuesta por redes sociales, Acuña cuestiona que ahora es atacado por De La Espriella, cuando “durante su campaña”, enviaba personas de su confianza para reuniones, y es allí donde sale a relucir el nombre de Ludmila Vergara, quien fue coordinadora del partido Defensores de la Patria en Sucre.“Hace dos meses eran sus publicaciones acerca de este servidor. Usted mandaba o por lo menos personas cercanas a usted iban a buscarme a mí, señor presidente. Pregunte al señor Juan Miguel Villalba en Sincelejo. Pregúntele a Ludmila Vergara, su actual superintendente de transporte. Al señor Polo Polo, a su mamá, a su papá”, fueron las palabras en su tiempo.Por tal motivo, Vergara califica como "falso" cualquier acercamiento político e indicó que hubo solo una conversación telefónica, el 11 de junio.Le puede interesar: Gobierno responde a Yahir Acuña: “No hubo propósito de intimidación o presión”"Tuvo como único propósito solicitarle la garantía de la seguridad en las actividades de cierre de campaña”, dijo. En su comunicado, señala que no hubo “reuniones, acuerdos ni gestiones políticas entre nosotros”.De igual manera, defiende que su gestión como coordinadora de la campaña fue siempre transparente y ajustada a las directrices de la campaña nacional, de donde al parecer le prohibieron sostener encuentros con dirigentes políticos.Así las cosas, pidió la rectificación de las afirmaciones y añadió que “será firme frente a cualquier intento de comprometer injustamente su nombre, su integridad y la de su familia o la institucionalidad que representa”.Sobre Juan Miguel Villalba, quien también es mencionado en el video, sostuvo que participó durante un corto período en el comité departamental, pero se retiró voluntariamente por sus discrepancias con ella y otros miembros del comité.
El presidente Abelardo De La Espriella lanzó un fuerte cuestionamiento al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, durante un pronunciamiento en el que aseguró que su Gobierno ejercerá controles sobre los recursos públicos destinados a la capital de Sucre.El mandatario sostuvo que no está dispuesto a mantener las prácticas políticas de anteriores administraciones y afirmó que el dinero público debe estar destinado exclusivamente a obras y soluciones para los ciudadanos.“Los recursos públicos son sagrados. Cada peso que pertenece a los colombianos será cuidado con rigor y llegará a donde tiene que llegar: a las obras, a las soluciones y al ciudadano”, aseguró.En su intervención, De La Espriella se dirigió directamente al alcalde Yahir Acuña y cuestionó que el Gobierno Nacional pueda entregarle recursos sin establecer controles, al mencionar las investigaciones y actuaciones judiciales que han rodeado su trayectoria.“¿Usted cree que yo soy la clase de presidente que va a permitir las prácticas que usted ha hecho aquí en Sincelejo?”, le preguntó el presidente. El jefe de Estado también afirmó que Acuña tiene investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción y mencionó la actuación de la Corte Suprema de Justicia.Por ejemplo, en junio de este año, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema citó a indagatoria al excongresista y actual alcalde de Sincelejo dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito de servidor público.El proceso indaga si durante el periodo en que Acuña fue representante a la Cámara, entre 2010 y 2018, se presentó un incremento patrimonial injustificado. La Corte también indicó que se indagaba una posible relación entre ese aumento patrimonial y la eventual solicitud de comisiones para la adjudicación de contratos.Frente a los recursos para Sincelejo, De La Espriella aseguró que la ciudad y el departamento de Sucre seguirán recibiendo inversión, pero bajo mecanismos de vigilancia.“Así que vamos a ver qué hacemos con Sincelejo, pero bajo el esquema suyo de corrupción yo no trabajo”, manifestó el presidente, quien añadió: “Esta plata, señor alcalde, la voy a cuidar y para cuidarla tengo que tenerla alejada de su control”.El mandatario insistió en que su intención no es impedir la llegada de recursos a la región, sino establecer controles sobre su ejecución. “Sincelejo y Sucre tendrán inversión. Pero no habrá cheques en blanco. Los recursos son de la gente, no de los gobernantes”, afirmó.El presidente también amplió su mensaje anticorrupción a otros funcionarios y entidades públicas. Aseguró que su Gobierno vigilará contratos, anticipos, adiciones presupuestales, patrimonios y movimientos financieros cuando la ley lo permita, y anunció que los casos en los que existan evidencias de posibles delitos o detrimento serán remitidos a las autoridades competentes.En ese contexto, De La Espriella retomó la creación del Bloque de Búsqueda contra la Corrupción, en el que designó a la magistrada Cristina Lombana como secretaria de Transparencia. Según dijo, la instrucción es fortalecer la investigación y hacer seguimiento a los recursos públicos.El presidente cerró su pronunciamiento reiterando su advertencia a los funcionarios: “No voy a permitir que nadie meta la mano en la plata del pueblo”.
Un patrullero de la Policía en Sincelejo fue asesinado este miércoles cuando se encontraba verificando un presunto caso de hurto en un establecimiento comercial. En el operativo de reacción el uniformado Ader Durán Solórzano Martínez, de 29 años, recibió un impacto de bala que le quitó la vida. Por el hecho, un hombre fue capturado al ser señalado por las autoridades de disparar contra el servidor público.El hecho se presentó en el barrio La María con la Avenida Luis Carlos Galán, en Sincelejo. En ese punto de la capital sucreña el uniformado llegó a atender un presunto caso de hurto, que fue avisado por la comunidad.En un comunicado la institución dio a conocer que hacia las 2:30 de la madrugada, el uniformado acudió al local comercial junto a otros patrulleros cuando fue atacado.En el procedimiento policial fue capturado un ciudadano, señalado preliminarmente como presunto responsable de los hechos. El informe de las autoridades revela que al momento de la captura, le fue hallado en su poder un revólver calibre 32, con un proyectil.El hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente para adelantar las actuaciones judiciales correspondientes.Por su parte, Solórzano Martínez fue llevado a la clínica Santa María, donde falleció por la gravedad de las heridas.La Policía Nacional expresó su solidaridad y acompañamiento a los familiares, amigos y compañeros del patrullero, natural de Betulia, Sucre.Ader Durán Solórzano Martínez llevaba 10 años prestando su servicio a la institución y a la comunidad, destacó la Policía.
La tarea de un grupo de estudiantes del grado 11 de la institución Educativa Antonio Lenis, en el marco de la semana por la paz, en Sincelejo, terminó en una gran controversia que trascendió los salones de clases, luego de que se colgaron pancartas en las que incluían mensajes contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.En uno de los pendones se leía “Entre 2002 y 2010 hubo 402 masacres, ¿fue esta la época más segura de Colombia?”. El mensaje estaba acompañado de una foto del expresidente.Al lado de este había otra imagen de una caricatura de matador, en la que también cuestionaban a Álvaro Uribe y su seguridad democrática. Mientras que en otras pancartas mencionan a grupos paramilitares. “Durante años los grupos autodefensas sembraron el terror en Colombia”, escribieron.Las imágenes fueron publicadas en redes sociales y el partido político liderado por el expresidente Uribe se pronunció a través de un comunicado en el que rechazó lo ocurrido.“El Centro Democrático rechaza y pide investigar una actividad escolar realizada el pasado 1 de septiembre en la Institución Educativa Antonio Lenis de Sincelejo, donde se instalaron pancartas y mensajes políticos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez”, expresaron.Luis Alfonso Álvarez, diputado de Sucre, calificó de inaceptable lo ocurrido en la actividad escolar, llamando a la personería y Procuraduría para que garanticen la neutralidad.“Rechazo de manera contundente y enérgica el hecho, donde al parecer algunos profesores convocaron a una actividad y pusieron los muros de este plantel educativo para colocar pancartas en las que se trataba de paramilitar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es inaceptable que los espacios educativos se cojan para hacerle daño a la imagen de otra persona, sea quien sea”, fueron sus palabras.A las voces de rechazo también se sumaron las del presidente del Senado Honorio Henriquez, quien pidió a las autoridades correspondientes que se “investigue estos hechos y, si se determinan responsabilidades, sancionar a quienes corresponda”.
Lo que se programó como una amena reunión antes de iniciar esta semana terminó siendo un calvario para los varios amigos que se reunieron en una finca, ubicada en zona rural del municipio de Sincelejo, en Sucre, ya que ocho personas resultaron intoxicadas por consumir alimentos con veneno para insectos.De acuerdo con la información que conoció Blu Radio, al menos tres de ellos se encuentran con diagnósticos de gravedad en diferentes centros asistenciales de la capital de Sucre. Entre ellos, destaca la presencia del exconcejal de Sincelejo, José David González Villamizar, y del exsecretario de Tránsito municipal, Víctor Antonio Jiménez Ordóñez, quien actualmente ejerce las funciones de esa cartera pero en la población de Corozal.Al parecer uno de los asistentes tuvo una confusión a la hora de cocinar un arroz de pollo, ya que utilizó un frasco de aceite que, en realidad, tenía veneno para insectos. Las personas ya llevaban un buen tiempo departiendo y el suceso se cree que se registró a altas horas de la noche de este domingo.Mientras tanto, los médicos que tratan la evolución de los exfuncionarios municipales intentan conseguir con urgencia un medicamento llamado Pralidoxima, el cual es uno de los antídotos más utilizados para este tipo de casos, ya que reactiva las enzimas que frenan el avance de la acumulación tóxica en los organismos.Blu Radio también conoció que en el lugar de la reunión también habían dos niñas menores de edad, una de ellas hija de Víctor Antonio Jiménez, pero que afortunadamente no resultaron afectadas con la intoxicación. De forma reservada, la secretaría de Salud de la Alcaldía de Sincelejo llevará a cabo una investigación para esclarecer lo sucedido.
En Sincelejo familiares de Nancy Stella López Ríos cumplen 8 días sin saber nada de ella. La mujer se encontraba en el Hospital Universitario del Valle cuando ocurrió el terremoto que provocó el colapso de una de sus torres. Sus parientes no pierden la esperanza de encontrarla con vida y piden a las autoridades no cesar su búsqueda.Nancy Stella es una de las 94 personas que permanecen desaparecidas en Cali a causa del terremoto, según datos de la Alcaldía revelados recientemente.Como lo relatan sus familiares ella se encontraba en el cuarto piso de una torre del Hospital Universitario del Valle cuando ocurrió el sismo de magnitud 7.4 y que generó el colapso de parte de la estructura.Su sobrina, Vanessa López, asegura que en estos 8 días que han pasado desde la tragedia viven con zozobra e incertidumbre, sin embargo no pierden la esperanza de encontrarla con vida. Incluso, contó Vanessa que uno de los hijos de Nancy se trasladó a Cali para estar más cerca y presionar a los rescatistas y a las autoridades a que no cesen las labores de búsqueda.“Respetuosamente le pedimos al Gobierno en Cali, pedirle a los entes encargados, a la Alcaldía, los rescatistas que no se cesen los operativos de búsqueda, todavía hay posibilidades. Esas vidas de las personas que están entre los escombros importan. detrás de esas personas que permanecen atrapadas hay una familia que en estos momentos está viviendo episodios de angustia y mucha ansiedad”.Vanessa también recordó que su tía viajó hace unos meses a Cali buscando mejores oportunidades laborales, pero lamentablemente se encontró con la tragedia. En el momento del terremoto ella se encontraba acompañando a su pareja sentimental José Guillermo Roncancio, que tampoco ha sido ha localizado.Afirma la joven que por ahora los acompaña la fe en Dios para que Nancy Stella López Ríos aparezca con vida entre los escombros del Hospital Universitario del Valle.
Atención viajeros que planean sus desplazamientos para las próximas semanas y para los puentes festivos que se avecinan. La concesión del aeropuerto internacional José María Córdova, que sirve a Medellín y al departamento de Antioquia, anunció que la pista principal tendrá cierres totales durante la madrugada a partir de este mes de noviembre por trabajos de mantenimiento técnico.Las restricciones operativas se extenderán por un total de 19 madrugadas, acumulando 88 horas de intervención autorizadas por la Aeronáutica Civil. Las suspensiones de vuelos se dividirán en dos fases: del 11 al 22 de noviembre, la pista estará cerrada entre las 12:30 de la madrugada y las 5:30 de la mañana; mientras que del 23 al 29 de noviembre el cierre irá desde la 1:00 y hasta las 5:00 de la mañana.Desde la administración del terminal aéreo señalaron que estas labores son indispensables para garantizar la seguridad operacional, e incluyen el sellado de fisuras, la descontaminación de caucho en el pavimento, el mantenimiento de la señalización horizontal y la intervención en las subestaciones de energía principal. A pesar de la inactividad de la pista en esos horarios nocturnos, las instalaciones del aeropuerto continuarán abiertas las 24 horas.Ante la magnitud de los cierres prolongados en plena temporada de viajes, las directivas y las aerolíneas le recomiendan a los usuarios que consulten con anticipación el estado de sus itinerarios, verifiquen si sus vuelos sufrieron modificaciones de horario y eviten contratiempos en sus desplazamientos.
Este lunes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.Escuche el programa completo acá:
En medio del Congreso de Asofiduciarias, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, entregó un balance de las afectaciones que dejó el terremoto en la infraestructura de transporte. Según explicó, de los 113 puntos viales afectados, 103 ya tienen paso total, mientras que los 10 restantes continúan con problemas críticos que requieren estabilizar taludes, reconstruir tramos, mejorar drenajes y reparar puentes que, además, ya presentaban deterioro por falta de mantenimiento.La atención de estos daños tendría un costo preliminar de $2,7 billones. “De esta cifra, 240.000 millones de pesos corresponden al déficit que generó en la operación de los sistemas de transporte masivo los días que estuvieron cerrados. Estos sistemas, que ya son deficitarios, la Nación quiere entrar a cubrirlos, por lo menos, por los días que estuvieron cerrados precisamente por el terremoto”, afirmó.Los otros $2,5 billones se destinarían a la recuperación de la infraestructura vial y de transporte. De esos recursos, cerca de $1 billón iría para intervenir cinco vías del Chocó, un departamento que, según Noguera, ya tenía una red vial en muy malas condiciones antes del terremoto. “Allá no sabemos bien si fue el terremoto o si es que así funciona el Chocó, porque son vías completamente destruidas. Yo creo que es un poquito de ambos, pero es la gran oportunidad para el país de dejar este departamento completamente conectado con el sur, con el norte, con la zona bananera en Antioquia y con la zona del mar”, dijo Noguera.Para conseguir los recursos que permitan financiar estas obras, el Ministerio de Transporte contempla dos mecanismos que no dependen directamente del Presupuesto General de la Nación. El primero es incorporar nuevas intervenciones en las concesiones viales que ya están en marcha, mediante ampliaciones en el valor de los contratos y en sus plazos de ejecución. La propuesta es aumentar el límite actual de las adiciones. “Hoy las APP pueden adicionar máximo el 20 %, y queremos que pudiéramos llegar hasta el 50 %. Eso nos va a permitir financiar obras sin el Presupuesto”, aseguró la ministra.Este mecanismo podría aplicarse principalmente en el Eje Cafetero, Huila y Valle del Cauca. Sin embargo, no sería una alternativa para el Chocó, donde no existen concesiones viales. Según explicó Noguera, esto se debe a que la población no tiene capacidad para asumir el pago de peajes.Como segunda alternativa, el Gobierno busca ampliar el uso de las obras por impuestos, un mecanismo mediante el cual las empresas financian proyectos de infraestructura a cambio de beneficios tributarios. Actualmente, esta figura está limitada a los municipios dentro del Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y a las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), por lo que su aplicación en la reconstrucción dependerá de los procedimientos y condiciones que permitan sacar adelante los proyectos. En ese proceso, las fiduciarias tendrían un papel importante. “Aquí vamos a necesitar mucho a las fiduciarias, porque lo que hemos logrado es que los concesionarios y el sector nos donen los estudios y diseños en fase 3 de las vías del Chocó”, afirmó.La ministra advirtió que esta última alternativa tiene un plazo limitado, pues los decretos que permiten acceder a los beneficios tributarios estarán vigentes únicamente hasta marzo del próximo año. Por eso, el Gobierno necesita avanzar rápidamente con los estudios y la aprobación de los proyectos para que las obras puedan comenzar dentro de ese periodo. “Si en marzo del próximo año no arrancan las obras, no aplican los beneficios, y tiene todo el sentido, porque, si no, nos demoramos demasiado en la reconstrucción. Una vez tengamos los estudios y diseños, los radicamos en la ART (Agencia de Renovación del Territorio), buscamos la viabilidad técnica en Planeación Nacional y empezamos a ofertarlos con los contratistas que se le apuesten a financiar estas obras por impuestos”, aseguró Noguera.Finalmente, la ministra de Transporte aseguró que el Estado enfrenta reclamaciones por más de $100 billones por cambios en las reglas de juego en las concesiones, entre ellas $8 billones en sólo dos sentencias que el Gobierno no tiene cómo pagar, $16 billones en tribunales internacionales y $81 billones en reclamos. Para evitar que el costo sea mayor, dijo que el Gobierno negocia con concesionarios y contratistas y busca destrabar las obras paralizadas por problemas prediales, licencias y consultas previas.
Después de un largo de camino como actor y cantante, Juan Palau salió con su primer álbum de estudio al cual denominó '33', que reúne 10 años de aprendizajes como artistas y los aprendizajes que proyectos como la 'Reina del Flow', de Caracol Televisión, le dejaron para llegar hasta ese punto.En entrevista con Blu Radio, el artista explicó que este lanzamiento representa mucho más que una colección de canciones, pues es el reflejo de su evolución desde que comenzó a cantar reguetón a los 15 años. Ahora, con 33 años, decidió reunir diferentes facetas de su recorrido musical en una producción que explora sonidos como el reggae, el hip hop, el reparto, la cumbia, el funk y el merenguetón."He cumplido muchas de las metas que me tracé hace 10 años, todavía me faltan otras, pero también me quité un poco esa presión de ir contrarreloj. Uno piensa: 'Uy, voy para los 30, ya tengo 31'. Mira que, a los 33 años, viví el año más lindo de mi vida a nivel profesional. Entonces, se trata de quitarse esa presión. He cumplido metas, me faltan muchas y sigo trabajando por ellas, sin afán, con un foco claro, un objetivo y disciplina. Si llego a los 43, no sé cómo voy a ser. Seguramente estaré lleno de gratitud", expresó.Aseguró que parte del aprendizaje fue gracias a esta producción de Caracol. En medio de la gira que han llevado a cabo, aprendió de los escenarios y el público, además que su personaje, Drama Key, le ayudaron de una u otra forma entender la industria para construir su camino como artista."He aprendido a disfrutarlo más. Antes no me lo soñaba tanto con el reguetón, pero ahora me he enamorado mucho más de esa esencia del sonido en vivo. También está todo lo que implica andar con un equipo grande. En el proyecto de Juan Palau normalmente viajamos máximo 15 personas, pero hacerlo con 33 implica aviones, logística, hoteles, bandas, desplazamientos de una ciudad a otra y, a veces, estar un día en un lugar y dos días en otro", añadió. Palau también recordó uno de los momentos más difíciles de su carrera: la separación de su antiguo dúo musical. Mientras otros artistas de su generación comenzaban a alcanzar reconocimiento, él atravesó una etapa de frustración que lo llevó a alejarse de la música durante aproximadamente un año. Sin embargo, el respaldo de sus padres, especialmente de su papá, fue fundamental para retomar sus sueños."Digo que para mí el éxito no se mide por la fama ni por el dinero, sino por el cariño de la gente que amo, de quienes han estado conmigo desde cero, incluso en las malas. Es un mensaje para todos aquellos que, como yo, se levantan todos los días a luchar por un sueño. Lo digo tal cual en la canción porque para mí el éxito es eso: el cariño de la gente que amo, de quienes me apoyaron desde el principio. Ver que siguen ahí conmigo, que en los días difíciles me dan un abrazo y me dicen: 'Papi, pa'lante, que usted sí puede'. Cuando mi mamá me mira y me dice: 'Hijo, vamos bien'; cuando mi viejo me dice: 'Dale, hijo'; cuando mi novia me dice: 'Dale, amor, tú puedes', me siento un ganador. Soy exitoso porque tengo el apoyo de los míos, de mi combo, de quienes están desde el día cero", puntualizó.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que el presupuesto de 2027, que fue aprobado por $634,9 billones, aún tiene riesgos sin cubrir, incluso en un escenario en el que se concrete buena parte de la reforma fiscal que el Gobierno plantea en el Congreso. Según su presidente, Juan Carlos Ramírez, hay presiones de gasto que no están debidamente contempladas en el presupuesto hoy aprobado.Entre los riesgos, el CARF señaló los gastos de personal, que podrían aumentar por los acuerdos sindicales del sector público, aunque el Gobierno propone que no crezcan por encima de la inflación. También mencionó las pensiones, por el agotamiento de los traslados entre regímenes y el posible impacto de la decisión de la Corte y de las aprobaciones de la Cámara sobre la reforma pensional. A esto se suman la financiación insuficiente del régimen subsidiado de salud, los subsidios de energía ante el fenómeno de El Niño y la falta de recursos suficientes para atender los efectos del terremoto de agosto.Ramírez enfatizó la urgencia del ajuste ante el peso de los intereses. "Hoy una tercera parte de los ingresos tributarios del Gobierno se destina al pago de intereses. Si no se hicieran las reformas importantes de, por lo menos, estas magnitudes, es decir, al cabo de tres años estaríamos dedicando el 50 %, la mitad de cada peso que ingresa al Estado por impuestos, al pago de intereses. De ahí la enorme urgencia".Según el CARF, en el escenario del presupuesto aprobado por decreto, el déficit total de 2027 sería del 9,5 % del PIB y el primario, del 4,5 %. "Son los niveles más altos en la historia del país y, como decía al inicio, en una situación que no podemos calificar de crisis económica especial", afirmó Ramírez. Si el ajuste del Gobierno no se concreta, agregó, el déficit quedaría lejos de lo que recomienda la regla fiscal, que además no estaría en vigencia.El presidente del CARF explicó que el origen del problema está, en buena parte, en la estimación de los ingresos. "Cada año, al presentarse el presupuesto, el Gobierno hace lo que se llama un aforo de ingresos, es decir, la estimación de los ingresos que se van a tener el siguiente año. Uno de los grandes problemas del déficit actual se gestó en 2024, cuando esa estimación tuvo una diferencia de alrededor de 4 puntos del PIB frente a lo que realmente se logró. Ese bache no fue corregido oportunamente y se convirtió en la base de los cálculos de los años siguientes", afirmó Ramírez.Esa sobreestimación, según explicó el dirigente, deja obligaciones sin pagar que se trasladan al año siguiente. "El presupuesto es una autorización de gastos. Si, con base en una sobreestimación de los ingresos, apruebo gastos que no puedo pagar en el año, se me acumulan obligaciones que pasan a la siguiente vigencia, que es lo que llamamos las reservas presupuestales. Eso genera una restricción para los nuevos gastos del año siguiente, porque tengo que estar pagando los compromisos que se generaron en el año anterior". Frente a unas reservas tradicionales de un poco más de 20 billones de pesos, en 2024 se duplicaron hasta los 50 billones y se redujeron un poco en 2025.Ramírez atribuyó la situación a un deterioro institucional. "La situación a la que llegamos se ha debido en gran parte a la pérdida de cierta tradición en la administración pública nacional, que fue la disciplina de las finanzas públicas. Uno de los problemas más importantes, además del déficit en sí mismo, ha sido el debilitamiento de los instrumentos de la planeación fiscal, que han hecho perder credibilidad y compromiso del sector público con sus propias metas".El CARF calcula que, sin ajuste, la deuda del Gobierno central pasaría del 60 % al 67 % del PIB, muy cerca del 71 % que considera el máximo sostenible. Sobre la propuesta oficial, que plantea un ajuste de entre 4 y 5 puntos del PIB en cuatro años, Ramírez la calificó de "relativamente razonable", pues con la regla fiscal vigente se esperaría que se hiciera en un año. Aclaró que el comité aún no evalúa en detalle los componentes ni las estimaciones de ingresos y gastos del proyecto.Por su parte, Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República, aseguró que la inflación no comenzaría a mostrar una disminución sino hasta mediados del próximo año.Acosta advirtió que las expectativas de inflación en Colombia siguen aumentando y se mantienen por encima de las proyecciones del Emisor. Según las distintas mediciones del mercado, la inflación podría cerrar 2026 entre el 6,7 % y el 6,91 %, mientras que las expectativas de inflación básica también se mantienen elevadas.